Anularon aceptación de cargos en caso de robo a banco en Manizales

LA PATRIA | MANIZALES

Otro paso hacia atrás dio el proceso penal por el caso del hurto de unos $2.500 millones a la sede de Bancolombia en Manizales, luego de que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito anuló el allanamiento a cargos del único que en las audiencias preliminares reconociera su responsabilidad.

El despacho avaló la solicitud que hizo el abogado de Rafael Antonio Posada. A la misma no se opuso Fiscalía, mientras que el Ministerio Público apoyó la determinación. Solo la representación de víctimas interpuso el recurso de apelación.

Adalberto Zuluaga de los Ríos, representante de Posada, resaltó una serie de fallas del ente investigador en el momento de la imputación de cargos, entre ellos una falta de adecuada explicación de las consecuencias de la aceptación.

Agregó que hubo un vicio de consentimiento a la hora de reconocer la responsabilidad, en particular en el hecho de que le debían explicar que estaba obligado a devolver parte de lo robado para beneficiarse en el momento de la sentencia.

Se recuerda que estas audiencias se realizaron el 29 de agosto del 2018, cuando fueron capturadas seis personas, entre ellos Posada, señalado en su momento por la Fiscalía de facilitar el acceso de los ladrones a las bóvedas.

Su colaboración habría consistido en la alteración del sistema de seguridad, el cual presuntamente programó para desactivarse en el momento en que el grupo de delincuentes entró a sacar el dinero.

Apelación de la víctima

Ricardo Gaviria, quien representa los intereses de Bancolombia como víctima en el proceso, releyó varios apartes de la audiencia de imputación, como el interrogatorio en el que el juez con función de control de garantías señalaba que Posada era consciente de la comunicación de cargos.

De esta manera intentó demostrar que el imputado entendía lo que le decían y las consecuencias de la aceptación, por ejemplo, que debía reparar e indemnizar a la víctima. Sostuvo que esa era una carga incluso superior y que fue comprendida.

Indicó que a pesar de ello el imputado jamás se ha puesto en contacto con la entidad para negociar una devolución y lo que reiteró luego de lo decidido por la juez de conocimiento. Agregó que si una decisión se debió tomar en primera instancia fue improbar ese allanamiento, que es diferente a una nulidad.

Lo primero implica que si no se devuelve lo robado un juez no lo debe aprobar y por lo tanto desaparecen los beneficios ofrecidos. Lo siguiente sería dar paso a la audiencia de formulación de acusación.

Lo segundo, si lo confirma el Tribunal, haría que a Posada lo tengan que llamar de nuevo ante un juez con función de control de garantías para imputarle cargos, en donde podrá decidir si acepta o no.

Era testigo

Hasta la audiencia preparatoria, que por el mismo caso se sigue contra el dueño del restaurante Don Ramón y un empleado, Posada era testigo clave para la Fiscalía. También se contaba con el testimonio de alias Yuly, con quien se tramita un principio de oportunidad por ser testigo clave. Ella ha sido objeto de amenazas, por lo que su eventual declaración en juicio estaría en duda, ya que se ha visto obligada a ocultarse. El inicio del juicio quedó para el 31 de mayo y la idea es culminar el 4 de junio.

Indiciado

La situación de Posada volvería a ser la de indiciado. En todo caso su presunción de inocencia, al igual que la de los demás procesados, se mantiene hasta que un juez decida si los condena o los absuelve.