Noticias de Manizales y Caldas,
Enero 02 2025
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LA PATRIA | MANIZALES
A 12 años de cárcel condenaron ayer al exdiputado liberal caldense Carlos Hernán Serna Trejos. La Jueza Décima Especializada OIT de Bogotá lo sentenció por el delito de concierto para delinquir. La Fiscalía y la defensa apelaron de la decisión.
Lo habían acusado además por homicidio en persona protegida, entrenamiento para actividades ilícitas y extorsión agravada, delitos de los que lo absolvieron.
Era investigado, junto a dos desmovilizados del frente Cacique Pipintá de las Auc, de la muerte del líder político, sindicalista y bombero Orlando Antonio Hernández, conocido como Pinche. Los exparas quedaron en libertad.
El homicidio ocurrió el 22 de agosto del 2006, cuando el fallecido viajaba en una motocicleta por el sector de La Repetidora, en la vereda La Plata, en la ruta Arauca- Santágueda-Palestina, y lo atacaron con arma de fuego.
La juez indicó ayer: el Bloque Central Bolívar de las Auc estaba en Caldas, representado por el frente Cacique Pipintá y, a la par, se conformó otro grupo ilegal en Palestina, liderado por Serna Trejos, corregidor de Arauca en ese entonces, para cometer una serie de delitos, haciéndose pasar por paramilitares. Era una organización creada por él, sin que se pudiera acreditar que perteneciera a las Auc.
Dio crédito a varios testimonios que indicaban que allí participaban sicarios que sí habían conformado el Cacique Pipintá.
"Se trataba de una banda de justicia privada que lideró el corregidor entre el 2004 y el 2006, periodo en el cual fue asesinado el bombero, quien era considerado un expendedor de droga".
La juez le dio validez al testimonio de Elsa Nadine González Ocampo, esposa de la víctima, quien señaló que en algún momento Serna Trejos perdió el control de los jóvenes que lideraba y que algunos de ellos fueron asesinados, como Néstor y El Zarco.
Al exdiputado lo capturaron el 21 de marzo del 2013 en Arauca. Cuatro días después lo enviaron, de manera preventiva, a la cárcel La Picota de Bogotá, donde permanecerá.
Para el despacho, la Fiscalía Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos no presentó las pruebas suficientes para demostrar la participación del exdiputado en el homicidio. La juez indicó que hubo una "duda razonable". Insistió en que el ente acusador solo mostró pruebas de referencia y que el asesinato se debió a que "Hernández no pagó vacunas por ser un supuesto expendedor de droga".
La juez manifestó que cuatro testimonios recolectados en el juicio dan cuenta de la existencia, entre el 2005 y el 2006, de grupos armados al margen de la ley en Caldas, que andaban encapuchados, haciendo labores de limpieza social. Además, del Bloque Cacique Pipintá y de grupos de sicarios que le servían.
La tesis de la Fiscalía indicaba que el exdiputado mantenía estrechos vínculos con paramilitares del Pipintá, amenazaba y extorsionaba a la víctima, supuestamente andaba armado y hacía allanamientos ilegales como corregidor de Arauca. Además, que Serna Trejos vigilaba las calles con paramilitares haciendo actividades de limpieza social y que sus alianzas criminales eran tales, que se catapultó de corregidor a diputado.
Sobre el delito de homicidio en persona protegida, la juez le dio valor a una parte del testimonio de la esposa de la víctima, quien declaró que este no tenía discusiones con Serna Trejos de época reciente y que eran víctimas de extorsiones y amenazas de alias el Zarco.
"Téngase en cuenta cómo la señora González Ocampo da fe de que la muerte de Orlando Antonio en ningún momento tuvo origen en su condición de político y sindicalista, y mucho menos en asuntos personales. Aseguró que lo ocurrido tenía su razón de ser, exclusivamente, por el no pago de las extorsiones. El Juzgado le da plena credibilidad, pues se trata de la persona con la que convivió la víctima", manifestó la juez.
Carlos Hernán Serna Trejos se desempeñó, en dos ocasiones, como corregidor de Arauca (Palestina), fue diputado de la Asamblea de Caldas e hizo parte del equipo político del exdirigente liberal Ferney Tapasco, condenado, en segunda instancia, por el asesinato del periodista Orlando Sierra.
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