LA PATRIA | MANIZALES
Al presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) en Caldas, Julio César García, le comunicaron el pasado viernes sobre el inicio de un proceso penal en su contra.
En un oficio enviado por la Fiscalía señalan que la investigación es por su presunta responsabilidad en un prevaricato por omisión.
García lidera en el departamento el plan reglamento, que consiste en negar el ingreso de más reclusos a la cárcel, debido al hacinamiento y a las debilidades estructurales de algunas edificaciones.
El dirigente expresó su desconcierto con el intento de judicializarlo. Sostuvo que el movimiento actual busca defender derechos fundamentales de los internos y de los trabajadores del Inpec. “A los dirigentes sindicales en este país nos judicializan cuando exigimos respeto a los derechos humanos”, manifestó.
Aunque la comunicación no aclara si hubo una denuncia previa, García señaló que el día anterior a la misma se realizó una reunión en la que participaron entes de control. Agregó que en el encuentro representantes de la Personería y la Procuraduría anunciaron que promoverían acciones penales.
“Esto es una persecución porque podríamos estar tocando intereses políticos”, argumentó. Por lo contrario, resaltó la actitud de los concejales que se interesaron por la situación que se vive en los centros penitenciarios de Manizales, luego de la sesión realizada en La Blanca el pasado lunes.
De otro lado, se conoció la intención de internos del reclusorio para adelantar una operación candado y que no se reciban más internos en las cárceles, debido al hacinamiento.
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