Supersalud sanciona a Cosmitet, operador del magisterio, con $1.400 millones

La Superintendencia de Salud sancionó al operador Cosmitet Ltda, prestador del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) con $1.400 millones por las constantes fallas en la prestación del servicio de salud a los docentes y sus grupos familiares en varias regiones del país. 

“En nuestro recorrido por el país, escuchando de cerca las quejas e inquietudes de la ciudadanía hemos identificado múltiples inconformidades de esta población y en consecuencia hemos puesto en marcha diferentes acciones de inspección, vigilancia y control que en este caso derivó en esta sanción”, indicó Luis Fernando Cruz, Superintendente de Salud. 

De acuerdo con el funcionario, esta investigación fue adelantada desde el pasado 9 de febrero y terminó con la multa debido a las más de 400 quejas que fueron puestas en contra de este operador, entre las que se encuentran demoras en la asignación de citas médicas, fallas en la entrega de medicamentos, la falta de continuidad en los tratamientos en los pacientes, la autorización de servicios y las demoras en la prestación de los mismos. 

“Lo que encontramos de manera recurrente fue la dilación en la asignación de citas lo que significaba barreras en cuanto al acceso y la calidad, no solamente en este aspecto sino también con medicamentos o procedimientos que tuvieron que ser pagados por los profesores, quienes posteriormente pidieron el reembolso”, explicó el superintendente. 

Este proceso sancionatorio se adelantó, según el organismo de control, por las constantes denuncias en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas en donde se interpusieron muchas quejas por fallas en la prestación del servicio. 

"En lo identificado por la delegada de Procesos Administrativos de la Superintendencia, son múltiples las fallas del prestador Cosmitet que impiden una adecuada, oportuna e integral atención en salud a la población del magisterio y sus núcleos familiares”, indicó Cruz. 

En ese sentido, el funcionario destacó que la población afiliada a este régimen de excepción es de aproximadamente 850.000 usuarios de los cuales cerca de 300.000 son profesores y la cifra restante son de sus familiares. 

Finalmente, el Superintendente aseguró que se están adelantando otras investigaciones en contra de varios operadores por estas mismas irregularidades y por algunos casos de usuarios trasplantados con las que se espera avanzar en los procedimientos administrativos correspondientes.