Supersalud intervendría Medimás

Colprensa | LA PATRIA | BOGOTÁ

El Superintendente de Salud, Luis Fernando Cruz Araujo, informó que esa entidad tiene un término de cinco días para estudiar los informes de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para determinar si interviene o no a Medimás, la segunda EPS más grande del país.

Dicho funcionario tiene un plazo de 30 días para presentar un informe que será analizado por la Superintendencia y de detectarse irregularidades disciplinarias o judiciales los documentos serán remitidos a la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación.

Según Cruz, desde el año pasado sostienen una vigilancia especial sobre Medimás, la cual fue prorrogada en abril, y durante ese tiempo se han desarrollados dos investigaciones. La primera está relacionada con fallas en la prestación del servicio a 792 afiliados con enfermedades graves, razón por la cual se le impuso una multa de 1100 millones de pesos, contra la cual la EPS presentó un recurso que en estos momentos analizan las autoridades competentes.

El otro proceso tiene que ver con la prestación del servicio sin contar con la red nacional necesaria para garantizar la atención de los millones de afiliados, por lo que en primera instancia fue sancionada por 2300 millones de pesos.

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, aseguró que si la Superintendencia sigue su recomendación de intervenir a Medimás establecerá un equipo especial de seguimiento a dicha medida. Agregó que las fallas en el servicio por parte de la EPS han obligado a los afiliados a presentar 2900 tutelas y más de 50.000 derechos de petición.

El Ministerio Público también evidenció que la EPS tuvo gastos de administración por 195.000 millones de pesos, lo que supera el tope máximo establecido por la ley. Esto significaría una desviación de los recursos destinados a la salud.

Por su parte, el Contralor General de la República, Edgardo Malla, afirmó que una auditoria a la EPS Medimás determinó que se giraron más de 718 mil millones de pesos a favor de diferentes proveedores médicos, sin la existencia de los soportes legales y sin las garantías necesarias. Dichos recursos era destinados a la prestación del servicio de salud.