Camilo Jaimes Osorio
Colprensa | LA PATRIA | Bogotá
Esta semana se realizó el XIII Congreso Gobernar Salud, organizado por la Corporación Colombiana de Secretarios de Salud Municipales (Cosesam), que contó con la participación de representantes del sector de más de 500 municipios del país. El diagnóstico generalizado de los funcionarios y de otros expertos sobre el sistema de salud es que se encuentra en cuidados intensivos.
Según el estudio más reciente de cartera hospitalaria realizado por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), con una muestra de 140 instituciones, la deuda a junio del 2015 por las Empresas Promotoras de Salud (EPS) del régimen contributivo y subsidiado, los Entes Territoriales, el Fosyga y otras entidades del Estado con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) es de 5,8 billones de pesos.
Esta millonaria deuda con las IPS, que son las clínicas y hospitales de todo el país, ha desencadenado que estas instituciones no cuenten con los recursos para pagarles a médicos y otros trabajadores y a sus proveedores, lo que en últimas reduce la prestación de servicios y no hace compatibles las ganancias de las EPS con el bienestar general de la población
Conveniencia
"En el departamento de La Guajira es evidente que el sistema colapsó hace mucho, tanto el de aseguramiento como el de prestación de servicios. Tenemos 11 aseguradoras, entre ellas público-privadas, a las que es imposible pedirles cuentas, porque son privadas para algunas cosas y públicas para otras, según su conveniencia", explicó Justo Vergara, secretario de Maicao (La Guajira).
Vergara indicó que uno de los principales problemas, no solo en La Guajira, es que las EPS no tienen a la población identificada, solo se limitan a afiliar, hecho que no les permite saber dónde están los pacientes ni saber sus necesidades.
Quejas comunes
Las denuncias y quejas por deficiencias en la prestación del servicio se reiteran sin importar la zona. José Javier Álvarez, secretario de San Juan de Betulia (Sucre), aseguró que en su municipio hay falencias en infraestructura y capacidad de atención, pues es pan de todos los días recibir quejas sobre la demora en consecución de citas, especialmente las de segundo nivel.
Otro de los muestreos de la ACHC, este con 114 IPS, constató que debido a la crisis financiera el 28% de las instituciones han tenido que reducir su planta de personal, principalmente en el área asistencial. El 16,7% de las instituciones consultadas manifestó que su personal ha renunciado y un 22,8% aseguró que ha tenido retrasos superiores a un mes para el pago de la nómina. Otro agravante es que el 75,4% reportó que ha entrado en mora con sus principales proveedores.
Jenny Torralvo, secretaria de Montería (Córdoba), argumentó que los problemas de prestación de servicios no son solo en pequeñas municipalidades, sino también en capitales departamentales, como en su caso: "Un problema recurrente en muchos sitios es el fraccionamiento de contratos, pues no todos contratan sus servicios a un solo prestador, contratan medicina con uno, odontología con otro, farmacia con otro, eso hace que el paciente tenga que hacer infinidad de trámites para conseguir su atención".
Pagar las deudas, primera solución
Sobre posibles soluciones a la crisis, los secretarios consultados concordaron en que deben ir encaminadas a la inyección de recursos y a definir el papel de las EPS en el sistema.
"El Gobierno tendrá que desembolsar los recursos para subsanar las deudas que tienen las EPS y los entes departamentales. La descentralización es buena, pero hay que hacerle seguimiento y control, de modo que la calidad también lo sea", opinó John Jairo Marín, secretario de Sonsón.
Fireley Zapata, de Villarrica, cree que las medidas deben estar dirigidas a las competencias de las EPS frente a la prestación de los servicios: “Se tiene que dejar de hablar de clientes y volver al viejo sistema en el que se hablaba de pacientes”.
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