La Procuraduría pone la lupa a la salud del magisterio

COLPRENSA | LA PATRIA | MANIZALES

Un año de aplazamientos lleva la licitación para la atención en salud del magisterio en Colombia.  
A los retrasos, que comenzaron en mayo del año pasado, se les suma la petición que hizo la Procuraduría General de la Nación el pasado 7 de abril.  El jefe de esa entidad, Fernando Carrillo, le solicitó al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) suspender la licitación que por 5,3 billones de pesos se adelanta para garantizar los servicios de salud de los docentes durante los próximos cuatro años.
La petición la hizo luego de encontrar inconsistencias y anomalías durante la vigilancia al proceso de contratación de los servicios de salud para los afiliados al Fomag.
Carrillo recordó que ese proceso fue declarado desierto porque ninguno de los proponentes cumplía los requisitos técnicos establecidos. Con esto se dio paso a un nuevo proceso que terminó en la invitación pública 2 del 2017, sobre la que ahora se pronuncia.
A pesar de ello, dijo la Procuraduría, este nuevo proceso no refleja ajustes que superen las falencias observadas respecto del proceso anterior (2016).

Desde Caldas

Juan Carlos Martínez, secretario general de Prestación de Servicios de Educal, sostuvo que la Produraduría obra en derecho y que el Fondo de Prestaciones y sus asesores, entre ellos la Fiduprevisora, incurrieron en un error al no percatarse sobre las inconsistencias y vacíos en el proceso de contratación.
“Cuando estuvo Gina Parody como ministra de Educación dijo en los medios de comunicación que en estos contratos había corrupción, pero cuando se fue no dijo nada y tampoco hay una sola denuncia y era su obligación como servidora pública”, manifestó Martínez y agregó en que queda preguntarle a la Procuraduría si le inició un proceso disciplinario por no haberlo hecho.  
Con respecto a los señalamientos de que hay directivos de las organizaciones sindicales interesados en esos contratos, Martínez exigió que no se vayan por las ramas, sino que digan los nombres.  “Así nos quitamos el problemita de encima.  Desde el movimiento sindical me encargaría de pedir la 'cabeza' de los compañeros que estén actuando de esa manera, es un desprestigio para las organizaciones”.
Sobre los aplazamientos dijo que quienes se siguen beneficiando son los actuales prestadores, “quienes siguen chupando la sangre con estos contratos” y aseguró que para ellos es mejor si esto se dilata y se alarga de manera indefinida.
Insistió que este es un contrato que se irá en prórroga hasta diciembre de este año, porque ahora deberán contratar otra entidad evaluadora, lo que a su juicio en un mes no lo alcanzan a hacer. 

Inconformes

Sobre Cosmitet, Martínez agregó que mañana se reunirá con delegados de Fiduprevisora y directivos de las juntas de Caldas, Quindío y Risaralda para evaluar los servicios de salud durante estos tres meses. “La gente sigue inconforme. La semana pasada se murió otra compañera, dicen que fue por la falta de un medicamento de control que no le entregaron”.
Advirtió que aunque se redujo la cifra de viajes a Cali, persisten las demoras en el suministro de medicamentos.  
De acuerdo con Martínez, lo que está haciendo la EPS con estas demoras “es cuadrar caja”.  “Dirán que si se quedan sin el contrato por lo menos no tendrán pérdidas”.  
Una pregunta que hace el directivo sindical es con respeto a quién responderá por el lucro cesante y el daño emergente en este contrato. “Si no recibe medicamento, el maestro seguirá más enfermo, lo que también afecta el servicio educativo”. 

Las razones de la Procuraduría

1. El proceso contractual no cumple los principios de contratación estatal y gestión fiscal. Persisten los cuestionamientos encontrados hace un año.
2. Debe soportarse, razonarse y justificarse la cuantía de la convocatoria actual, esto es 5,277 billones de pesos, en comparación con el monto de la contratación del anterior proceso el cual ascendió a 4,9 billones de pesos. Las modificaciones recientes y con las cuales se da un incremento en la cifra, no están justificadas.
3. Aún no hay respuesta a la solicitud que se le hizo al Consejo Directivo del Fomag y a la Fiduprevisora sobre la remisión de las prórrogas, modificaciones o de cualquier otro instrumento que hubiere ampliado el plazo del contrato, a partir del 31 de diciembre del 2015.
4. No se ha evidenciado la presencia de un equipo de supervisión o interventoría del Ministerio de Educación que vigile el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de Fiducia Mercantil. Requirió al Mineducación, al Fomag y a la Fiduprevisora para que adopten los mecanismos que aseguren una evaluación objetiva de los proponentes y de las propuestas.

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En el país son 350 mil docentes, cifra que se acerca al millón de afiliados si se tienen en cuenta cónyuges, hijos menores de edad y los mayores hasta los 25 años siempre y cuando se encuentren estudiando o los padres de los maestros solteros y sin hijos quienes, como beneficiarios, los cobija el servicio de salud contratado por la Fiduprevisora. En este último caso se hace referencia a cerca de 650 mil personas.