Óscar Veiman Mejía
LA PATRIA I Manizales
El lío de suspender la vacunación contra la covid-19 en el Hospital San Antonio, de Villamaría, tiene su trasfondo administrativo y económico. La Gerencia de esa ESE Departamental adelantó un ejercicio financiero con la toma de 17 mil pruebas PRASS para detección del virus y la aplicación de 40 mil vacunas. La Junta directiva considera que fue una estrategia fallida, que ha aumentado la crisis del centro asistencial.
En todo caso, las dos partes a las que se suma la Dirección Territorial de Salud, coinciden en que el Hospital tiene un déficit financiero de $1.173 millones.
La Junta argumenta, además, que debe $1.000 millones a proveedores y que en vez de 50 funcionarios, con los cuales técnicamente puede funcionar, tiene 112.
Por eso, esa Junta ordenó que el Hospital deje de aplicar las vacunas para evitar más gastos en equipos humanos y otros aspectos y no llegar a un cierre de servicios o liquidación, ante el déficit actual.
Las partes
La Gerencia
LA PATRIA llamó en varias ocasiones y le escribió al celular a Guillermo Alzate, gerente del Hospital, pero no contestó. En medios como Caracol Radio, dijo: "El hospital es muy pequeño y responsable de la atención de 65.000 habitantes. Con ocasión de la pandemia, el centro ha hecho un ejercicio como la toma de 17.000 pruebas, salvamos vidas en la localidad y, al mismo tiempo, hemos aplicado 40.000 vacunas. Hay que ser claros que hemos consumido algunos recursos, el Ministerio de Salud debe $1.500 millones, casi que todo como consecuencia de una irresponsabilidad total de las EPS en validar las pruebas. Me quedo sin plata para funcionar, el alcalde municipal me ofrece unos recursos para funcionar dos meses, para continuar la vacunación; la Junta Directiva no acepta esa alternativa y, por el contrario, me ordena que debo suspender la vacunación en el Hospital a partir de hoy y que debe asumirla la Administración municipal".
La Junta del Hospital
Alberto Hoyos, secretario General de la Gobernación de Caldas y presidente de la Junta directiva del Hospital San Antonio, de Villamaría
“Tiene un déficit superior a mil millones, que este gerente ha venido aumentándolo drásticamente. El gasto de operación comercial al 31 de agosto no tenía presupuesto y se ha aumentado en un 100,9%. Además, de 50 funcionarios pasó a 112, la mayoría contratistas. Hemos hecho juntas extraordinarias tratando de salvar a esa ESE para no llegar a un cierre de prestación de servicios en el municipio. Se le ordenó presentar un plan de saneamiento ante el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) y apareció con el plan de la vigencia pasada, del 2019, de la anterior gerente. Le hemos dicho que debe hacer planes de choque, que consisten en contener el gasto y no lo hace. Sigue contratando y manteniendo esa planta. La última vez se le ordenó tener la planta mínima, que de acuerdo con los históricos y técnicos de la Territorial, funciona con 50. Él hizo una apuesta fallida y que nos tiene en esta crisis y aumentando el déficit. Se puso a hacer pruebas PRASS (rastreo para detección y aislamiento por covid) y vacunaciones, que porque el Gobierno le giraba en dos o tres meses. Esa vacunación la tienen que validar las EPS y el Gobierno y eso demora. Nos deben $1.500 millones. No tenemos presupuesto para seguir pagando esa carga. Administrativamente pensamos seriamente en someter a una organización de pasivos, de acuerdo con la Ley 550 y la Ley 1116 para reestructuración, pues les debe mil millones a los proveedores".
La Alcaldía
Andrés Felipe Aristizábal, alcalde de Villamaría
“El secretario General de la Gobernación dio la orden, como presidente de la Junta directiva del Hospital Departamental San Antonio, de parar la vacunación en el municipio. Hasta el momento no han notificado cómo seguirán ellos con el proceso. La certificada para eso es la Dirección Territorial de Salud de Caldas como ente rector, el Municipio no. Son ellos (DTSC) quienes tienen la competencia y la obligación”.
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La Territorial de Salud
Carlos Iván Heredia, director de la Territorial de Salud de Caldas (DTSC):
"La DTSC, como autoridad sanitaria y rector de la salud en Caldas, rutinariamente hace revisiones en prestación de servicios, en calidad y habilitación. En esas revisiones está la situación financiera de hospitales. En particular el San Antonio tiene un déficit de $1.173 millones, lo que lo pone en una situación muy difícil de maniobra, tiene agotado el presupuesto de la vigencia, no tiene capacidad para contratación. El plan de vacunación requiere contratar equipos humanos que tienen un costo de facturación y de pago incierto. Por lo tanto, se le ha dado la oportunidad a ese hospital para alivianar esa carga presupuestal. Y el Municipio, en un acto muy responsable con el alcalde y la Dirección Local de Salud, están buscando opciones en IPS privadas o públicas acreditadas para seguir vacunando en el municipio. Se debe recordar que en un momento económico tan difícil, si aumentan estos costos en vacunación, se afecta la prestación de otros servicios y la salud de los habitantes de allí. La vacunación no se suspende y se prestará con otras IPS".
Del Ministerio
Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud:
“Cualquiera de las entidades habilitadas en el departamento (para vacunar) podría ir a realizar acciones extramurales en ese municipio. Y el departamento le asignaría las vacunas a esa EPS”.
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