B. Eugenia Giraldo T.
LA PATRIA | Manizales
389 personas en Caldas y afiliadas al Sisbén aparecen en las bases de datos con ingresos superiores a $3,8 millones mensuales, que podrían dejar por fuera de los programas sociales a ciudadanos con menos ingresos.
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) informó que en ocho meses se ha depurado la información de 240 mil colombianos que están registrados en la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén). Pese a esto, aún aparecen inconsistencias, ya que existen 413 mil casos que tienen que ser verificados, de los cuales unos 80 mil ganan más de $3,8 millones al mes.
De esta cifra, la entidad reporta en Caldas 6 mil 210 aún por constatar, de los 11 mil 309 que tenía a septiembre del 2015. Esta responsabilidad recae en los 27 municipios. Por ejemplo, en Manizales faltan por verificar 1.599 de los 4 mil 13 que tenía pendientes el año pasado.
Simón Gaviria Muñoz, director del DNP, destacó que hay localidades del país en las cuales la depuración de las bases de datos se realiza de una manera más juiciosa que en otras, e hizo un llamado a los alcaldes de los 1.102 municipios de Colombia para que mantengan actualizada la información de los ciudadanos registrados en el Sisbén.
Colados
Entre las inconsistencias que se hallaron en Caldas, las más significativas tienen que ver con las personas que aparecían con ingresos superiores a $3,8 millones mensuales, que pasaron de 579 en septiembre del 2015 a 389 en mayo pasado, es decir 190 menos.
Resalta que Villamaría tuvo un incremento de 10 casos, al quedar con 19, mientras que Manizales, de 143 pasó a 146, y La Dorada, de 67 pasó a 69 en el mismo período.
El director de la Territorial, Gerson Bermont Galavis, calificó como delicado que haya una población que teniendo recursos aparezca inscrita en el régimen subsidiado y que son grandes evasores que deberían estar en el contributivo.
“Hemos recibido pacientes que reclaman en la Territorial que no les han prestado un servicio y cuando revisamos quiénes son, encontramos usuarios que tienen dos restaurantes, un almacén, viven en un muy buen sector y están haciendo uso del sistema en el área subsidiada”.
Sostuvo que mientas las alcaldías no depuren el sistema y saque a esos usuarios, la Territorial tiene la obligación de seguir atendiéndolos.
Otra modalidad que denuncia el director de la Territorial tiene que ver con las personas que aunque están en el contributivo no pagan sobre sus ingresos, sino que lo hacen por un valor mínimo. A su juicio, le están quitando al sistema la posibilidad de tener los recursos suficientes para aquellas personas que realmente no tienen con qué pagar.
El representante de la Salud de Caldas argumentó que hay un población que él llama sándwich, porque viven de la economía informal y no tienen ingresos estables.
Explicó que son personas que no tienen puntaje suficiente para entrar al régimen subsidiado o carecen de los recursos suficientes para estar en el contributivo. “Tienen cierta calidad de vida, viven en barrios relativamente buenos y con ciertas condiciones, pero sus ingresos son mínimos y no les permite subsistir. No están acá, ni allá”.
Indicó que cuando se enferman la DTSC cubre la atención inicial de Urgencias, pero lo que se presente de ahí en adelante no se los permite el sistema. “Esto quiere decir que son personas que incurren en un gasto en salud de su bolsillo”.
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José Norman Salazar, médico y abogado, y director del Centro de Derecho Médico, indicó que esta trampa con el sistema tiene su origen en que el Sisbén inicialmente fue asignado por política, de ahí que se haya visto la forma fácil de hacer politiquería e incluir a personas que no tenía por qué estar en el sistema. Reiteró que el error es que los municipios tampoco hacen un esfuerzo por excluir a quienes tienen recursos.
Simón Gaviria, director de Planeación Nacional, dijo que con el propósito de mejorar esta situación y la inconsistencia en la base de datos, se va les a informar a la Contraloría y a la Fiscalía acerca de las personas que tienen irregularidades. Además, se va a sacar un decreto y un Conpes para regular el sistema de subsidios que está entregando el Estado.
“La idea también con la nueva reglamentación es que las personas que están mal registradas tengan consecuencias por el fraude, que la comunidad sea veedora, cambiar la metodología de la encuesta y pedir actualizar la información sin permiso”.
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