LA PATRIA | Manizales

El Gobierno Nacional emprendió un plan para reformar el Sisbén con el propósito de garantizar justicia social. El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó el proyecto para que que el sistema refleje el puntaje que de verdad merece cada persona registrada.

389 personas en Caldas y afiliadas al Sisbén aparecen en las bases de datos con ingresos superiores a $3,8 millones mensuales, que podrían dejar por fuera de los programas como Ser pilo paga, Más familias en acción y Adulto mayor, entre otros. Manizales, La Dorada y Villamaría son los que más colados reporta.

“Queremos que en Colombia haya una verdadera justicia social, en la que los ciudadanos más pobres sean quienes reciban los subsidios del Gobierno y estos no lleguen a personas que hacen trampa para obtener puntajes bajos. En el sistema deberían estar personas que hoy no reciben subsidios por culpa de los colados”, dijo el director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria Muñoz.

Frente a la deficiente calidad de los datos registrados en el Sisbén, se propone un ajuste normativo que permita sancionar a quienes manipulen la información para obtener beneficios. Según Gaviria, actualmente, la denuncia ciudadana no tiene consecuencias para la población ni para los funcionarios. De las 62 anomalías reportadas por la gente en el último año, ninguna ha tenido efectos legales.

Sanciones

La reforma busca que los colados sean castigados, sacándolos del sistema y quitándoles los subsidios que hayan obtenido de manera irregular con mentiras sobre su situación económica y social.

Afrontarán procesos legales, lo que también cobijará a los funcionarios públicos que permitan la ocurrencia de irregularidades para otorgar puntajes bajos cuando las personas no los merezcan.

Propuesta

El cronograma de implementación del Sisbén IV prevé el levantamiento de información de los hogares en 232 municipios durante el 2017. En 2018 el barrido llegará a 358 municipios adicionales y el levantamiento de los 512 municipios restantes se adelantará durante el 2019.

El proceso será suspendido entre enero y julio de 2018, con el fin de prevenir casos de manipulación durante la jornada electoral. El barrido tendrá un costo de $132.000 millones, de los cuales $70.000 millones serán aportes de la nación y los $62.000 millones restantes corresponden a aportes de los municipios.

En Chinchiná, se adelanta por estos días la depuración de la base de datos del Sisbén con la desafiliación de unas 200 personas.