COLOMBIACHECK | LA PATRIA

BOGOTÁ

Al confrontar respuestas de los candidatos vicepresidenciales en el debate Opción Colombia 2018, que realizó la Universidad Javeriana el pasado 7 de mayo, Colombiacheck encontró que Ángela María Robledo y Claudia López inflaron datos, y Juan Carlos Pinzón hizo una afirmación engañosa.

Colombiacheck es un proyecto de Consejo de Redacción, organización sin ánimo de lucro, no partidista, que promueve el periodismo de investigación. En sus artículos, Colombiacheck usa la técnica de comprobación de hechos y datos (fact-checking).

La candidata vicepresidencial Marta Lucía Ramírez no asistió al debate, y no se hizo chequeo de Clara López, fórmula del candidato presidencial Humberto de la Calle.

Participación de las mujeres

Ángela Robledo, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, aumentó el porcentaje de mujeres que empleó el exalcalde de Bogotá Antanas Mockus, y dio una cifra equivocada sobre economía doméstica.

Robledo fue directora del Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito, se ufanó de haber hecho parte de un gobierno que fue el de mayor paridad que ha habido en Colombia. Afirmó que en esa administración había una relación de “70% mujeres y 30% hombres”. Esta cifra es inflada, según Colombiacheck.

Según un estudio de la profesora de la U. Central, Lya Yaneth Fuentes, “en el segundo mandato de Mockus las mujeres conformaron el 61% del gabinete distrital”. Si bien, la cifra que dio Robledo es exagerada, este estudio reconoce que es “una cifra récord” que no se ha vuelto a repetir.

Robledo también se refirió a la economía del cuidado. “Lo que hacemos las mujeres en la casa significa $123 billones aportados al PIB”.

En la Cuenta Satélite de Economía del Cuidado, realizada por el DANE, la producción de los servicios domésticos y de cuidados no remunerados es de $232,8 billones. Cifra que no concuerda con la de Robledo.

No obstante, se puede decir que la afirmación es aproximada, pues José Antequera, asesor de la candidata, indicó que la cifra que tienen proviene de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT), que realiza el DANE, pero reconoció que Robledo no dio exactamente el número: "$136 billones, el 20,5% del PIB del 2012. Esas cifras varían en diferentes presentaciones del Gobierno y en una nos dijeron que eran $123 billones, de ahí que Ángela la dijera en el debate, porque es la que tiene en la memoria”.

Reducción de gastos en salud

La fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, Claudia López, planteó que el gasto de la salud pública se reduciría si se implementan campañas de prevención y se establecen impuestos saludables, propuesta que Colombiacheck encontró que es inflada.

Para el 2018, el Gobierno Nacional destinó por lo menos $24,6 billones para el sector salud, y un 98% irá a funcionamiento, cifra que según la candidata puede seguir aumentando, siempre y cuando se reduzca el gasto del sistema en un tercio ($8 billones), lo cual puede lograrse si se trabaja decididamente en prevención.

Para expertos esto es desmedido. Incluso, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, le dijo a Colombiacheck que la prevención mejora los indicadores de salud y se evitan algunos gastos, pero “al final la gente va a enfermarse”.

López también señaló que entre las principales apuestas de Fajardo está prevenir enfermedades con buenos hábitos de vida, incentivando el deporte y una buena alimentación. Pero esto no será una tarea fácil. Según un informe de la firma Deloitte, cada año las enfermedades cardiovasculares le cuestan al Estado cerca de $3,84 billones, padecimientos que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pueden prevenirse aplicando políticas públicas, como la construcción de más bicicarriles; control al tabaco y a las comidas con grasas saturadas o altas en azúcar.

La campaña de Fajardo está decidida a aumentar los impuestos a las bebidas azucaradas, pero la iniciativa tiene como antecedente que en el 2016 fue rechazada por el Congreso como parte de la Reforma Tributaria.

López manifestó que se necesita incentivar además una política de educación sexual efectiva para evitar que el embarazo adolescente persista, pues una de cada cinco madres es adolescente, según el Minsalud, y esto se traduce en un gasto estatal aproximado de $1 billón al año.

Renovar la Ley de Víctimas

Cuando le preguntaron a Juan Carlos Pinzón, fórmula vicepresidencial de Germán Vargas, por el asesinato de líderes sociales, aseguró: “Estamos convencidos de renovar la Ley 1448 del 2011 o de víctimas, ha sido valiosa, pero terminó siendo insuficiente. Hemos terminando más preocupados por darle beneficios a victimarios que por estar pendientes de las víctimas”. Colombiacheck indicó que esta afirmación es engañosa.

Pinzón rechazó los asesinatos y sostuvo que la vida de cualquier colombiano debe ser defendida. “El centro de esta historia es la capacidad del Estado de proteger la vida y honra de los ciudadanos”, dijo.

Colombiacheck estableció que la Ley de Víctimas no tiene qué ver con los desmovilizados o miembros de grupos guerrilleros o paramilitares. El abogado Elmer Montaña, excoordinador de Comisión de Reparación del Valle y Cauca, explicó que Pinzón está equivocado, pues esa Ley “no contiene garantías ni medidas que beneficien a los victimarios. Está diseñada para establecer medidas de carácter administrativo, judicial, económico, social, sicológico, individual y colectivo en beneficio fundamentalmente de las víctimas del conflicto armado”.

Diana Guiza, investigadora de Dejusticia, no entiende la referencia de que esta Ley pueda beneficiar a victimarios. En ese caso hay “normas de judicialización como la Ley 975 del 2005 y sus reformas o las normas de reintegración”. Además, está la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que espera la revisión de la Corte.

Colombiacheck revisó La Ley de Víctimas en sus 207 artículos y encontró que en ninguno se establecen beneficios para los victimarios, sean guerrilleros o paramilitares. A la fecha, la Unidad de Víctimas, creada con esta Ley, ha recibido 8 millones 666 mil 577 solicitudes de reparación, ha realizado 795 mil 139 giros y entregado $5 mil 22 millones en indemnizaciones, y ayudas por $4 mil 362 millones, según cifras de la entidad.

Los únicos exintegrantes de grupos guerrilleros o paras que se incluyen como población víctima son los menores de edad. La Ley de Víctimas sí ha tenido críticas y recomendaciones, pero no relacionadas con los victimarios. Un informe de la Procuraduría sostuvo que a partir de la expedición de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Gobierno ha realizado un “esfuerzo presupuestal importante”, entre el 2012 y el 2017, de $61 billones. Otra crítica en la aplicación de la Ley, que habla de darles garantías de no repetición a las víctimas, fue el asesinato de líderes sociales, a la fecha del informe iban 186 homicidios.