Tensión en las altas esferas de la política por reforma al Estado

La polémica está a la orden del día. El proyecto de acto legislativo de equilibrio de poderes, radicado esta semana por el presidente Juan Manuel Santos, ya enfrenta cuestionamientos desde diversos frentes. Y todo indica que la polémica tiende a agudizarse en las próximas semanas.

El camino ya se torna pedregoso y el Gobierno deberá enfilar sus estrategias para evitar que la iniciativa termine desdibujada de su propósito inicial de buscar el equilibrio institucional.

De hecho, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien ya enfrenta su primer reto, está preparado. “El Gobierno propone y el Congreso dispone... bienvenido el debate y la polémica”, dijo el viernes el titular de la cartera del interior como antesala del debate.

Como se dice en el argot popular, Cristo ‘ya preparó las bestias’, al indicar que el Gobierno está presto a la controversia y a analizar el tsunami de propuestas que van a llegar.

Esta posición del Gobierno no es vana, ya que existen sectores que han criticado la totalidad de la iniciativa como lo advierte el analista Vicente Torrijos, quien considera este proyecto como “la típica estratagema de cambiar la Constitución y a decir ayer una cosa y hoy decir otra”.

Torrijos anota que lo que se presenta con las reformas constitucionales es una “falacia”, debido a que “cada Gobierno inventa cortinas de humo y le muestran a la opinión pública una imagen reformista general, pero en realidad son cambios para favorecer intereses particulares que no responden a los intereses democráticos”.

Lo dicho por el analista plantea el clima político que ya toma fuerza, pero que comienza a tener focos de atención sobre elementos puntuales del ‘revolcón’ que pretende sacar adelante el Gobierno con esta iniciativa.

Dichos focos están en artículos y temas puntuales, que ya comenzaron a generar diversas opiniones.

Procurador, la papa caliente

Quizás el tema que más ha generado ampolla es la nueva forma en que se eligiría al Procurador General de la Nación.
La polémica se centra en que la iniciativa propone que el Procurador sea elegido por el Congreso en pleno de una terna presentada por el Presidente de la República.

El cambio radica en que hoy dicha terna se conforma con candidatos postulados por las cortes Constitucional, Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, quienes perderían esta capacidad nominadora.

En este aspecto, el analista Rafael Nieto dice que “lo que se hace aquí es concentrar más poder en el Presidente” y explica que el Jefe de Estado “no necesita nominar para que el Congreso elija, porque es claro que sin estas facultades termina influenciando la decisión del Congreso, vea el caso del Contralor Edgardo Maya”.

El exviceministro de Justicia, Guillermo Francisco Reyes reconoce en el tema del Procurador un rechazo y una aguda polémica.
Anota que como se plantea se “rompe el equilibrio” y considera que se debe buscar otra fórmula de postulación.

Torrijos, entre tanto, califica la propuesta como “un atentado contra los principios elementales del equilibrio de poderes”.

La polémica llegó al mismo despacho del titular del Ministerio Público, ya que el viernes el propio procurador Alejandro Ordóñez calificó la propuesta como “involución constitucional” y añade que “de prosperar este proyecto la Procuraduría se convertiría en subalterna del Jefe de Estado”.

La situación se ha tornado tan radical que ya se escuchan voces que proponen que se mantenga el esquema actual. En este sentido, el senador Roy Barreras, anota que “no se tiene que modificar el esquema que se aplica en la actualidad”.

Por su parte, el senador del Polo, Jorge Enrique Robledo, manifiesta que es grave que “el Presidente quiera poner un procurador a dedo y concentrar cada vez más poder”.

Una mirada más pausada la da Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), quien comenta que “lo que se tiene que hacer es mirar qué tanto poder se concentra en la figura presidencial” y recuerda que “todo esto hace parte del debate”.

Contralor y Congreso

Otro elemento polémico es la elección del Contralor, ya que en la propuesta gubernamental se habla que será elegido por el Congreso en pleno, pero no se advierte quién postula.

Algunos sectores dan por descontado que la facultad nominadora quedará en manos del Congreso, por lo que Torrijos advierte que “estamos en un círculo vicioso enorme, porque los posibles investigados están eligiendo a quien los podría investigar. Se dan bandazos y es desafortunado”.

Sobre la forma cómo se va a escoger el Contralor, se habla de una convocatoria pública que servirá para que el Congreso escoja al candidato, esquema que para el ponente del proyecto, el senador Armando Benedetti es la más viable.

Congresistas, ministros o embajadores

Otro punto de controversia será lo que se ha calificado como el gran premio para el Congreso y es que sus miembros podrán ser designados ministros o embajadores o postularse como candidatos a gobernadores o alcaldes sin necesidad de renunciar un año antes.

El levantamiento de esta inhabilidad, según una fuente que prefirió la reserva, es la apertura de los beneficios que van a comenzar a introducir los congresistas en la iniciativa que comienza a transitar el mismo camino de la fracasada reforma a la justicia, pues “determinaría que los congresistas comiencen a legislar en causa propia”.

De hecho la justificación que da el Gobierno en este punto es que pretende es promover “positivamente el dinamismo de los liderazgos a nivel nacional, y permitir al Gobierno contar en sus filas con representantes experimentados de distintos sectores”.

Sobre esta propuesta el senador Carlos Fernando Motoa reconoce que es un tema “que debe tener un debate serio, porque se trata de levantar una inhabilidad hoy vigente” cuyo propósito es preservar la independencia del Legislativo frente al Ejecutivo.

Tribunal de aforados

Otra propuesta polémica contenida en el proyecto gubernamental es aquella que plantea la creación de un Tribunal de Aforados que reemplazaría a la controvertida Comisión de Acusaciones. Las mayores reservas se originan en la forma de cómo se conformaría.

Sobre este aspecto, fuentes del Consejo de Estado revelaron que al interior de la corporación hay preocupación, pues no se ve con buenos ojos que un tribunal con este poder sea elegido por el Congreso, que a su vez será objeto de las investigaciones del nuevo tribunal.

Eliminación de la Judicatura

Si bien sobre el tema de la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura existe una especie de consenso, desde las mismas cortes llamaron la atención del Gobierno porque solo miró a la rama y dejó de lado otros estamentos cuestionados.

Según se conoció, los magistrados de las altas cortes dicen que la decisión de acabar con la Judicatura debería aplicarse al Consejo Nacional Electoral que ha sido muy cuestionado y que, en su opinión, n debería, por lo menos, ser objeto de una profunda revisión o eventualmente acabarlo.