Somos una alta corte, y no nos sentimos menos que ninguna otra: Wilson Ruiz

Acaba de llegar al Consejo Superior de la Judicatura y de inmediato se estrenó como presidente de la Sala Disciplinaria, donde se pone freno a los desmanes de cientos de abogados y funcionarios judiciales corruptos. No en vano en los 20 años de existencia de este tribunal, han sido sancionados poco más de 14 mil abogados, y cerca de 2.100 agentes del sector justicia.

Es el magistrado vallecaucano Wilson Ruiz Orejuela quien sin pelos en la lengua propone ponerle un ‘tatequieto’ a las universidades de garaje, no descarta echar para atrás decisiones de sus colegas de otras Cortes si afectan derechos fundamentales, y cuestiona duramente que se haya dicho, por parte de la defensa del Estado en el caso del Palacio de Justicia ante la CIDH, que en esos hechos no hubo desaparecidos.

Ruiz, jurista y docente de larga trayectoria, observa con preocupación que la profesión de abogado sea actualmente mirada con desconfianza y hasta con vergüenza, por lo que no descarta que tras un encuentro de juristas en Cartagena que se cumplirá al inicio del segundo semestre, se puedan llegar a concretar propuestas para que de la mano del Ministerio de Educación, el Icfes y el Congreso se redefinan los requisitos para graduarse como abogado.

- Usted llegó al Consejo de la Judicatura en diciembre pasado ¿cómo recibió es esa responsabilidad?

Es un honor estar en a ésta, una de las entidades más importantes del país. Acá es donde se investiga a toda la rama judicial los fiscales, los jueces, los abogados, todos magistrados del país, excepto los integrantes de las cuatro las altas cortes, por ser aforados.

Es una gran responsabilidad pues en el país hay una cruzada contra la corrupción que se presenta en algunos abogados. Además algunos funcionarios judiciales están incurriendo en una alta morosidad. Frente a todo esto, hay muchas personas que no tienen acceso a una justicia pronta y oportuna.

- En 20 años del Consejo de la Judicatura han sido sancionados 2.094 funcionarios judiciales y 14 mil abogados. ¿Qué está pasando y qué hacer?

Eso es cierto. Acá hay graves problemas, y me gustaría contestarle con una reflexión: ¿Cómo hace uno para mirar a los hijos a la cara sabiendo que lo que ellos están comiendo o disfrutando es producto de dinero mal habido?

- Eso se presenta en los abogados de trayectoria y en los recién egresados. ¿Le cabe algo de responsabilidad a las universidades?

Sí. Hay muchas universidades de garaje (…) hay universidades que ofrecen sacar abogados en dos o tres años, si se tiene otra profesión. Yo llevo casi 20 años en esto y sé que me falta mucho por aprender.

- Hace algunos años ser abogado era un orgullo para la familia entera, hoy se ha creado mucha desconfianza…

Sí, eso está pasando. La gente se ha acostumbrado al dinero fácil, se ven casos en que abogados se quedan con el dinero de los ancianos, de los pobres, de quienes les confiaron casi sus vidas. Una de las cosas que deseo es que nos quitemos esa vergüenza por decir que se es abogado. ¿Por qué a los médicos o los ingenieros, etc, no les da pena decir su profesión? Tenemos que quitarnos ese estigma que se ha creado.

- ¿Cuáles son las faltas que más cometen los abogados?

Se han visto casos como el de un abogado que va a una audiencia ebrio, por insultar a un colega o a un juez, por presentar poderes falsos, por faltar a la ética y muchas más razones. Inclusive por no actualizar la dirección en la que puede ser conseguido. Hay abogados que le aseguran a un cliente el resultado de su caso, eso no es permitido, tampoco se puede cobrar en exceso, ni puede retener dineros de sus clientes, etc.

- ¿Cuáles son las sanciones que se aplican y qué propuestas hay para cambiar ese panorama?

Están la censura, la multa económica, la sanción disciplinaria que va de dos meses a tres años y la exclusión definitiva de la profesión. De las propuestas, una sería aumentar en un año más de carrera. Además, que hagamos un examen de Estado exigente para que el profesional sepa si realmente tiene el conocimiento y el bagaje que se requieren.

- ¿Cómo concretar las propuestas para que se depure la profesión de abogado?

Del 31 de julio al 2 de agosto la Asociación Colombiana de Abogados va a adelantar en Cartagena un Congreso, y allí será la oportunidad para manifestarnos. Todo esto debe generar eco.

- ¿Este es un país de leyes, eso no tendrá también que ver pues crea confusión en los ciudadanos?

Hay que decirles a los congresistas que no se preocupen por sacar tantas leyes, sino que se preocupen por sacar poquitas pero que realmente sirvan. Una de esas leyes sería con el Ministerio de Educación y el Icfes para que se reglamente la profesión de abogado pues, de lo contrario, creo que vamos para un despeñadero de corrupción.

- Desde el Ministerio de Justicia se quieren eliminar muchas leyes inútiles, ¿en eso podría participar la Judicatura?

Nosotros tenemos la facultad constitucional de presentar proyectos de ley en nuestra materia. En el momento en que debamos entrar a opinar, lo haremos. A mi me gustaría mucho ayudar a mejorar la profesión de abogado.

- El Consejo de la Judicatura ha sido muy mal visto, inclusive se ha querido acabar en más de una oportunidad, ¿qué piensa de eso, se ha dado algún cambio?

Sí, yo creo que sí ha ido cambiando. Ahora el Consejo de la Judicatura tiene nuevos aires, se ha registrado la llegada de magistrados como los doctores Pedro Munar, Francisco Ricaurte, y la mía propia, y eso en el mundo de la academia ha tenido muy buena acogida.

- ¿La Judicatura es el ‘patito feo’ de la justicia?

Nosotros somos una alta Corte, y no nos sentimos menos que ninguna otra. Tenemos los mismos derechos y las mismas garantías. Y lo digo sin el ánimo de disgustar con nadie, pues yo respeto mucho a las demás Cortes.

- Uno de los grandes problemas entre Cortes se ha dado cuando una de ellas falla una tutela contra una decisión de la otra ¿Cómo ve eso?

Si a mí como ponente me tocara un fallo de tutela contra una sentencia emitida por otra Corte, y en dicha decisión se desconocen derechos fundamentales, daré la pelea. Hay que tener claro que los derechos de la gente priman sobre cualquier consideración.

- ¿Cómo van las relaciones con las otras Cortes?

Muy bien, con los otros Presidentes somos muy buenos amigos. Ahora, debo decir que la llegada de la doctora Ruth Marina Díaz a la Presidencia de la Corte Suprema es maravilloso. Eso quiere decir que estamos cambiando el concepto de que la mujer no tiene derecho a llegar a estos cargos.

- ¿Cómo va el trabajo en la Judicatura?

En cada despacho estamos sacando entre 13 y 15 ponencias semanales. Somos siete magistrados lo que quiere decir que por semana sacamos más de 100 sentencias. Hoy cada despacho tiene en promedio 800 sentencias por fallar.

LAS DECISIONES

- ¿Porqué se dispuso una investigación contra los abogados que actuaron ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el caso Colombia-Nicaragua?

Lo que se quiere es establecer qué pasó en ese caso, queremos saber si se presentaron posibles irregularidades.

- Pero eso es algo que pasó en un tribunal internacional…

Sí, pero el código de los abogados permite que investiguemos profesionales colombianos aunque estén trabajando en el exterior, pues el contrato se hizo en Colombia, y por extensión podemos hacerlo. Además, ellos están defendiendo el patrimonio de todos los colombianos.

- ¿Para cuándo se espera la respuesta que en este caso debe dar el Consejo Seccional de la Judicatura?

Para eso se tienen hasta seis meses.

- ¿Si el Seccional descarta cualquier responsabilidad de los abogados, ustedes pueden asumir el caso para corroborar esa eventual decisión?

No. Antes teníamos un poder preferente que nos permitía adelantar algunos casos en única instancia.

- En el caso de Rafael Nieto, abogado del Estado en el caso del Palacio de Justicia ante la CIDH, y de quien se dijo asumió la defensa tres días antes, además de haber copiado parte del expediente sobre el caso Santodomingo, que él mismo llevó, ¿incurrió en alguna falta?

Como Presidente oficié al Consejo Seccional para que establezcan presuntas responsabilidades, y se analice la lealtad profesional. Hay que tener en cuenta que hay más de 30 fallos que dicen que sí hubo desaparecidos. Además, hubo una Comisión de la Verdad que dijo lo mismo, es un hecho que ha sido reconocido por varios Presidentes.

- ¿Pero eso no puede hacer parte de la estrategia?

Yo entiendo que un abogado tiene que buscar argumentos para tratar de que se exonere al Estado, pero hay que tener en cuenta la realidad jurídica.

- ¿Eso es una falta a la lealtad?

La verdad no quiero profundizar en eso porque podría llegar acá y no quiero que se presente una recusación o impedimento.

- ¿Es ético que se use un fallo anterior, como el de Santodomingo, para proyectar este nuevo caso?

Eso hay que establecerlo, hay que mirarlo de fondo.

- ¿Qué peso pueden tener las decisiones nacionales o de las autoridades nacionales?

Hay que tener presente que cuando uno presenta una solicitud ante la CIDH esas demandas tienen un componente 100% internacional, y poco valen los argumentos del derecho interno, pero creo que se podría haber utilizado otro tipo de estrategia, infortunadamente no se hizo.

- ¿Cómo entender que se haya tomado este caso con tres días antes?

Hay que mirar el caso.

- El abogado Jorge Enrique Ibáñez dijo que los militares lo presionaron para que aceptara que no había desaparecidos. ¿Cuál va a ser el papel de la Judicatura, va a respaldar a este abogado?

Hay que mirar el caso concreto.

- Se conoció que un juez de Planeta Rica y varios abogados se apropiaron de más de 64 mil millones de pesos, muchos de los implicados quedaron libres por vencimiento de términos, ¿qué pasó ahí?

La Judicatura está indagando qué pasó, y de quién es la culpa de esas libertades.

- ¿Qué pasó en el caso de Cielo González Villa, la ex Gobernadora del Huila?

Ella presentó una tutela para tumbar una sanción de la Procuraduría, pero se negó porque era improcedente, pues tenía otra vía judicial. Ella había sido sancionada con dos meses como alcaldesa, y estaba relacionada con el permiso sindical de manera permanente a tres docentes y un sindicalista.

- ¿Cómo va el caso del alcalde de Cartagena Campo Elías Terán?

Lo que tengo entendido es que ese caso fue fallado en primera instancia en el Seccional, y tenemos 20 días para fallar. Está pendiente.

- ¿Qué ha pasado con el caso del magistrado William Giraldo quien llegó a la edad de retiro forzoso en el Consejo de Estado?

En eso se han presentado varias turbulencias. Pues ha pasado por varias instancias, incluida la Corte Constitucional, y tras un inconformismo eso llegó de nuevo acá para empezar de cero. Estamos esperando que sea repartido a cualquiera de los magistrados.

- ¿Pero sí debería salir a los 65 años?

No puedo opinar porque eso se debe resolver de fondo.

- Ese límite de los 65 años sólo lo tienen el Consejo de Estado y la Corte Suprema, no así la Corte Constitucional, ni la Judicatura. ¿Eso no afecta el derecho a la igualdad?

Ese es uno de los análisis que se deben tener presentes a la hora de abordar el estudio, y por eso no me puedo referir.