Regresó la violencia electoral de los ochenta: Alejandra Barrios, directora de la MOE

Colprensa | LA PATRIA | Bogotá

Contrario a lo que sucedía en el país en los últimos procesos electorales en que los hechos violentos disminuyeron o se estabilizaron, las alarmas de las Misión Electoral (MOE) se encendieron. En promedio cada día y medio se presenta un hecho de alteración a la actividad política comprometiendo la vida o la seguridad de los candidatos.

La directora de la MOE, Alejandra Barrios, no duda en considerar que lo que está sucediendo se parece a la grave situación cuando fue exterminada en los años 80's y 90's la Unión Patriótica, pero con la diferencia de que ahora no se afecta a un solo partido, sino a todos los que están en competencia por distintos actores violentos.

Barrios llama la atención porque esta situación está llevando a que el seguimiento a los delitos electorales tenga una permanente vigilancia y sanción lo cual ya se estaba logrando.

Calma chicha

¿Los recientes hechos de violencia en la campaña electoral están acabando la 'calma chicha' de los últimos años?

Cambió desde el año pasado. Veníamos a una campaña que iba a ser diferente, utilizando otro dicho 'por el desayuno se sabe cómo va ser el almuerzo'. Desde mediados del año pasado los asesinatos, amenazas, atentados a líderes sociales y a líderes comunales empezaron a hacerse presente, por eso empezamos hacer seguimiento.

¿Cuando se dio la primera alerta?

La dimos antes del 27 de octubre del 2018. Como precandidatos se incrementan los hechos de violencia hacia quienes pensaban postular su nombre. Después el 27 de julio, ya candidatos, uno empieza a ver en las regiones que esas expresiones de liderazgo social que pasaron al ejercicio de la política son los más afectados frente a diferentes hechos de violencia política. Vemos que cada día y medio está ocurriendo un hecho violencia política. Nos estamos regresando a una situación de violencia electoral de la década de los 80's y 90's, cuando hacer política en éste país era una actividad de alto riesgo.

¿Es decir, una violencia similar al momento en que se desapareció a la UP?

Es diferente, es mucho más complejo en términos de violencia. No está dirigida a una organización política en particular. Hace 30 años la ilegalidad decidió exterminar a la UP, pero hoy no se ve una organización política que esté en un ejercicio sistemático de eliminación de sus candidatos. En el último corte, los partidos con mayor afectación son el Liberal y La U, por ser los que más aspirantes tienen. Igualmente, las amenazas han sido para el Centro Democrático, la Alianza Verde, el Partido Conservador, entre otros. No hay una sola organización política, dependiendo de la región y la postura del candidato llega la afectación política.

¿Esta violencia de qué grupos viene?

De muchos sectores. Cuando se ve la región del Catatumbo claramente se identifica a los Pelusos, disidencias y grupos ilegales sin ningún tipo de identificación. Se debe tener cuidado cuando se le atribuye un hecho a las disidencias porque cualquiera que se ponga una marca que diga Farc, inmediatamente se le relaciona aún sin serlo. Las disidencias no son las mismas en Arauca, Guaviare o las del Cauca, no están estructuradas y se fusionan por grupos. El narcotráfico también está presente en este proceso electoral y hay algo que resaltamos: la relación entre economías ilícitas, financiación de las campañas políticas, corredores y territorios donde están esas economías y el ejercicio de la política. No se puede dejar de lado que si bien el narcotráfico es ilegal es además un exportador ilegal y en este contexto económico actual, el incremento del dólar los favorece y hacen mejores negocios.

Vulnerables

¿Tienen identificados en cuántos municipios los candidatos no pueden salir a hacer campaña?

No tenemos por ahora esa información, hacemos un monitoreo, pero depende de que los candidatos informen. Los partidos deberían ser quienes reciban esa información de sus candidatos. Arauca no es un departamento pacífico, en Cauca ya enviaron el mensaje, hoy no sé con qué tranquilidad salen los candidatos a hacer campaña. En Chocó ya hay un candidato secuestrado; en el Patía, en Nariño, están evidentes las autodefensas.

¿En las capitales hay identificados riesgos para hacer la campaña?

En Cartagena hubo amenazas a dos candidatos, en Cali amenazaron a otro. Cuando eran precandidatos Claudia López y Antonio Navarro sufrieron amenazas en Bogotá. En las capitales es mucho más fácil hacer control de daños, los candidatos tienen mejores esquemas de seguridad mientras que en los corregimientos y veredas no es así. Respetamos las alarmas de la Defensoría del Pueblo que tiene alertas en Bogotá, Medellín. Intentamos no sacar una alerta de riesgo para toda la ciudad, sino las condiciones que tiene el candidato en algunos sectores. En el caso de Bogotá las localidades, porque no es lo mismo Teusaquillo que Sumapaz y no se han recibido alertas de amenazas, pero eso no significa que no haya presencia de grupos ilegales. Lo que sí vemos es que en las capitales se dan muchas amenazas a través de redes sociales, y sobre esto tenemos muy claro que las redes legitiman con el discurso del odio el gatillo que se hala.

¿Será necesario cambiar puestos de votación para el 27 de octubre?

Estamos convencidos de que el esfuerzo que se hace desde hace 10 años para no cambiar un puesto de votación es grande. Cambiarlo es una derrota para el Estado, si se hace es decirle al ilegal que ganó. Los que se mueven son los que están en corregimientos y afectan a sus habitantes. La decisión debe ser mantener los puestos protegiendo la vida de los jurados y de los ciudadanos. Se debe enviar el mensaje de que el Estado hace presencia para que la gente pueda votar.

¿La violencia se da con el propósito de imponer sus candidatos?

No sé qué tantos intereses políticos de poner a uno u otro candidato en 117 mil postulados, pero lo que sí es claro es que están enviando el mensaje de que son ellos los que tienen la capacidad de dominar el territorio, por eso digo que nos recuerda la década de los 80's y los 90's. No se tiene que matar a más de un candidato o lanzar granadas a las casas de los aspirantes, con un solo atentado inmediatamente los otros candidatos entienden el mensaje de que con lo que hay que hablar después, si ganan, es con ellos, porque sí tienen capacidad de afectación. El mejor ejemplo es Suárez (Cauca) en donde mueren dos candidatos, el mensaje tanto para los aspirantes de ese municipio y de la región es claro para quienes dominan el territorio. En estos momentos vemos quién quiere tener el poder de la región y ese es el mensaje que envían.

¿Los hechos de violencia tapan los delitos electorales?

Retrocedimos. Lo que nosotros sí pudimos hacer el año pasado es que los informes de violencia estaban casi estáticos. Por eso decíamos que al correr esté telón al fondo estaban los delitos electorales, la compra de votos, el ofrecimiento de bienes y servicios por funcionarios públicos para favorecer determinados candidatos, constreñimiento al elector, presión para que los funcionarios voten por un determinado candidato o la imposición de jurados de votación para presionar la contabilidad de los votos. Esto llevó a una reforma legal y nuevos delitos penales, por ejemplo, la Fiscalía está estudiando la tentativa de inscripción para los casos en que el candidato estaba inhabilitado para la inscripción. Ya no solo es administrativo, ahora se estudia la responsabilidad penal.

"El Catatumbo, Arauca y su capital, Nariño; Cauca, Valle y Chocó. También la región del Urabá y el Sur de Bolívar, Los Montes de María, las zonas más vulnerables".

Rápidas

¿Cuál sería la región en que se estaría comprando más votos?

Recibimos información de casi todas las regiones de que hay ofrecimientos de bienes y servicios a cambio del voto o de que hay la compra del sufragio.

¿Es preocupante que el Consejo Nacional Electoral siga estudiando la legalidad de inscripciones presuntamente viciadas?

Los preocupante es que las inhabilidades para ser candidatos están regadas en diferentes leyes, no es claro todas las que se tienen ni los tiempos sobre las mismas. Acá hace un trabajo muy importante la Ventanilla Única y la Procuraduría cuando informa sobre los inscritos. El CNE tiene que tomar decisiones prontas porque antes de finalizar septiembre debe quedar lista la tarjeta electoral.

¿Qué tipo de sanciones le podrán acarrear a los partidos inscribir candidatos inhabilitados?

Desde sanciones hasta multas económicas o incluso la cancelación de la personería jurídica.