
Argemiro Piñeros Moreno
Colprensa | LA PATRIA | Bogotá
El Gobierno Nacional esta semana logro unir a todos los sectores para hacerle críticas a su reforma política, que pretende le sea aprobada en el Congreso de la República.
Es una apuesta que el presidente, Juan Manuel Santos, hace para reformar el sistema electoral colombiano, de la mano del Acuerdo de Paz que firmó con las Farc y que se viene cumpliendo en términos generales.
El miércoles, de forma sorpresiva, en la Comisión Primera de la Cámara, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, enumeró ese ambicioso cambio, cuando defendía los alcances del acto legislativo que dará la institucionalidad al partido político en el que se convertirán las Farc.
Mandato presidencial de cinco años, eliminación de la Vicepresidencia de la República, voto obligatorio por dos ocasiones, habilitar el sufragio desde los 16 años, son las propuestas que el Gobierno espera tramitar por la vía rápida del mecanismo legislativo especial o fast rack, como también por reforma constitucional ordinaria.
La vía rápida fue aprobada por el Congreso de la República y avalada por la Corte Constitucional el año pasado, con el fin de tramitar y aprobar las enmiendas constitucionales y leyes que se requieran para la implementación de los acuerdos de paz.
También sorprendió el gobierno con este paquete de reformas, porque hace apenas un mes instaló, en la propia Casa de Nariño, la Misión Electoral Especial, la cual se encargará, justamente, de presentar las reformas necesarias para modernizar el sistema electoral en el marco del contexto de la paz.
Difícil trámite
Los presidentes de las comisiones primeras del Congreso, en donde se deberán tramitar todos los proyectos, el senador Carlos Fernando Motoa y el representante a la Cámara Telésforo Pedraza expresaron que no es buena idea tramitar la reforma política dentro del mecanismo de la vía rápida.
Carlos Fernando Motoa

El Gobierno debe precisar cuáles son los temas que espera llevar, y no decirlo de forma general, como lo hizo el ministro. Puede tener una interpretación muy amplia, porque lo que ya se tramita por vía rápida en normas electorales son la creación del partido de las Farc, el Estatuto de la Oposición y la ley que da vocería a representantes de las Farc en el Congreso. No es expresamente lo que se ha establecido, si esa es la intención, convoquemos una constituyente. Temas como la eliminación de la Vicepresidencia (que no comparto) y la ampliación a cinco años del mandato presidencial, deben tener una mayor discusión, como también la obligatoriedad para los partidos de presentar listas cerradas.
Telésforo Pedraza

Hace dos años, en el marco de la reforma del Equilibrio de Poderes, se debatieron puntos como el voto obligatorio, las listas cerradas y hasta la inhabilidad que se quería imponer a la figura del vicepresidente. Por el momento la vía rápida se usa para temas directamente referidos con la implementación, pero, de acuerdo con lo que presentó el ministro Cristo, en este caso hay muy pocos temas que hacen parte de esa implementación. Es fundamental que la misión electoral termine pronto su informe, para que se socialice y sea concertado en el Congreso.
Humberto de la Calle Lombana, jefe negociador del Gobierno en la mesa de La Habana.
“Ese instrumento tiene que ser usado con mucho cuidado, hay unas ideas sueltas de reforma política; lo que yo recomendaría es que no podemos usar desbordadamente ese mecanismo, tenemos que ser estrictamente rigurosos en utilizarlo exclusivamente para aquello que se deriva de lo acordado”, indicó el ex jefe negociador de paz.
Carlos Antonio Lozada, exnegociador de las Farc

Lo que consideran a través del fast track es llevar al Congreso la esencia de lo que está acordado en La Habana, de manera que se garantice la implementación de los acuerdos. No vemos conveniente llevar otra serie de iniciativas, que de alguna u otra manera pueden generar mal ambiente o distraer el esfuerzo que debe tener el Congreso en materia de normalización y desarrollo que deben tener los acuerdos.
La participación en política
Este primer punto, pactado durante la negociación el Gobierno y las Farc, se fundamentó en tres pilares.
1. Se señaló que, tras la terminación del conflicto, se hace necesaria la inclusión política de nuevas voces y partidos, a los cuales se les deben dar las garantías de transparencia y equidad en las reglas del juego. Para promover el pluralismo y la inclusión política, se pactó que por un periodo de transición se crearán 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, en las regiones más golpeadas por el conflicto.
2. La consolidación de la paz requiere de una mayor participación ciudadana, como lo contempló el espíritu de la Constitución de 1991. Ese fortalecimiento de la participación ciudadana pasa también por apoyar a las organizaciones sociales, como expresiones organizadas de diferentes intereses de la sociedad, que también juegan un papel importante en la construcción de la paz, incluso cuando se oponen, por medio de la protesta, a las políticas del Gobierno.
3. La condición básica para consolidar la paz, por medio del ejercicio de la democracia, es que se rompa para siempre el vínculo entre política y armas.
El reto para el Gobierno está en demostrar que cada uno de los puntos de la reforma política que pretende consolidar, cumple alguno o algunos de esos pilares. De lo contrario, le será muy difícil defender la idea de que ese texto pase a la legalidad colombiana por la vía rápida de la que dispone temporalmente en el Congreso.
La reforma en resumen
Por la vía rápida el gobierno propone.
* Bajar de 18 a 16 años la edad para votar.
* Institucionalizar el voto obligatorio de los colombianos durante, al menos, dos periodos (8 años).
* Dar financiación estatal a las campañas, al menos durante dos elecciones.
* Obligar la presentación de listas cerradas para las elecciones de Senado y Cámara de Representantes.
* Acabar en gran parte la circunscripción nacional.
* Reglamentar el equilibrio de poderes en cuanto a las coaliciones entre pequeños partidos.
* Crear un acto legislativo denominado como adquisición gradual de derechos para los partidos políticos.
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