El mal momento del reelegido procurador General

Arcadio González Ardila
Colprensa | LA PATRIA

En el argot político siempre se ha manejado un dicho popular que a veces se convierte, más que en un estribillo de campaña, en una máxima irrefutable: “nunca los segundos tiempos fueron buenos”.

Eso pareciera que le está ocurriendo al procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, quien el pasado 15 de enero asumió nuevamente el cargo, para otro período de cuatro años.

En apenas dos meses, son ya varios los reveses jurídicos que ha sufrido el jefe del Ministerio Público, los que, a juicio de expertos y observadores, se explican por la mezcla que ha hecho Ordóñez de sus principios ideológicos con argumentos jurídicos.

No más la semana pasada, al reiterar dos sentencias de 2001 sobre el concepto de familia y de derechos económicos para parejas del mismo sexo, la Corte Constitucional volvió a regañar al poderoso procurador General de la Nación: “Las sentencias que adopta la Corte Constitucional son decisiones judiciales cuyo cumplimiento la Carta encomienda, entre otras autoridades, al procurador General de la Nación”. Así le ordenó que no mezcle sus opiniones personales con criterios jurídicos frente a los derechos de las parejas homosexuales.

No ha sido el único llamado de atención que le ha hecho la Corte a Ordóñez Maldonado. A finales del año pasado el jefe del Ministerio Público fue obligado a rectificar sus comentarios personales sobre el aborto.

En lo corrido de este año la Procuraduría ha perdido otras batallas jurídicas: la Corte Constitucional negó su petición de volver a penalizar la dosis mínima de estupefacientes, ratificó los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo, reiteró que las parejas gay también constituyen familia y, además, le quitó la posibilidad de nombrar ‘a dedo’ a más de 700 procuradores delegados y judiciales (que ganan entre $6 millones y $19 millones) así como la facultad de organizar de forma autónoma los concursos para elegir a casi 1.200 personeros municipales.

Todo eso sin contar con otras decisiones judiciales no menos importantes. Una, la Procuraduría perdió ante un juzgado y luego ante un Tribunal la tutela mediante la cual buscaba impedir la difusión de la película ‘Operación E’, basada en la historia de vida del hijo de la ex secuestrada Clara Rojas.

Una más: la decisión del Consejo de Estado de incluir en el POS el medicamento Misoprostol, utilizable para interrumpir el embarazo en los tres casos de aborto autorizados por la Corte Constitucional. 

Para rematar, este jueves dos procuradoras delegadas tuvieron que ir a Washington a defender ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Ministerio Público, señalado por ONG de persecución a colectivos de Lgbti. 

Decisiones judiciales

Aunque en su discurso de posesión para el nuevo período de cuatro años Ordóñez advirtió que se sentía “sometido a una especie de matoneo o bullying mediático, expertos consultados por Colprensa consideran que los reveses que ha sufrido la Procuraduría son fallos jurídicos y no retaliaciones políticas.

Según el constitucionalista Juan Manuel Charry, la confrontación obedece a “visiones jurídicas diferentes frente a temas sensibles: la ortodoxa y conservadora del Procurador y la progresista de la Corte Constitucional”.

En ese sentido, el exministro y exembajador Fernando Cepeda Ulloa advierte que “fallos jurídicos, lo que se dice jurídicos, no existen, porque finalmente lo que se hace es una interpretación política de la Constitución”, pero advierte que “frente a la esencia del derecho, que es su evolución, el Procurador se quedó rezagado: no acepta esos cambios”. 

Al respecto, un exprocurador general le dijo a Colprensa que “todo jefe de organismo de control tiene una ideología, muy respetable por cierto, pero esa ideología no debe incidir en las posturas jurídicas del organismo que representa”. 

Incluso, dice la fuente, desconocer la evolución del derecho envía un mal mensaje: “Oponerse a ultranza a esas nuevas posturas no es la mejor orientación para una sociedad. Si la Iglesia Católica ha cedido a esas nuevas posturas, por qué no el Ministerio Público”, se pregunta el experto. 

Posturas religiosas

Esta seguidilla de reveses jurídicos, según el exministro del Interior Armando Estrada Villa, lo que demuestra es que las altas Corte ‘no le comen’ al almizcle filosófico-jurídico del reelegido procurador General: “Estamos viendo que el pensamiento retardatario del Procurador ya no tiene acogida en las diferentes decisiones judiciales que se han tomado. Lo que vemos en él es un afán desmedido por imponer su credo religioso por encima de la Constitución y las leyes, pero para fortuna del país es bueno que las altas Cortes hayan mantenido su independencia”. 

Más radical aún, el columnista Ramiro Bejarano Guzmán considera que el ‘mal momento’ por el que atraviesa el procurador Ordóñez obedece a su “falta de solidez jurídica y a su intolerancia, que ya hizo metástasis en las corporaciones judiciales, donde ha perdido toda credibilidad”. 

Bejarano coincide con el exministro Estrada Villa en que muchas posturas jurídicas de este Ministerio Público están influenciadas por los principios religiosos de su titular: “El Procurador es un oscurantista que no tiene posturas jurídicas sino religiosas: administra justicia con los Códigos en una mano y el catecismo del Padre Astete en la otra. Se cree un Cruzado que fue enviado, no a administrar justicia, sino a aplicar sus dogmas de fe”.

Los expertos consultados por Colprensa, incluido el exprocurador General que prefiere mantener su nombre en reserva, estiman que la mezcla de argumentos jurídicos, convicciones personales y principios religiosos de Alejandro Ordóñez, terminará afectando la imagen del Ministerio Público y la institucionalidad del principal organismo de defensa de los Derechos Humanos en el país.