MARTHA LUCÍA GÓMEZ
LA PATRIA | MANIZALES
El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) informa que 32 mil 958 servidores públicos de Colombia deben publicar la declaración del impuesto de renta y complementarios que presentan a la DIAN, la declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés.
Esto en cumplimiento de la Ley 2013, que entró en vigencia el 30 de diciembre del 2019 con la firma del presidente, Iván Duque.
Obliga a los altos funcionarios del Estado reportar estos datos al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y a publicarla. El propósito es fortalecer la transparencia, y es requisito para posesionarse, ejercer o retirarse del cargo, explica el DAFP en un boletín de prensa.
Agrega con corte al 31 de enero, según reporte del SIGEP, 10 mil 115 sujetos obligados por la norma (33% del total) han cumplido esta obligación. Ahí se encuentran 19 de la Gobernación de Caldas, proceso que difundió ayer el mandatario seccional, Luis Carlos Velásquez.
Para la ciudadanía
“Nuestros 14 secretarios, 4 gerentes de institutos descentralizados y yo publicamos nuestro estado patrimonial. Cumplimos con la Ley de Transparencia. Esperamos que en estos cuatro años, al salir, encuentren que los estados patrimoniales hayan aumentado conforme a los ingresos”, expresa Velásquez al mostrar la página web de la Gobernación caldas.gov.co link Declaraciones Gabinete 2020.
Mauricio Parra, líder de la Oficina de Gobierno Abierto de Caldas, dice que esta información es para ser consultada. “Ahora empieza la socialización con la ciudadanía y los veedores, para que hagan control social. Si un funcionario entra este año con un patrimonio X -correspondiente al 2018-, al otro año está obligado a volver a declarar aumentando su patrimonio por salario o por arrendamiento si es que tiene bienes en esa figura”.
En la publicación de la Gobernación también aparecen los familiares en primer grado de consanguinidad, para definir si hay conflicto de intereses por alguno de ellos.
Con esto, Gobierno Abierto quiere mantener y mejorar los indicadores de transparencia del ente territorial, trabajo que empezó la administración del exgobernador Guido Echeverri, con la publicación de parte de esta información.
Deben cumplir esta ley
Según el DAFP:
* Quienes ocupan cargos de elección popular (presidente de la República, vicepresidente, gobernadores, alcaldes, congresistas, diputados, concejales y ediles).
* Ministros, secretarios departamentales y municipales, directores de entidades nacionales y territoriales.
* Directivos de entidades privadas que prestan una función pública (notarías, cámaras de comercio y curadurías).
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