Conozca cómo van las investigaciones penales contra alcaldes y exalcaldes de Caldas

Fernando-Alonso Ramírez

LA PATRIA|Manizales

10 años pasaron para que el exalcalde de Supía Germán Ovidio Moreno Tobón respire tranquilo ante la justicia. La Fiscalía le imputó cargos por supuestas irregularidades ocurridas el 21 de mayo del 2009, cuando celebró un contrato con el gobernador del resguardo indígena Cañamomo y Lomaprieta para poneren marcha la Escuela Endógena de Arte Indígena.

"La gente en lo primero que piensa es en que se perdió una plata, pero no se da cuenta que sí se invirtió y que se hizo de acuerdo con las normas sobre indígenas", explica el exmandatario, que espera lectura de fallo absolutorio el 17 de febrero.

Para el abogado penalista José Fernando Ortega Cortés, que ha defendido a siete alcaldes, la legislación que rige la contratación estatal es compleja, dispersa, muchas veces confusa. Luego aparecen funcionarios de Contraloría, Fiscalía o Procuraduría, inexpertos en contratación, a decir que así no se podía hacer, a pesar de que los alcaldes regularmente solicitan la asesoría de quienes conocen los temas administrativos y se siguen por esas pautas.

No le parece que cada que se hable de celebración indebida de contratos deba investigarse penalmente. "Ha hecho carrera que todo lo que tiene que ver con contratos va etiquetado con cierto tufillo de corrupción y no es así".

Dice que si un mandatario no se apega a lo que establece la ley, debe ser investigado en lo disciplinario, no en lo penal. Muchos alcaldes terminan procesados y condenados por unos delitos que constituyen infracción a los deberes de cuidado que les son exigibles, que "son delitos como de mera conducta, sin daño, porque generalmente los contratos se ejecutan". Ortega agrega que el derecho penal se ha convertido en politiquería criminal, que la confrontación política se trasladó a las ías, y esto complica más el panorama.

Proceso como pena

Ser subjúdice -bajo sospecha judicial- por una década o más se ha convertido en una constante de alcaldes cuando dejan sus cargos. A Moreno Tobón le resolvieron su situación el lunes, 10 años después del hecho investigado, un contrato de $21 millones. "Esas investigaciones convierten el proceso en pena", concluye Ortega.

El exmandatario de un municipio de Caldas, que pidió no dar su nombre, lo explica así: "A uno como alcalde se le crece el río, le tumba dos o tres casas. La gente necesita que usted actúe y al Municipio no le fían, se debe mirar qué hay en el presupuesto en la Unidad de Desastres, y generalmente no hay plata. Cuando va a pagar son hechos cumplidos, gastarse una plata que era para otra cosa. Es un riesgo, pero uno cree que ha actuado bien y está tranquilo".

Los mandatarios y otros servidores públicos repiten que una investigación no se le niega a nadie. Las cifras de la Fiscalía parecen confirmarlo. En este momento, investiga a 11 alcaldes. Los casos de otros 2 pasaron por competencia a la Corte Suprema de Justicia por ser congresistas. Ya logró la condena de 6.

Situación penal de alcaldes de Caldas 

Investigados 11

*Salamina. Luis Germán Noreña García (2016-2019). Investigación por peculado por apropiación, relacionada con recursos para la ola invernal del 2010, cuando también era alcalde.

*Belalcázar. Jaír de Jesús Álvarez (2016-2019). Peculado por apropiación. Espera juicio. Está libre.

*Aguadas. Óscar Yhonny Zapata (2016-2019, suspendido en marzo). Está detenido. Le imputaron cargos por un contrato de $11 millones para celebrar el Día de la Familia a sus empleados sin cumplimiento de requisitos legales. También, peculado por apropiación en beneficio de terceros y falsedad ideológica en documento público.

Otro proceso es por fraude procesal y falsedad en documento privado. La Fiscalía lo sindica de haber incurrido en doble militancia política e inducir a error al Tribunal Administrativo de Caldas. Pendiente de acusación en ambos.

*Marulanda. Mauricio Andrés Restrepo Osorio (2012-2015). Peculado por apropiación. Recibió la autorización del Concejo por Acuerdo 003 del 2015, para adquirir el predio El Chaquiro, vereda El Retiro. El vendedor argumentó que recibió menos dinero del que se registra en documentos. Está libre, pendiente de juicio.

*Salamina. Olga Constanza Duque Chica (2012-2015). Contrato sin cumplimiento de requisitos, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. El juicio será entre el 23 y 26 de abril.

*Chinchiná. Jaír Antonio Tabares Chica (2012-2015). Contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Pendiente de juicio. El contrato 222 del 19 de agosto del 2014, entre Chinchiná y el consorcio Aguacatal, tenía por objeto construir la cancha de fútbol de Aguacatal, por $672 millones. La Fiscalía indicó que la cancha no se construyó y el dinero sí se pagó.

* San José. Héctor Alfonso Montes Correa (2012-2015), contrato sin cumplimiento de requisitos. El lunes es la audiencia preparatoria.

*Manizales. Juan Manuel Llano Uribe (2008-2011). Celebración Indebida de Contratos por el caso de las sillas del estadio. El juicio continuará entre febrero y abril. Prevaricato por acción. Caso de aumento salarial en Infimanizales está para audiencia preparatoria.

*Villamaría. Luis Fernando Marín Osorio (2008-2011). Lo investigan por contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La acusación está pendiente.

*Norcasia. Alberto Orduy Castellanos (2008-2011). Lo acusaron el 8 de noviembre. Lo investigan de violar el régimen de inhabilidades.

Condenados 6

*La Dorada. Jaime Gutiérrez Ángel (2004-2007), del Partido de la U. Lo investigan por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, proceso pendiente de fecha para audiencia preparatoria. Se encuentra condenado a 19 años por acceso carnal abusivo con menor de 14 años, ocurrido posterior a su salida de la Alcaldía.

*Victoria. Libardo Uribe García (2008-2011), del Partido Liberal. Condenado a 9 años y 5 meses por celebración indebida de contratos y violación al régimen de inhabilidades. Apeló. Tiene domiciliaria. En el 2009 firmó un contrato de prestación de servicios con el hermano de una concejal. Otro proceso, por violación al régimen de inhabilidades, tiene fijada audiencia preparatoria para el 7 de febrero.

*Risaralda. Francisco Javier Pérez Cardona (2012-2015), del Partido de la U. 25 meses por peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Libre por el monto de la pena. Las firmas de tres contratos no coincidían con la propuesta inicial. Eran para ejecutar $25 millones 468 mil 500, procedentes de regalías, que se emplearon en el suministro del sistema de intranet, equipos de oficina y una motocicleta 150 c.c.

*Neira. Cristina Otálvaro Idárraga (2012-2015), del Partido Conservador. Condenada a 5 años y 4 meses por contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos por $11 millones para construir un box coulvert en la vereda Cuba en el 2013, pero para hacerlo contrató a un maestro de obra. En la cárcel. Apeló.

*Pensilvania. Jairo Antonio Ríos Carmona (2012-2015), del Partido Conservador. Condenado por contrato sin cumplir requisitos legales e interés indebido. Se espera lectura de sentencia, que sería de seis años y dos meses. Contrató para la presentación del programa del adulto mayor en esa población, que se ejecutó en tiempo récord y sin ajustarse a la ley.

*Risaralda. Jorge Danilo Gutiérrez Cuartas (2008-2011). Absuelto en primera instancia de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por destinación diferente. El Tribunal Superior de Manizales ratificó la inocencia por el segundo, pero culpable por el primero. Le dio cinco años y cuatro meses de prisión. En el 2008 contrató, por prestación de servicios, al contador Mauricio Zuluaga Loaiza, por 12 meses, por $18 millones, sin convocatoria y se cuestiona el estudio que justifica la contratación.

*Marquetalia. Ramón Orlando Hincapié Cardona. Reemplazó por un tiempo a Hugo Hernán González (2008-2011), que estuvo detenido preventivamente y salió exonerado de apoyo a grupos paramilitares. Lo acusaron de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido y peculado por apropiación diferente. Mediante preacuerdo le dieron 3 meses y 15 días de condena.

Absueltos

Luis Roberto Rivas. Manizales.

María Magdalena Builes. Chinchiná.

Carlos Alberto Ramírez Grajales. Viterbo. Absuelto por el Tribunal Superior de Manizales.

Germán Ovidio Moreno Tobón. Supía.

Fenecimiento

José María Molina, de Neira, falleció. El proceso que se le seguía feneció.

Ahora son congresistas

Los procesos de Erwin Arias, alcalde de La Dorada entre el 2012 y 2015, y actual representante a la Cámara por Cambio Radical, pasaron en agosto pasado, por competencia, a la Corte Suprema. Lo mismo pasó con Abel David Jaramillo Largo, exmandatario de Riosucio y congresista por la circunscripción indígena.