LA PATRIA | MANIZALES
La demanda de pérdida de investidura contra el concejal conservador de Manizales Diego Alejandro Tabares vuelve a sonar tras los fallos de primera instancia del Tribunal Administrativo de Caldas y de segunda del Consejo de Estado que dicen debe ser retirado de su curul.
La defensa del aún concejal solicitó al Consejo de Estado adición de la sentencia del 17 de marzo de este año, por considerar que no resolvió todos los aspectos planteados en la apelación que hicieron y que faltó profundizar en el elemento de la culpabilidad y la responsabilidad, pero el 5 de mayo el Consejo de Estado denegó esa solicitud.
Al concejal lo sancionan por haber incurrido en conflicto de interés al haber participado en la elección de Jenny Constanza Osorio como contralora de Manizales 2020-2021, pues debió declararse impedido porque para ese momento la Contraloría Municipal adelantaba un proceso fiscal contra Jairo Tabares, padre del concejal, quien fue gerente de la Empresa de Renovación Urbana de Manizales en el 2016.
La demanda la presentó el 9 de junio del 2021 el abogado Simón Arango, quien considera que a sabiendas de que el Consejo de Estado y el Tribunal habían abordado los temas en derecho, solicitaron una adición a la sentencia. "Creo que lo hicieron más que todo para alargar la presencia de Tabares en el Concejo".
Sin embargo, al denegar el Consejo de Estado esta solicitud, el fallo de pérdida de investidura deberá quedar en firme luego de notificar a las partes y con ello el concejal tendrá que ser retirado de su curul. El Concejo además deberá solicitar a la Registraduría cuál es la persona que sigue en la lista para que asuma la curul. Quien le sigue a Tabares es el exconcejal conservador Simón Ramírez.
Insistirán
No obstante, Tabares sostiene que pidieron adición de la sentencia porque los fallos consideraron que hubo dolo en su actuar y que la culpa fue gravísima, cuando no hubo una intención porque su padre no le expresó ni lo alertó del tema. Además dice que el proceso en la Contraloría nunca estuvo en manos de la contralora electa, sino de otro funcionario, ni fue archivado y sigue su conducto regular. "Si he de salir, no es por corrupto ni por haber hecho cosas por fuera de la ley, es por un tecnicismo jurídico", sostiene.
Su abogado defensor, Alejandro Franco, anuncia que insistirán con una tutela ante el Consejo de Estado por considerar que hay una violación al debido proceso, pues el conflicto de interés solo aplica cuando se haya actuado con dolo, y tanto el Tribunal como el Consejo de Estado dicen que si bien se demostró la responsabilidad del concejal, la acreditan a título de culpa.
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