MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Lo dice el doctor en Paces y Conflictos Mario Hernán López: "En esta campaña a la Presidencia los Acuerdos de Paz no han sido el centro del debate, aunque cada candidato tiene compromiso con sus contenidos".

Agrega que al examinar las propuestas se ve un peso importante de los Acuerdos, que sí podrían ser centro de la gestión, la formulación y la puesta en marcha de políticas públicas.

LA PATRIA solicitó a López, que es profesor de la Universidad de Caldas, y a Mauricio Orozco, coordinador del Observatorio de Violencia y Paz de Manizales y profesor de la Universidad Católica de Manizales, que analizaran las propuestas que están haciendo en torno a la paz Federico Gutiérrez, Fico; Gustavo Petro; Rodolfo Hernández, y Sergio Fajardo.

Con los Acuerdos

Ambos expertos coinciden en que hay factores en común y también diferencias notables. Los cuatro, más allá de su espectro político e ideológico, se proponen cumplir los Acuerdos de Paz.

"Una implementación que no solo está centrada en la desmovilización y la reincorporación, que es lo que ha avanzado bastante de los Acuerdos; también en la reforma rural integral, que los cuatro candidatos nombran con algunas estrategias, e igual lo relacionado con el narcotráfico", sostiene Orozco.

Los dos expertos ven cercanas las propuestas de Fajardo y de Petro cuando señalan que los Acuerdos deberían convertirse en ruta de políticas públicas. A la hora de hablar de las diferencias, lógicamente las asocian con quienes apoyan a cada uno de los candidatos y ahí surgen las dudas de si llegarán realmente a la implementación.

Críticas

Según Orozco, Fajardo y Petro hablan con profundidad de cómo implementar los Acuerdos; Fico le da fuerza a las víctimas, a la reparación administrativa, pero sin mucho detalle ni incluir a todas las instituciones que trabajan alrededor de la justicia restaurativa, y de Hernández considera que su propuesta es muy simple.

Señala que a Fico lo respaldan sectores que desde el Congreso de la República no les ha interesado la implementación de los Acuerdos, que a Fajardo y a Petro los acompañan quienes sí han estado muy interesados y que de Hernández se podría decir que no tiene muchos sectores en el Congreso.

Agrega que Fajardo y Petro plantean que es necesario sentarse a dialogar con el Eln, Hernández dice que no va a negociar directamente y Fico no lo nombra específicamente.

Menciona como punto de tensión para el país la reforma rural integral, en la que la tierra ha sido factor generador de violencia. Por esto dice que el planteamiento de Fajardo, de que la paz será un factor de cohesión y no de división, puede llegar a ser problemático. "En Fajardo hay una comprensión de paz armónica y muy idealizada, mientras que en Petro se reconoce que es tensa, genera conflictos".

Otra coincidencia que encontró entre Fajardo y Petro es que hablan de regular el mercado ilícito de las drogas, no solo como un asunto al que se le debe dar respuesta militar y represiva, pero no detallan si se están refiriendo a la legalización o a qué.

Vuelve a Fico y dice que no le ve una propuesta sobre cosas tan importantes como el sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, que es de lo que más han valorado las víctimas a través del trabajo que han hecho la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad, entre otras entidades. Contrario a Fajardo y Petro, que sí hablan de ellas.

Ve como interesante en la propuesta de Petro la idea de construir una política pública de paz, reconciliación y convivencia, "pensaría uno que es como la forma en que todo estos Acuerdos podrían implementarse", concluye Orozco.

Resalta

López destaca que el centro de la propuesta de Fico es implementar componentes para la atención de excombatientes, no solo a los que se reincorporaron en el proceso con las Farc, sino lo que ha implicado la desmovilización de hombres armados en Colombia desde el 2005.

"Su propuesta también está dirigida a exigir el cumplimiento a las Farc, sobre todo de indemnizaciones. Hay un compromiso con temas de tierras, catastro y asignación de recursos para fortalecer los planes y programas de desarrollo en territorios en los que el conflicto afectó más fuerte a las poblaciones".

Ve otras coincidencias entre las propuestas de Fajardo y de Petro, con visiones más amplias, más complejas, más integrales de la paz y más centradas en una concepción de derechos humanos y en la idea de un país que logre superar la confrontación armada y otras formas de violecia.

Asegura que también coinciden en el tratamiento de los cultivos de uso ilícito y toman distancia del Gobierno actual y probablemente de Fico en la manera en que deben ser erradicados, lejos de la utilización del glifosato y más cerca de la erradicación mediante otras estrategias.

"En el caso de Petro, vale la pena señalar que su propuesta involucra respaldo al sistema de justicia transicional, particularmente al trabajo que le resta a la JEP. De la de Hernández hay una interesante concepción, la relación entre la construcción de la paz y el bienestar y la justicia social, ahí hay un componente teórico de interés que suele emplearse en los análisis sobre la paz".

Federico Gutiérrez

Propone un país en orden, en lo que incluye el Acuerdo de paz y atención integral a víctimas: Voté Sí al Acuerdo de Paz y creo que el país lo debe implementar plenamente en beneficio de las 9 millones 250 mil 453 víctimas y de las regiones más afectadas por la violencia. Daremos continuidad a la implementación del Acuerdo, aceleraremos las acciones en las cuales hay rezagos y trabajaremos para cumplir los compromisos del Estado para lo cual proponemos incrementar de 1 a 3 billones de pesos la inversión en bienes públicos rurales (vías terciarias, acueductos, riego intrapredial, centros de acopio, educación y salud, energización, conectividad, entre otros). No vamos a retroceder a una discusión pasada y avanzaremos en los puntos más rezagados del Acuerdo de Paz en beneficio de las regiones. Enfatizaremos en la implementación del catastro rural multipropósito y la formalización de tierras para avanzar hacia la meta de 7 millones de has. formalizadas. Con ese propósito, fortaleceremos el fondo de tierras en el que han ingresado ya 1.3 millones de has. y lo llevaremos a 2.2 millones de has. al finalizar el 2026. Con ello nos acercarnos a la meta de 3 millones y aceleraremos la entrega de tierras para pasar de 235 mil has. actualmente a 1 millón en el 2026.

Daremos continuidad y profundizaremos la ejecución de los proyectos priorizados con participación de las comunidades en los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR). Trabajaremos por la reincorporación de los excombatientes y por la superación del estado de cosas inconstitucional, en cumplimiento del reciente fallo de la Corte Constitucional. Nuestro compromiso con la protección de la vida de los excombatientes es total, y garantizaremos el cumplimiento de la ruta de reincorporación. Para esto evaluaremos y mejoraremos la calidad del gasto de la UNP y reforzaremos los criterios de asignación de los esquemas de protección en función de estudios de seguridad.

Brindaremos una segunda oportunidad a los excombatientes que han cumplido con su proceso de reincorporación a través de una alianza con los empresarios que garantice la sostenibilidad de las oportunidades de emprendimiento y empleo digno de los más de 70 mil reincorporados que merecen consolidar sus proyectos de vida. Fortaleceremos la veeduría nacional e internacional a los seguimientos de los acuerdos para garantizar el cumplimiento de las Farc en la entrega de los recursos ilegales a las víctimas, confesión de la verdad de todos los actores, prevención de los exguerrilleros de la base para que no se devuelvan al conflicto, diálogo permanente con todas las entidades para construir propuestas de acompañamiento. Recuperación de los territorios que dejaron las Farc con oportunidades y seguridad. Apoyo y acompañamiento a todas las víctimas de las Farc o movimientos comunes y de otros grupos armados. Descentralizar el cumplimiento y vigilancia de los acuerdos, descentralizar las respuestas al cumplimiento de los acuerdos por medio de espacios de diálogo social que serán la base diagnóstica para elaborar estrategias de gran impacto social en las zonas de conflicto.

Para las víctimas aceleraremos el ritmo de aplicación de las medidas de reparación administrativa. Para esto, revisaremos el gasto para eliminar duplicidad de funciones, focalizar mejor los recursos, identificar y corregir las deficiencias operativas. Además, focalizaremos la mayor parte de los esfuerzos financieros en la reparación administrativa de tal forma que en un horizonte de 10 años el Estado haya reparado a las víctimas que se encuentran hoy en el registro (al ritmo de hoy tardaríamos más de 30 años). Trabajaremos en la inclusión social y económica de las víctimas. Priorizaremos a las víctimas en todos los programas de servicios sociales del Estado. Siempre que cumplan los requisitos de cada programa, nos aseguraremos de que las víctimas vayan primero.

Gustavo Petro

Dice que dejarán atrás la guerra y entrarán por fin a una era de paz, que es un nuevo contrato social para garantizar los derechos fundamentales de la gente, en particular de las víctimas. Su objetivo es superar la violencia y generar una cultura de paz a través de:Cumpliremos a cabalidad el Acuerdo de Paz con las Farc y retomaremos las negociaciones con el Eln para finiquitar la existencia de la insurgencia armada en Colombia a partir del diálogo político. Implementaremos un proceso pacífico de desmantelamiento del crimen organizado mediante la vía del diálogo y sometimiento a la justicia de los diversos grupos multicrimen y organizaciones ligadas al narcotráfico, cambiaremos el paradigma de la guerra contra las drogas por el de la regulación y garantizaremos la reparación integral de las víctimas.

Recuperaremos el tiempo perdido, cesará la violencia contra los firmantes de la paz y con el concurso de toda la sociedad y la comunidad internacional haremos realidad lo pactado en toda su extensión, en particular la reforma rural integral será pilar central de nuestra propuesta de democratización de la tierra y por tanto entre otras medidas constituiremos el Fondo de Tierras, crearemos la jurisdicción agraria, avanzaremos en la elaboración de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR), implementaremos el Registro de Sujetos de Ordenamiento (Reso) para contribuir a la resolución pacífica de conflictos y a la seguridad jurídica de la tenencia.

La JEP tendrá toda la colaboración para que la justicia transicional esté revestida de confianza y se convierta en piedra angular del tránsito en Colombia hacia una era de paz. Apoyaremos para que en Colombia encontremos a los desaparecidos en el conflicto. Nuestro gobierno no escatimará esfuerzo para que el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición cumpla su cometido y los mandatos legales y constitucionales. Construiremos y acordaremos la política pública de paz, reconciliación y convivencia con el Consejo Nacional de Paz, tal y como está establecido en el punto 2.2.4 del Acuerdo de Paz.

Rodolfo Hernández

Expresa que la paz es una condición más allá de la ausencia del conflicto armado, es la efectiva dignidad en cada ser humano que integra la sociedad; es un deber esencial del Estado y que para conseguirla no se pueden curar con paños de agua tibia las consecuencias de una violencia estructural.

Es necesario, con carácter de urgencia, atacar las causas. En una sociedad en la que el hambre predomina es imposible alcanzar la paz. Plantea un nuevo contrato social con Colombia: el camino hacia la paz real.

Promover y hacer evidente la voluntad de la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc. Hay que cumplir con el cronograma, brindar a los reincorporados el trato más digno, razón por la cual la fuerza pública se ocupará de defender a los firmantes que siguen con la voluntad de legalidad, sus vidas y sus negocios.

Abrir un proceso de acercamiento del Eln al Acuerdo de Paz firmado con las Farc. Basta un otrosí en el que se incluya a esta organización como firmante del acuerdo. No se establecerán nuevas mesas de negociación que impliquen interminables conversaciones.

Sergio Fajardo

Habla de Colombia sin miedo, de recuperar la seguridad, la confianza y consolidar la paz. Dice que su propuesta integral de seguridad pondrá el respeto por la vida y los derechos humanos en el centro, para devolverles la tranquilidad a los colombianos. Además, tendrá el cumplimiento del Acuerdo de Paz como eje central y enmendarán los errores que se han cometido en los gobiernos anteriores: "la paz será un factor de cohesión, no de division", sostiene.

Diseñaremos, con las Fuerzas Militares, estrategias de combate a la criminalidad teniendo en cuenta los diferentes contextos territoriales, en especial las afectaciones de seguridad de las comunidades, sus lideresas y líderes. Fortaleceremos, técnica y humanamente, la inteligencia de la fuerza pública contra las amenazas criminales. Implementaremos integralmente el Acuerdo de Paz en asocio con las políticas de empleo, vivienda, infraestructura, salud, y educación. La presencia del Estado con todas las políticas sociales, de seguridad y de justicia se hará a través del liderazgo presidencial, en asocio con las autoridades territoriales, con amplia participación social, y con el mejoramiento y ampliación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), y los demás instrumentos creados al amparo del Acuerdo de Paz. Se promoverá la creación de la jurisdicción agraria para todo el territorio y se incrementarán las acciones para la restitución de tierras y la formalización de predios rurales.

Como presidente tendremos la herramienta constitucional para negociar la paz completa con el Eln, y el sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales. Enfrentaremos la crisis humanitaria con todas las medidas políticas y jurídicas al alcance del jefe de Estado. No habrá fumigación que afecte la vida y la biodiversidad. Se priorizará y fortalecerá la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, reformando el sistema de incentivos individuales por comunitarios y de obras. Revitalizaremos el diálogo social sobre este aspecto en los territorios e impulsaremos el desarrollo rural integral en las regiones con mayor presencia de cultivos de uso ilícito. El jefe de Estado liderará la construcción e implementación de una política de regulación del mercado ilegal de sustancias psicoactivas como el cannabis y el uso medicinal, ancestral y nutricional de la hoja de coca. Desarrollaremos una política de justicia transicional y alternativa para los territorios amenazados por la criminalidad organizada, tales como casas de justicia, amigables componedores, jueces de paz, garantías de no repetición.