Un grupo de abogados en Bogotá demandó, de forma independiente, la elección de unos ocho congresistas del Partido Liberal Colombiano, entre los que está el senador caldense Mario Alberto Castaño Pérez.
El proceso cursa trámite en la Sección Quinta del Consejo de Estado y la audiencia inicial se realizó el 30 de enero, pero a la que no asistieron el senador ni su abogada, Luz Mónica Acevedo Talero, pues ya habían respondido por escrito.
Los demandantes (Jorge Lara Bonilla, Jesús Antonio Arias Huérfano, Sonia Beatriz Cabrera y Jorge Augusto Hernández Ramírez) argumentan que el senador no reúne los requisitos constitucionales y legales para ser elegido a nombre del liberalismo en el periodo 2018-2022 y por tanto solicitan se declare nula su elección.
Se basan en que el aval para haber inscrito ante la Registraduría Nacional del Estado Civil a Castaño Pérez lo otorgó Miguel Ángel Sánchez Vásquez, secretario general del Partido, a través de la Resolución 5265 del 11 de diciembre de 2017; pero supuestamente, sin estar legalmente facultado.
Agregan que aunque la Dirección Nacional Liberal designó a Sánchez Vásquez como representante legal, se hizo desconociendo los estatutos vigentes de la colectividad, que son los aprobados por la Constituyente Liberal en el 2000 y que indican que dicho cargo debe elegirse por el Congreso Nacional del Partido, y Sánchez Vásquez fue electo según el Artículo 20 de los estatutos del 2011, declarados ilegales.
La defensa
El senador manifestó ayer a LA PATRIA que espera que la demanda sigan su trámite. “Lo digo con responsabilidad, la persona que nos dio el aval a todos los candidatos liberales a Senado y a Cámara de Representantes fue Miguel Ángel Sánchez, facultado para ello. Entonces nos tendrían que sacar a todos. Soy un convencido de las instituciones. Espero que con el material probatorio se me conceda la razón”.
Su defensa señaló que los demandantes pretenden es hacer un control de legalidad de la designación del secretario general, pero que el otorgamiento de avales fue avalado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y no hubo impugnación. Además, que la vigencia de los estatutos no se encuentra en discusión porque están vigentes, como lo falló la Corte Constitucional el 21 de septiembre del 2017. Este mismo argumento lo usó el representante del CNE en la audiencia. Esta demanda va para recolección de pruebas para luego dar el fallo.
Otra demanda
Mario Castaño enfrentó otra demanda el año pasado, siendo aún representante a la Cámara, pero que le implicaba pérdida de investidura. No se le comprobó que había superado las ausencias sin justa causa a sesiones en las que se votaron proyectos de ley, por lo que le querían declarar la muerte política.
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