LA PATRIA | MANIZALES
Un nuevo escándalo se suma a la carrera política del alcalde de Aguadas, Óscar Yonny Zapata Ortiz, porque al parecer, en el 2016, entorpeció las labores de la Policía mientras inspeccionaban establecimientos nocturnos. Esta fue la razón para que la Procuraduría General de la Nación formulara pliego de cargos contra el mandatario.
La Procuraduría Provincial de Manizales cuestionó, en un comunicado, el comportamiento irregular de Zapata durante el primer semestre del 2016, pues en varias oportunidades, "al parecer abusó de su condición de primera autoridad policial del municipio para extender los horarios establecidos por la misma Administración, según un acuerdo municipal del 2015".
El informe señaló que sus acciones corresponden a una presunta extralimitación en el ejercicio de sus funciones al impedir operativos policiales de cierre en diferentes establecimientos donde se expendía licor, y en los que él permanecía hasta la madrugada.
La Procuraduría calificó, de manera provisional, la presunta falta del alcalde como grave a título de dolo, porque tenía conocimiento y voluntad de que estaba violando disposiciones constitucionales que buscan el respeto de la administración pública.
El alcalde le dijo a LA PATRIA que se extraña del inicio de esta investigación por ser un hecho de hace tres años. "Me quieren volver famoso, mientras otros alcaldes pasan desapercibidos. Al mal paso hay que afrontarlo. Respeto las instituciones de control, pero estudiaremos los recursos para defendernos. Vuelvo a ser noticia".
Señaló que es una persecución política contra su administración y que buscan su caída. "Me investigan por un almuerzo y ahora por un horario. No fui grosero ni impedí que la Policía hiciera su vigilancia. Me quieren dañar la imagen en época electoral".
Otros procesos
Zapata Ortiz estuvo 829 días en el cargo hasta que lo encarcelaron en abril del 2018. Luego permaneció 337 días detenido. Quedó libre en marzo de este año por vencimientos de términos. Un juzgado de Control de Garantías de Manizales ordenó su libertad.
Afronta un proceso por un contrato de $11 millones para la celebración del Día de la Familia de los empleados de la Administración. Le imputaron cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en beneficio de terceros y falsedad ideológica en documento público.
Tiene otro proceso por fraude procesal y falsedad en documento privado. La Fiscalía lo sindica de incurrir en doble militancia política e inducir a error al Tribunal Administrativo de Caldas.
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