Alas al movimiento social

GEOVANNY MARTÍNEZ

LA PATRIA MANIZALES

El conflicto armado en Colombia ahogó el grito de la movilización social. Tras el acuerdo de paz con las Farc, ese quejido se vuelve a escuchar y con más intensidad. Un ejemplo son los paros cívicos en Chocó y Buenaventura, aunque en el del Chocó ya se llegó a un acuerdo con el Gobierno Nacional.

Es el séptimo cese de la historia en el departamento que tiene como capital Quibdó. El primero fue en 1967, mientras que el último cumple hoy 19 días. En la huelga en la que obtuvieron más avances fue en la de 1987, según Dilon Martínez, coordinador del Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó. “Se logró la ciudadela universitaria y un puente para cruzar el río Atrato”.

El puerto más importante del Pacífico vive su tercer paro de la historia. El primero fue en 1964, el segundo en 1998, mientras que el tercero se desarrolla en este momento y cumple 13 días. A esas huelgas regionales se suman el cese de los docentes, de los empleados del Ministerio de Trabajo, de los guardianes del Inpec -que rechazan la congestión carcelaria-, los plantones de las madres comunitarias del ICBF, la nivelación salarial de todos los trabajadores estatales y hasta los taxistas en contra de la plataforma tecnológica Uber.

“Es la nueva dinámica de Colombia. Las movilizaciones sociales han sido estigmatizadas por la intromisión de la guerrilla. Todos los que hemos liderado esas manifestaciones hemos sido señalados, ahora que las Farc no están en el centro de la acción armada eso lleva a que sectores sociales que no se movían con la misma actitud que los movimientos agrarios lo hagan con mayor intensidad. El empoderamiento ciudadano está haciendo que los movimientos sociales estén cogiendo identidad propia”, explica Lucho Garzón, exalcalde de Bogotá y exministro de Trabajo.

Freddy Lloreda, miembro del Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó, asegura que si algo pudo ahogar la expresión de la sociedad civil fue la guerra. “Se cometieron crímenes y violaciones de derechos humanos que bloquearon el nacimiento de la movilización popular. Sin duda la desmovilización de los paramilitares en el 2005 más el acuerdo con las Farc han permitido que ese torrente social represado se haga sentir de manera decisiva en sus aspiraciones más legitimas como son la justicia e inclusión social”.

El sacerdote Jhon Reina, miembro del Comité del Paro Cívico de Buenaventura, indica que la protesta social se tapaba con el pretexto de que era una iniciativa revolucionaria o que estaba infiltrada por grupos de izquierda. “Como se satanizaba, la gente por temor no salía a manifestar su descontento. Esperamos que la derecha no se vaya a inventar otra terminología para estigmatizar”.

Lucho Garzón recuerda que en la década del 80 por hacer un grafito en una pared metían a un ciudadano a la cárcel. Se refiere al Decreto 1923, conocido como Estatuto de Seguridad, expedido por el presidente Julio César Turbay. El delito político quedó sujeto a la interpretación castrense, muchos civiles terminaron perseguidos por el Estado.

Hoy, al parecer, las condiciones cambiaron, aunque Humberto Hurtado, representante del Comité del Agua del Puerto del Pacífico, denuncia que sigue la represión del Estado. “El Gobierno Nacional para bloquear el paro mandó a Buenaventura 2 mil 500 agentes”.

Eso evidencia que la inteligencia militar y policial no ha cambiado, sigue con una imagen prejuiciosa de que esas iniciativas sociales son acciones subversivas.

Apogeo

En medio de la represión, sin embargo, hay un empoderamiento de los movimientos sociales que empiezan a tomar entidad propia. No tienen ni jefe único ni partido. “Un ejemplo es que en el Pacífico son los afros y no los representa ni Piedad Córdoba ni el señor Luis Gilberto Murillo, ministro de Medio Ambiente, los liderazgos son diferentes con apoyos de sectores sociales”, indica Garzón.

El auge de la movilización social se basa en que la comunidad que ha sido marginada cree que ahora que comienza el posconflicto puede haber una nueva forma de hacer política. Siente que es el momento de movilizarse, porque es la oportunidad de hacer parte del nuevo establecimiento.

Además cuentan con el apoyo de la Iglesia Católica, un respaldo nada despreciable en un país conservador como Colombia. Monseñor Héctor Epalza, obispo de Buenaventura, en el 2014 reveló los excesos del conflicto armado y denunció el abandono al que el puerto fue sometido. Hoy apoya el paro cívico en esa ciudad.

Igual sucedió con monseñor Juan Carlos Barreto, de la Diócesis de Quibdó, quien en el 2014 denunció, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la crisis humanitaria que agobia a la población afrocolombiana e indígena en el Chocó. “La base social pelea por la reivindicación de sus derechos. Lo hace contra un Estado que olvidó el departamento y ha sido reticente con los modelos de corrupción”.

“El mismo presidente Santos dijo que los diálogos con las Farc eran para que hubiera paz con equidad social. Nosotros estamos poniendo la segunda parte para que a Santos le quede fácil sacar adelante las reformas económicas que se necesitan y hacer irreversible el desarme de las Farc, animar al Eln a desmovilizarse y neutralizar las bandas emergentes”, advierte Freddy Lloreda.

Otro factor interesante es que en estos paros no aparecen los congresistas. Es un pulso que mantienen los líderes sociales con los políticos que en la historia de Colombia se han aprovechado de las movilizaciones sociales para sacar réditos. “Esta es una auténtica expresión de la ciudadanía. Si algo le ha hecho daño al Chocó es la politiquería, el contubernio entre políticos regionales y nacionales”, denuncia Lloreda.

Dilon Martínez va más allá y califica ese contubernio como el culpable de los incumplimientos históricos del Estado con el Chocó. “De lo pactado en los paros solo se cumple el 40%, pero hay un ingrediente adicional y es el color de la piel, para nosotros no es casual que todos los asentamientos humanos de comunidades negras vivan en la pauperización, eso tiene que ver con discriminación racial”.

Hoy parece que esa discriminación queda atrás con la dinámica del empoderamiento ciudadano que va muy ligado a las redes sociales. Esas redes vuelven igual al otro, eso mismo hacen los movimientos sociales.

Formación de líderes

En ese ‘caldo de cultivo’ surgen nuevos líderes. Como fue el caso de la década del 90. “Se aprovechó una coyuntura, la debilidad del gobierno Samper. Fui artífice del Frente Social y Político antesala del Polo Democrático, logre la Alcaldía de Bogotá en 2003, de ahí salieron dirigentes como Navarro Wolf que se alzó con la Alcaldía de Pasto. También emergieron Angelino Garzón, Wilson Borja y Jaime Dussan, incluso abogados del magisterio. Es posible que en las próximas elecciones con las nuevas dinámicas sociales se perfilen nuevos dirigentes salidos de los paros regionales que vive actualmente el país”, destaca Garzón.

Hay otro factor del que no se habla mucho y son los cabecillas y mandos medios de las Farc que se reintegrarán a la vida civil con la intención de hacer política y llegar por la vía democrática al poder. Aunque a la hora de movilizar gente sean efectivos, antes de llegar a liderar movilizaciones sociales, que más adelante representarán votos, deben lavar su imagen. Su reincorporación no solo es jurídica sino económica y social. Hoy están más pendientes de que se cumpla el acuerdo de paz, pero más adelante entrarán en la puja por el poder.

“Voy a decir una barbaridad, pero la guerrilla deja la lucha armada por la lucha social. La paz lo que hace es poner en la superficie los problemas que siempre se han acumulado. Hoy, por ejemplo, nadie se atreve a decir que la guerrilla está detrás de los paros. Hay menos miedo. El insumo de la paz no es que la gente deje de protestar y amaos unos a los otros”, concluye Garzón.

Igual opina Lloreda: “Sin duda esto nada más es el comienzo de una revolución pacífica de todos los sectores oprimidos del país. Nada más es el inicio, Colombia se sorprenderá con las dimensiones que la movilización social alcanzará”.