La pena para Castaño

Tras haberles a negado en repetidas ocasiones a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia su participación en la red de corrupción bautizada por la Fiscalía como Las Marionetas, el senador liberal Mario Castaño Pérez, ante la abundante evidencia que lo señalaba como el líder de esa organización de corrupción que se especializó en sustraer cuantiosos recursos públicos para su propio beneficio, decidió aceptar su participación en 19 actos delincuenciales que se resumen en seis delitos: concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, tentativa de peculado por apropiación, estafa agravada y concusión.
El político caldense, quien fue reelegido en marzo pasado para un nuevo periodo de cuatro años en el Senado de la República, reconoció que concertó con varios de los demás imputados en este vergonzoso caso para apropiarse de recursos públicos, direccionar contratos, estafar y cobrar por ejercer funciones propias de su cargo, en una cuantía que podría llegar a los cerca de $60 mil millones, aunque se presume que la cifra podría ser aún mayor.
Como Castaño, como aforado, tuvo la posibilidad de lograr un preacuerdo con la Corte. Aplicando la Ley 600, que le favorece, puede negociar la pena, la cual se calcula que estaría en cerca de 15 años de prisión en total. Sin embargo, Castaño tiene la posibilidad de rebajas por distintas circunstancias, como que dedique parte de su tiempo en la cárcel a estudiar y trabajar, o incluso por participar en comités de internos, lo cual se podría traducir en una salida del penal en unos 9 años, aproximadamente.
Esos son los cálculos que hacen expertos abogados penalistas, al analizar las circunstancias de este caso específico, aunque la pena efectiva podría ser aún menor, ya que, sin hacer ninguna actividad en la penitenciaría, un condenado en las circunstancias de Castaño podría lograr la salida con libertad condicional una vez que pague las tres quintas partes del tiempo que se haya pactado inicialmente. Con las demás rebajas que, seguramente, buscará, no será mucho el tiempo que permanezca detenido.
A la luz de esos planteamientos, queda la reflexión acerca de la tibieza con que nuestras normas actuales valoran graves hechos de corrupción como este, en los que los procesados pueden enriquecerse con los recursos del Estado, pasar un tiempo mínimo en prisión y salir luego a disfrutar de los beneficios logrados con sus delitos que nos afectan a todos. Se necesita que se establezcan penas más duras en Colombia para castigar este tipo de conductas, que son aún más graves cuando es un servidor público quien lidera una banda, como en este caso.
A los ciudadanos nos queda la lección acerca de las personas que respaldamos con el voto para los cargos públicos, ya que resulta el colmo que pese a tantas evidencias en contra de Castaño antes de las elecciones del 13 de marzo, haya resultado elegido, lo cual le favorece ahora cuando puede negociar su sentencia. Hay, hasta el momento, 34 detenidos por este caso, pero podrían ser muchos más, y hay también personas cercanas a Castaño que se han beneficiado política y económicamente, y que tuvieron respaldo en las elecciones, que no deberían estar en los cargos que ocupan.

Esto tiene que servir para que en las elecciones regionales del año entrante toda esa organización política del Liberalismo en Caldas sea castigada en las urnas por los ciudadanos, quienes deben escoger de mejor manera a las personas que los representen en los concejos, las alcaldías, la Asamblea y la Gobernación de Caldas.