La infraestructura de transporte es la ruta para solventar la reactivación de la economía, así como la preservación y generación de los empleos, no solo en estos tiempos de crisis súbita. El sector viene demostrando los importantes flujos de inversión que ha movilizado la ejecución de construcciones, atribuibles principalmente al programa cuarta generación de concesiones.
Los proyectos de infraestructura requieren del interés del Gobierno Nacional para su implementación y de la destinación de gasto público para su inversión, porque se trata de proyectos de interés general que serán de gran impacto en la vida de la nación; se reflejarán en el estado de los distintos modos de transporte y a su vez en los servicios y usos que estos tengan. La ejecución de obras en cualquiera de las modalidades genera externalidades positivas en materia económica y social para las zonas en donde se desarrollan estas iniciativas, ya que existe un encadenamiento de todos los sectores productivos a través del suministro de bienes, maquinaria, insumos o servicios necesarios.
Los proyectos de infraestructura se convierten en la oportunidad perfecta para dar respuesta contracíclica al comportamiento actual de la economía y la preservación de los empleos formales y de calidad, que afortunadamente en este caso promueve la empleabilidad en todos los niveles sociales, tanto de mano de obra calificada como no calificada.
El Gobierno Nacional alentado ha identificado en el radar un inventario amplio de posibilidades en materia de infraestructura que requiere el país, algunos de ellas corresponden a las denominadas 5G, proyectos de asociación pública privada en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura. Es un ambicioso paquete de 48 billones de pesos que incluye dos fases, la primera de 6 proyectos viales, 3 aeroportuarios y 1 férreo; la segunda fase de 11 proyectos viales.
Muy oportuno sería que el Estado, analice la posibilidad de adicionar nuevas obras en los contratos vigentes y exitosos de 4G, con el fin de completar y mejorar los alcances iniciales. Varios de estos proyectos empiezan a ver la luz al final del túnel, culminan obras e inician la etapa de operación y mantenimiento, dejando experiencia, conocimiento, economías de escala, lecciones aprendidas, maquinaria y capital humano preparado para estructurar la ejecución hasta del 20% del valor inicial de los contratos, aumentando los kilómetros de vía sencilla y doble calzada, puentes y accesos para comunicarse con otras vías y cascos urbanos.
Con muy buen tino, la Sociedad de Agricultores de Colombia y la Cámara Colombiana de la Infraestructura, proponen al Gobierno destinar siete billones de pesos de regalías para mejorar la red terciaria nacional a través de contratos de obra pública, liderados por el INVÍAS y las gobernaciones, permitiendo mejorar las vías y conectar los municipios y veredas a los corredores viales concesionados del orden nacional para que el sector agrícola mejore las condiciones logísticas y comercialización de sus productos. Ojalá se implemente esta propuesta y sirva para contratar con base en pliegos tipo, justos, serios y que promuevan la pluralidad de oferentes.
Completando este menú de alternativas es clave flexibilizar las condiciones para ejecutar obras por impuestos, escenario por medio del cual, los empresarios y contribuyentes reemplazan el pago de impuestos por la ejecución de obras sociales y de transporte.
Es fundamental reconocer que el avance del sector de la infraestructura potencializa el desarrollo turístico, logístico, comercial y agrícola del país. Por eso, la infraestructura es la ruta nacional.