Hizo falta Cristo en las etapas finales del fast track. No pasó la reforma política, le dieron un zarpazo a la JEP y la coalición de matices de derecha que armaron los conservadores, Cambio y el Centro Democrático, con la participación y complicidad de algunos liberales y miembros de la U, trató de hundir la creación de las circunscripciones electorales para las víctimas. Pero no contaron con la astucia del ministro del Interior, que con una maniobra que envidiaría el Chapulín Colorado les dio respiración artificial a las circunscripciones electorales especiales para las víctimas del conflicto que los de la coalición de derechas daban por muertas, lo que les ha valido fuertes recriminaciones de Humberto de la Calle y de las asociaciones de víctimas. Esto último parece haber preocupado a Uribe que propuso reparar después de elecciones el daño que él ha ayudado a provocar, tratando de no perder los voticos de las víctimas y de ganar con cara o con sello.
Pero el Gobierno le salió adelante haciendo valer la idea de que solamente se necesitan 50 votos para aprobar la ley de las circunscripciones y salvó el día. Le ha solicitado al Senado enviar la ley para su promulgación, lo que pondría en manos de la Corte Constitucional la decisión sobre la legalidad si las directivas del Senado la envían, o del Consejo de Estado en caso contrario. Transformada la aparente derrota en un problema de aritmética que tiene que resolver un tribunal, podría decirse entonces que las circunscripciones sobrevivieron el marrullero intento de boicot de las derechas, pero están en cuidados intensivos. Se salvan si los jueces o los consejeros actúan responsablemente y con integridad, y no escogen llenarse de vergüenza como lo han hecho los de la coalición de derechistas en él y sus cómplices abyectos del liberalismo y de la U, que están en la mira de la Procuraduría.
El espectáculo que han dado los políticos opuestos al acuerdo de paz y la desconfianza que han creado sobre la seriedad del Estado colombiano y su establecimiento político, sumada a la percepción que se tiene desde hace algún tiempo de que en Colombia es cada vez mayor la inseguridad jurídica y la venalidad, van a tener consecuencias muy dañinas para la reputación de Colombia. La ONU ya se está quejando de nuestra incapacidad para ejecutar decisiones y de la facilidad que tenemos para poner conejo y mamar gallo en ocasiones como la de poder ponerle fin a más de 50 años de guerra interna, que exige visión de país, grandeza y seriedad.
Los líderes de Cambio, del Partido Conservador, y del Centro Democrático no han previsto que las acciones y omisiones de sus congresistas en la última etapa del fast track le han propinado un severo golpe al buen nombre del país y a la “confianza inversionista”. Por eso hay que celebrar la brillante salida que ha encontrado el gobierno, que ha resultado haber sido concebida originalmente por el senador Roy Barreras, hábilmente ejecutada por el ministro Rivera para neutralizar el boicoteo ruin de las derechas a la posibilidad de que las víctimas tengan representación en el Congreso, y felicitar a los dos chapulines por su astucia y su arrojo en defensa de la paz y de las víctimas.