Empezaremos un nuevo gobierno y con él nuevas expectativas en el sector agrícola, una de sus banderas será la reactivación y dignificación de uno de los motores del desarrollo social y productivo. Duque entrega un sector con una pobreza arriba del 44% y una financiación de la producción agropecuaria que no supera el 7% con respecto a la cartera bancaria.
Tendremos que mirar el futuro y ver cómo podemos cambiar esa realidad. Las políticas públicas deben estar encaminadas a que campesinos y empresarios puedan ser competitivos, rentables, paguen sus costos, sus créditos, puedan vivir de su actividad y que al final les quede para pagar impuestos. Deben ser capaces de producir rentablemente al menor costo.
¿Cómo hacerlo?; como lo han hecho países que están a la vanguardia en producción y exportaciones: con biotecnología agrícola, mecanización, buenas prácticas, financiación, compra asegurada del producto, precios y cobertura de riesgos, infraestructura de acopio, almacenamiento y comercialización.
En nuestro medio hay muchos factores adicionales que deben ser intervenidos para darle un vuelco al campo y cerrar la brecha entre zonas rurales y urbanas: educación rural, acceso a la salud, conectividad, servicios, vivienda rural, manejo de la informalidad, garantía de seguridad social a trabajadores del campo, adecuación de la legislación laboral para trabajadores agrícolas, herramientas tecnológicas que permitan afiliar y desafiliar a personas que pertenecen a un sector nómada y migrante, protección del riesgo para empleadores y empleados, comercio ético, precios de sustentación y acortamiento de las cadenas de valor (intervención de las mafias y carteles de comercialización).
Los que estamos involucrados en actividades agrícolas vemos cada día con preocupación la disminución de la mano de obra en el campo, es una población cada vez de mayor edad y los jóvenes que quieren trabajar en esto son cada vez menos. Por otro lado existen incentivos gubernamentales que riñen con la intención de formalizar trabajadores, si están en régimen subsidiado y pertenecen al SISBEN no quieren pasar a contributivo y prefieren seguir en el rebusque o al día. En las fincas, con mucho esfuerzo, creamos cargos de empleo formal y los trabajadores no lo quieren para no perder los beneficios de familias en acción u otros subsidios. El Estado fomenta la informalidad con estímulos nocivos por un lado, y por otro nos ejecutan por emplear informalmente.
La comercialización de productos agrícolas, frutas y verduras, está sometido a carteles de plazas y cadenas que compran muchas veces por debajo de los costos, da indignación ver precios en supermercados y tiendas 3 o 4 veces por encima del precio que se paga en las fincas. Los costos de producción se han elevado, los comercializadores se los aplican inmediatamente al consumidor, pero no se ve reflejado en los precios de compra de las fincas.
El nuevo gobierno pretende volver productivas tierras inexplotadas o dedicadas a la ganadería extensiva; se necesitarán recursos para financiar la compra (¿cómo será el mecanismo de identificación de tierra improductiva?), el establecimiento de cultivos, el sostenimiento de la mano de obra, vías para la movilización de productos a los centros de consumo, precios que permitan el sustento del agricultor, el retorno de la inversión, el pago de los pasivos, la renovación de cultivos y la tributación. Es un reto gigantesco, volver el país un referente agrícola y una despensa de alimentos requiere una financiación y unas políticas sin precedentes en Colombia, algunos vecinos han dado pasos importantes en ese sentido, Brasil, Perú, Chile. Estamos esperando la anunciada reforma agraria con sus políticas de desarrollo rural integral que nos lleven a la esperada transformación, a la seguridad alimentaria y al desarrollo sostenible.