El confinamiento y el distanciamiento social nos obliga a pensar no sólo cómo afrontar la emergencia sino cómo transformar nuestra sociedad. Ante la preocupación acerca de que los subsidios condicionados diseñados para los más pobres no cubrirían a la población vulnerable que no califica como beneficiaria de aquellos, se reactivó el debate sobre una vieja y audaz propuesta: la renta básica. Se trata de una iniciativa que desde hace décadas ha sido promovida por pensadores y filósofos de diferentes orientaciones políticas. En la década de los ochenta, varios académicos se reunieron periódicamente en un grupo que dio origen a la Red Europea del Ingreso Básico. Algunos experimentos parciales se han llevado a cabo. 
La idea es simple: todos los ciudadanos de un país, por el sólo hecho de serlo, deberían tener derecho a un ingreso monetario básico incondicional. Es decir, no se trata de un seguro de desempleo o de un subsidio focalizado. Es un ingreso que reciben todas las personas: empleadas o desempleadas, pobres o ricas, con hijos o sin hijos. Es -para usar el título de un libro escrito por uno de los más reconocidos defensores de la propuesta- Daniel Raventós, un pago por el derecho a la existencia. La idea de su provisión universal produce una obvia objeción: ¿por qué el ingreso o la renta básica lo deben recibir también los ricos?  La explicación es sencilla. Los programas focalizados generan varias dificultades: la estigmatización de la que suelen ser víctimas las personas que además de ser pobres, se ven en la penosa tarea de tener que demostrarlo; las oportunidades que los programas focalizados le brindan a los intermediarios clientelistas de las ayudas; los costos administrativos de identificar a los beneficiarios y el riesgo de cometer un error de exclusión. Así como es preferible perdonar a un culpable que castigar a un inocente, en política social es preferible cometer un error de inclusión que uno de exclusión. Adicionalmente, la propuesta de la renta básica no es completa sin una política tributaria fuertemente progresiva, de modo que los más ricos, aunque reciban la renta, la financian con sus impuestos. 
Hay otra objeción frecuente: que la renta básica premiaría a los vagos. En una sociedad liberal, las personas deben tener derecho a decidir qué hacer con sus vidas. Si alguien quiere emplear su tiempo leyendo toda la obra de Shakespeare, Tolstoi y Cervantes y además tocar la flauta, debería poder hacerlo en lugar de someterse a un trabajo tedioso y mal pago. De hecho, una ventaja de la renta básica es la de mejorar las condiciones de negociación de los trabajadores ya que sus alternativas no se reducirían a un trabajo miserable o el hambre. Además, en un mundo en el que los empleos productivos y bien remunerados son un bien cada vez más escaso, la renta básica ofrece un modelo de seguridad social más compatible con la creciente flexibilidad laboral.
En Colombia, algunos políticos, académicos y líderes de organizaciones sociales vienen proponiendo esquemas de subsidios incondicionados temporales y focalizados para cubrir, en esta emergencia, las necesidades de las personas vulnerables al apagón económico. Es importante tomar algunas de esas alternativas en serio. Para tomarlas en serio, hay que denominarlas como lo que son: subsidios temporales y focalizados. Es un error identificar a esas propuestas como “renta básica”. En todo caso, esta crisis es la circunstancia apropiada para pensar no sólo en las medidas remediales sino también en las de largo plazo: una renta básica universal e incondicionada. En una sociedad tan desigual, el problema no es de escasez sino de distribución.