El acuerdo de paz que se firmó en 2016 no marcha bien. Juan Manuel Santos no se preocupó lo suficiente por su implementación. Desde el comienzo, la reforma rural integral quedó embolatada y parece ser un nuevo episodio en la larga cadena histórica de frustraciones del campesinado colombiano. Para Duque el acuerdo de paz no es un compromiso de Estado. Se reduce a unos procesos de reincorporación y a unos programas de desarrollo con enfoque territorial que se parecen a lo que ha sido la tradición de la planeación participativa en Colombia: un ejercicio de participación sin poder, sin incidencia en la modificación de la economía política de las regiones. La justicia transicional es tergiversada y atacada como si fuera sinónimo de impunidad. Si el Gobierno y su partido nunca han reconocido la guerra, es natural que no reconozcan tampoco el acuerdo de paz y el hecho de que todo proceso de negociación política de un conflicto armado, implica una solución de compromiso entre las demandas de justicia retributiva y la necesidad de silenciar los fusiles.
La justicia es un fin valioso en cualquier sociedad. Sin embargo, no es el único. Sobran razones para valorar también la convivencia pacífica. Un acuerdo de paz es una solución de compromiso entre valores y principios en pugna. La máxima de Fernando I de Habsburgo: fiat justitia et pereas mundus (que se haga justicia, aunque el mundo perezca), no es una guía apropiada para la negociación política de un conflicto armado. Sin embargo, quienes defienden el maximalismo punitivo esgrimen un argumento para afirmar que valoran tanto la justicia como la paz: la impunidad actúa como incentivo para la continuidad o la reaparición de la violencia. En otras palabras, sin justicia no se sostiene la paz. Sin embargo, pierden de vista tres cosas: la primera, bastante obvia, es que el acuerdo fue el resultado de una negociación y no de una rendición incondicional; segundo, que el acuerdo no consideró como objeto ni de amnistía ni de indulto los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Además, aquellos que no reconozcan sus responsabilidades y sean hallados culpables por el tribunal para la paz podrían recibir penas entre 15 y 20 años de prisión; tercero, el dilema paz o justicia es demasiado simplista en la medida en que ignora que la justicia transicional tiene no solamente una dimensión retributiva también dimensiones correctiva, restaurativa y transformativa.
La justicia restaurativa se orienta hacia las necesidades de las víctimas e involucra a estas, a los perpetradores y a la comunidad. La justicia transformativa, como afirmó Louise Arbour, quien se desempeñó como Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, combina los objetivos de la justicia correctiva (reparación) con los objetivos de la justicia social (consideraciones redistributivas). Es decir, busca transformar relaciones sociales opresivas en relaciones equitativas. La idea de la paz territorial incorporada en el acuerdo corresponde a la dimensión transformativa de la justicia transicional. Desafortunadamente, las expectativas de transformación creadas por el acuerdo de paz son ahora fuente no sólo de frustración sino también de violencia. Los líderes sociales que reivindican la puesta en marcha de la reforma rural integral, la presencia reguladora del Estado frente a los conflictos locales, la protección de los ecosistemas y de sus modos y medios de vida, están siendo asesinados por cientos. El escenario del posacuedo está plagado de frustración y violencia. Ese es precisamente el tipo de escenario en el que las tareas de la construcción de paz cotidiana y de la justicia transformativa son más necesarias y urgentes.