Rociar glifosato sobre los campos colombianos no acaba ni con los cultivos ilícitos ni con el narcotráfico. En cambio, enferma a la gente, envenena los ecosistemas y aumenta la desconfianza del campesinado hacia el Estado. Todos perdemos con el herbicida, excepto las compañías que lo comercializan. La estupidez -dice Carlo Cipolla- es peor que la maldad. Al menos el malvado se beneficia con el daño que causa. Asperjar glifosato genera una pérdida neta para la sociedad toda y para el Estado.
Adriana Camacho y Daniel Mejía, investigadores de la Universidad de los Andes, publicaron en 2017 en una revista internacional especializada en economía de la salud (Journal of Health Economics), los hallazgos de un monumental trabajo basado en los registros diarios de consultas médicas en todo el país y en la información sobre fumigaciones: fechas y número de kilómetros cuadrados asperjados por municipio. Los datos corresponden al período que va de enero de 2003 a diciembre de 2007, el de mayor fumigación en los quince años del Plan Colombia. Camacho y Mejía encontraron que la exposición a las fumigaciones con glifosato aumenta las consultas médicas relacionadas con enfermedades dermatológicas y respiratorias y los abortos espontáneos. Aunque muchos estudios de caso han hallado evidencias de los efectos negativos del glifosato en la salud humana, este lo hace con base en un enorme volumen de datos (76 millones de visitas al médico), de modo que el seguimiento diario e individual permite diferenciar las enfermedades causadas por las fumigaciones de aquellas causadas, eventualmente, por la producción de coca: uso de precursores químicos y pesticidas.
Sin reparar en la evidente contradicción en los términos, el gobierno afirma que la aspersión ahora sería “de precisión”. Algo así como esparcir apuntando o desparramar sin regar. El problema no es solo de lógica sino de comprensión de las cosas más básicas: ¿Quién dijo que en la naturaleza, de la que los seres humanos formamos parte, las cosas funcionan como segmentos independientes? Que alguien les cuente a los ministros de defensa y de justicia que los ríos fluyen, que el viento sopla, que los animales y las personas se desplazan y que todo está conectado; que el veneno regado en un sitio termina contaminando a otro. El principio de precaución recomienda no llevar a cabo una acción cuando hay incertidumbre sobre los daños que pueda causar. Ese sería argumento suficiente para no fumigar. Ahora que la evidencia del daño causado por el glifosato es cada vez más robusta, no tiene sentido insistir en la aspersión aérea. Todavía menos si se considera que esta no es efectiva para reducir cultivos ilícitos o debilitar el narcotráfico. En un trabajo publicado en 2015, Daniel Mejía, Pascual Restrepo y Sandra Rozo, muestran que los cálculos más optimistas de los efectos de la aspersión aérea sobre el área cultivada indican que, para eliminar una hectárea de coca, es necesario fumigar al menos treinta hectáreas a un costo de 74.000 dólares por hectárea erradicada.
Esa plata termina perdiéndose porque una hectárea erradicada en un sitio es reemplazada luego por otra hectárea sembrada en otra parte. En el caso de las drogas ilegales, la demanda no cae automáticamente una vez aumentan los precios. Si disminuye la oferta, y nada más cambia, aumenta el precio. Y si al aumentar el precio no cae la demanda, o cae muy poco, entonces aumentan las ganancias y los incentivos para sembrar en otro lado. Es lo que se conoce como el “efecto globo”. Seguir una política inefectiva a un costo muy elevado y con múltiples daños colaterales es una demostración de estupidez.