No hay estrategia política más efectiva que la de encontrar un “villano” y culparlo de todos los males. Mientras el gobierno de Duque se quedó sin capital político buscando gravar con impuestos a cualquier grupo que estuviera distraído, la oposición abatió casi por completo su ley de financiamiento y encontró el villano perfecto: las bebidas azucaradas.
Como economista, me es grato que los impuestos estén en primera plana en el debate público. Por un lado, solo era necesario que un uribista propusiera aumentar impuestos para que la izquierda entendiera los efectos que estos traen y se convirtieran en un frente liberal. Por otro lado, podemos ver lo mal informados que estamos los colombianos en esta cuestión.
En primer lugar, los estudiantes simultáneamente piden más gasto y menos impuestos, a veces sugiriendo que se puede dejar de pagar la deuda sin que pase nada. Sin comentarios. Segundo, voces tan respetadas como la del exrector de la Universidad Nacional Ignacio Mantilla, entre muchas otras, sugieren que las gaseosas no pagan IVA. 
Resulta que sí pagan, pagan un IVA monofásico, lo que significa que lo paga el productor cuando sale de la fábrica. No lo cobra el tendero o el supermercado pues se presume que ahí hay poco valor agregado (IVA: Impuesto al Valor Agregado). Es triste que un académico trine sin corroborar y que no tenga la honestidad intelectual para rectificar cuando se equivoca. El académico discrepa con el gobierno, respetable. Pero en su propaganda política termina compartiendo noticias falsas, mintiendo sin querer queriendo. 
Entiendo las preocupaciones por la obesidad y la diabetes que motivan este impuesto adicional a las bebidas azucaradas: inclusive podría compartir la idea de ponerle un IVA plurifásico a las gaseosas como se hace con otros productos, entre otras para poder bajar otros tributos. Pero se debe hacer con cuidado, sin mentiras y basados en la evidencia, pues la tarifa diferencial para las gaseosas puede terminar muy mal.
Esto lo dicen casos de México y Perú. En México, investigadores del ITAM encontraron que, cuando se implantó el impuesto a las gaseosas, hubo un importante incremento en las enfermedades gastrointestinales en las zonas donde no había buena agua potable. En Perú, por su parte, la investigadora Patricia Ritter de la Universidad de Connecticut encontró que el consumo de gaseosas disminuía los niveles de diarrea y otras enfermedades en las zonas donde el agua del grifo es contaminada.
Las bebidas azucaradas eran la única opción que tenían muchas personas pobres para no tomar el agua sucia que llegaba a sus casas, producto de mala administración del Estado. La población estaba literalmente escogiendo entre el riesgo de la obesidad y el riesgo de otras enfermedades que pueden ser mortales. Con este impuesto, el Estado escogió por ellos y los condenó a la peor alternativa para ellos: a tomar el agua del grifo (de nuevo, contaminada culpa del gobierno) y a pagar con su salud la incompetencia del Estado. Un crimen moral.
El Estado colombiano aún tiene muchas tareas pendientes alrededor de la sanidad del agua, una de sus funciones más básicas. Las necesidades más grandes están en las zonas olvidadas de Colombia, por eso es necesario solucionar este problema antes de aprobar el impuesto a las bebidas azucaradas. 
Las políticas públicas se deben juzgar por sus efectos y no por sus intenciones. A eso los economistas le llamamos “consecuencias no intencionadas”, la gente del común dice que es lo que pasa sin querer queriendo.