El desarrollo de los municipios debe ser el resultado de la sumatoria de esfuerzos de todos los actores que hacen presencia en el territorio, de esta manera es necesaria la participación activa de los sectores gubernamentales, empresariales, académicos, ambientalistas y sociales, para construir de manera articulada los mecanismos que permitan mejorar las condiciones de vida de las comunidades.
La Junta de Acción Comunal (JAC) es uno de los principales instrumentos que el país presenta para fortalecer la participación ciudadana, pues otorga las herramientas necesarias para organizarse y buscar soluciones a las necesidades del barrio o vereda en el que haga presencia, a través de la incidencia de sus propios pobladores. El segundo domingo del mes de noviembre es el día de la acción comunal en Colombia, según la Ley 743 de 2002.
Las JAC nacen en 1958, en la vereda Saucitos, del municipio de Chocontá en el departamento de Cundinamarca, cuando campesinos que se organizaron para construir una escuela, establecieron un exitoso experimento social donde fueron determinadas las primeras reglas y su ejecución, y se creó así una asociación libre de personas que buscaba el bien común y mejorar las condiciones de existencia de quienes allí vivían. Esta estructura fue promovida por el profesor Orlando Fals Borda, quien documentó la experiencia y logró que fuera promulgada en la ley 19 de ese mismo año.
El 21 de noviembre de 2021 se realizaron las elecciones de los dignatarios de las JAC en todo el país. En Caldas se presentó una alta participación, ya que cuenta con 16.785 directivos en alrededor de 1.119 juntas, distribuidas en todo el departamento. Así mismo, se cuenta con el Decreto 387 de 2018, política pública que establece el direccionamiento de este escenario de participación en nuestro territorio.
Proyectadas desde lo local a lo nacional, las JAC deben fortalecerse mediante las siguientes estrategias, generando mayor impacto en los territorios:
1. Construcción de ciudadanía: fomentar la participación comunitaria, las principales apuestas de desarrollo saldrán del trabajo y gestión de la gente, promoviendo la educación y la cultura política, acompañados de los demás sectores territoriales. Las JAC deben organizarse administrativamente, con un plan estratégico claro, para no correr el riesgo de ser utilizados como “fortín político”, sino como constructores de bienestar y progreso.
2. Economía solidaria: las JAC se encuentran llamadas a diseñar y ejecutar modelos de negocios que le otorguen beneficios a la comunidad y prosperidad al territorio. Para lograrlo, cuentan con las comisiones empresariales, encargadas de gestionar recursos a través de proyectos de desarrollo y obtener inversiones en la vereda o barrio. Esto constituye a los comunales en empresarios, potencializando el emprendimiento en las localidades. La Alcaldía de Supía y la Gobernación de Caldas – Secretaría de Integración y Desarrollo Social - adelantan una estrategia de fortalecimiento de las comisiones empresariales con formación en finanzas personales y gerencia de proyectos, además de otorgar capital semilla para el fomento de los emprendimientos.
Por otra parte, el proceso comunitario se enfoca en el cuidado de los recursos naturales como el agua, y la importancia de su conservación por parte de la colectividad y se preocupa -entre otras cosas- por el mantenimiento de vías usadas por la población en su cotidiano, como placas huellas y demás. Recientemente, el presidente electo, Gustavo Petro mencionó que las JAC serán las encargadas de construir las vías terciarias.
3. Articulación con el Estado y el sector empresarial: el gobierno nacional, la gobernación y las alcaldías se encuentran llamadas a trabajar con las juntas en la puesta en marcha de estrategias que permitan invertir en las iniciativas comunales, articuladas al sector empresarial, materializando proyectos que impacten en mayor medida y de manera directa a los ciudadanos. Las JAC simbolizan lo que el país requiere: la incidencia de todos los ciudadanos e instituciones en la construcción democrática y muestra claramente, que cuando la sociedad civil se organiza, logra atraer a los sectores económicos y gubernamentales para generar desarrollo construido desde la base e implicando las comunidades.