Ha causado muchas opiniones encontradas la idea del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sobre la posibilidad de extender el cobro del IVA a buena parte de la canasta familiar y hacerles una especie de devolución a los pobres. Afirman que cobrar el IVA a la canasta familiar es injusto y que la compensación del eventual cobro es imposible. Veamos con cuidado cada una de ellas, para que no caigamos en erradas conclusiones.
Primero que todo, hagamos dos claridades: actualmente se les cobra IVA a varios elementos de la canasta familiar, luego los pobres lo están pagando y no se les hace ninguna compensación, es decir, la propuesta de Carrasquilla serviría para aliviar parte de la carga ya existente a los pobres. Mientras los ricos sí se están beneficiando del no pago de los bienes excluidos o exentos, lo que es una paradoja increíble. En segundo lugar, los esfuerzos de política pública en aras de la distribución del ingreso en el país, han llevado al Departamento de Prosperidad Social a montar un esquema para el pago en dinero de ciertos incentivos que están focalizados en los más pobres, más de 2 millones de personas. El Banco Agrario y Davivienda han hecho una labor bien importante. En pocas palabras, ya existe un canal de monetización de los subsidios que puede ser utilizado para la compensación del IVA.
De otra parte, en Colombia durante los últimos años ha habido una muy interesante reducción de la pobreza: pasó del 49,7% a 26,9%, siguiendo cifras de la línea de pobreza monetaria. En el mismo sentido y con otra metodología, la medición multidimensional, se redujo la pobreza del 49,2% al 17,8%. Pero la salida de la pobreza ha llevado al aumento de la clase vulnerable, la que salió de la pobreza, pero que puede volver, con cierta facilidad, a caer en ella. Por lo que sería interesante pensar qué hacer con esta franja delicada de la población, y corresponde al 39% de la gente.
Estudios muestran cómo la reducción de la pobreza depende de tres factores: el crecimiento económico, la redistribución (transferencias sociales y entre familias, y efectos demográficos) y la inflación. Los dos primeros la reducen y el tercero afecta perversamente aumentándola. La descomposición de la reducción de la pobreza monetaria entre 2016 y 2017 mostró una reducción imputable al crecimiento económico del 1,4 y por efectos redistributivos 1,1. Pero la inflación borró el 1,4. Así, podríamos decir que el peor “impuesto” que genera pobreza en el país es la inflación y de allí la importancia de su control, que está en manos del Banco de la República y del Gobierno. Detener la inflación es el mejor seguro en favor de los pobres, pues cualquier aumento atenta contra ellos. Veamos los dos de efecto positivo.
El crecimiento económico es el motor que genera actividad y da oportunidades de empleo y riqueza. El Gobierno lo ha puesto como uno de los objetivos claves de su política y tendrá que contar con el optimismo de los inversionistas, el riesgo asumido por los emprendedores y las oportunidades ofrecidas por el mercado. Crecer por debajo del 3% es inaceptable, porque el desempleo aumenta, hay que apuntarle a mayores tasas. Finalmente, los efectos redistributivos que obedecen a política pública y a la acción de privados. Los subsidios del Estado, que exigen un esfuerzo fiscal para mantenerlos, son buenos apalancadores, pero no deben tener vocación de perpetuidad, porque terminan siendo insostenibles. Y en los privados está la solidaridad que se manifiesta, por ejemplo, en las transferencias entre hogares.
La pobreza hay que seguirla combatiendo, por algo es el primero de los objetivos de Sostenibilidad de la ONU. Y para ello debemos ser creativos, como lo pide el ministro Carrasquilla.