La corrupción es el problema número uno de Colombia. En la última encuesta de opinión así lo dejó en evidencia: el 91% de los colombianos consideran que el problema de la corrupción va en aumento. Le sigue, sorpresivamente, la sensación que la inseguridad está empeorando con un 90%. La corrupción es, si se quiere, el peor cáncer de una democracia, porque corroe la posibilidad de establecer relaciones de confianza en la sociedad. Y, sin confianza el tejido social se deteriora definitivamente. Este problema va en aumento y puede ser una bomba para la democracia colombiana. Un electorado desesperado puede caer en las garras de cualquier demagogo que cale en la opinión.
Según el último ranking de Transparencia Internacional, “Índice de percepción de corrupción”, Colombia está en el puesto 96 a nivel mundial en el grupo de países que tienen un riesgo alto de corrupción si consideramos que tuvo 37 puntos, cuando 100 es lo más limpio. Estamos, a nivel internacional, igual que Brasil. Si bien estos índices son de percepción, y podríamos decir que es positivo que haya esa consciencia, pues si no hay consciencia no se trabaja. Pero estamos mal, hay consciencia en la sociedad de la necesidad de entrar en acción para erradicar la corrupción. Trabajo que no será fácil.
Transparencia entiende la corrupción como “Abuso de posiciones de poder o de confianza, para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones”. Y en efecto, no será rápido ni sencillo el proceso de purificación de nuestra sociedad, pues, como lo indica Marcela Restrepo, directiva de Transparencia, la corrupción se convirtió en una forma de gestionar el poder en el país. Este cambio cultural habrá que comenzarlo a trabajar desde la educación, pero también con medidas de choque para evitar que la política siga montada sobre la corrupción como forma de proceder. La tarea será bien compleja.
En el campo empresarial la cuestión también está grave. Según la cuarta encuesta sobre prácticas contra el soborno, el 91% de empresarios señala que percibe que se ofrecen sobornos en el entorno de los negocios. Y el 36% de los empresarios indican que hay una alta tolerancia a los sobornos. La Andi y los gremios deben emprender con mayor empeño la lucha contra la corrupción e ir más allá de comunicados y firmas de declaraciones. Hay que ser mucho más proactivos denunciando los casos concretos, colaborando con las autoridades y también dinamizando una tolerancia cero con los corruptos que pase por una clara sanción social.
Todas las esferas sociales deben cerrar filas contra la corrupción generando así un control social muy grande que requiere el país, para tejer de nuevo la confianza en la defensa de lo público.