Los casos de feminicidio que hemos venido experimentando en América Latina son vergonzosos. Que se mate a las mujeres por ser mujeres, es sencillamente una ignominia. Que 12 latinoamericanas y caribeñas mueran diariamente por ser mujeres, es una afrenta pública colosal. Esta estadística de la Conferencia Económica para América Latina se llena de dolor cuando leemos las noticias sobre los recientes casos de feminicidios en nuestros países.
Tres son los grandes frentes de batalla para erradicar esta enfermedad.
La primera es atender a las víctimas de maltrato, que sientan a una sociedad que se levanta en bloque contra la violencia a la mujer. En esto se ha ido mejorando en los últimos años, pero todavía falta mucha disposición de las autoridades competentes, pues se deben crear grupos interdisciplinarios y especializados para la atención de estos casos. Los estados deben ser mucho más diligentes en proveer estos espacios y grupos para proteger integralmente a las víctimas.
En segundo lugar, y como forma específica de protección a las víctimas se debe acabar con la impunidad. Los asesinos no siempre pagan sus crímenes. Por ello, la Fiscalía General de la Nación tiene allí una deuda grande. ¡En lo que va corrido del año, según la ONU, se han perpetrado 52 feminicidios en el país!
Pero lo más importante es el cambio de la cultura machista. Pues está muy enraizada en la cultura latinoamericana. Y ello se traduce, por ejemplo, en los resultados de las encuestas que reflejan ese machismo delirante, que no solo es transmitido por hombres, sino también por las mismas mujeres. Esta enfermedad cultural no perdona. Por ejemplo, el 37% consideran que las mujeres que se visten provocativamente se exponen ellas mismas a que las violen. O el 45% que piensan que las mujeres que se mantienen con la pareja que las golpea es porque les gusta. Esta cultura hay que erradicarla. Y ello exige un esfuerzo explícito educativo.
Para los tres puntos de batalla contra el feminicidio ya existe en el país los mecanismos legales. Con la ley 1761 del 6 de julio de 2015, no solo se creó el delito de feminicidio como autónomo en el código penal, sino se tomaron disposiciones para que la Defensoría del Pueblo adelantara un programa para atención de las mujeres víctimas de la violencia. Igualmente, se encomendó al Ministerio de Educación la implementación de un enfoque de género en los planteles educativos del país. Es más, hasta el DANE debe llevar unas estadísticas sobre la violencia a la mujer.
Pero más allá de una ley, lo que necesita el país una tolerancia cero con la violencia a la mujer. Toda la sociedad nos debemos levantar.