La democracia en América Latina y en otras latitudes está en cuestión. La democracia parecería que no está funcionando, pues la representación política que de ella emana no está cumpliendo su misión por estar desconectada de las verdaderas necesidades y realidades del pueblo; y más allá, hay un sentimiento que las decisiones sobre el modelo económico no siempre pasan por la verdadera discusión política, sino que está determinada por los gremios, los grandes empresarios y el lobby a espaldas del debate público, por lo que la legitimidad del sistema se desborona. Así, la protesta social aparece como el canal de desfogue de la inconformidad.
La pregunta sobre la legitimidad del sistema y, muy particularmente, sobre la democracia implica necesariamente la exigencia que tenemos de fortalecerla. En algunos países latinoamericanos esto se ha hecho por la vía del voto obligatorio y la refinación de los límites a través de los contrapesos al ejercicio del poder y la participación ciudadana en las dinámicas de veeduría. Esta tarea la tenemos muy pendiente en nuestro país. La profundización de la democracia y su purificación para que sea transparente, es una labor prioritaria.  
La protesta que, como derecho constitucional, está consagrado en el artículo 37: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”. En este sentido la protesta social es una manera del ejercicio de la democracia en nuestro país. En reiteradas jurisprudencias la Corte Constitucional la ha protegido y explicado las naturales tensiones por las limitaciones que implica de otros derechos, por ejemplo, a la seguridad y a la libertad, de quienes no protestan. La Corte ha llamado a la razonabilidad y proporcionalidad. La protesta es también una manera de expresar un descontento, una urgencia, una desilusión. Y este grito social debe ser oído por los dirigentes, no pueden hacerse los sordos. Pues un país no puede vivir bloqueado por la protesta indefinida.
Por ello, en la historia reciente en algunos países se han tenido ejercicios muy interesantes de diálogo social y de Estado, que han permitido unas positivas evoluciones, que de otra manera podrían haber bloqueado el curso de la historia, o peor, los habría llevado de regreso a la violencia.
El diálogo es la gran solución. Por ello, juntamente con el Procurador, el Defensor del Pueblo, empresarios, académicos y líderes sociales, firmamos un comunicado luego de la muerte de los indígenas en el Cauca, que en uno de sus apartes dice: “Nosotros los abajo firmantes, que hacemos parte de la iniciativa que busca promover un Pacto de Estado por el Diálogo Social, que permita tramitar los conflictos políticos y sociales sin recurrir a la violencia bajo mecanismos que valoren y respeten las diferencias, continuaremos con esta labor sin descanso y proponemos la coordinación entre las diferentes autoridades constitucional y legalmente establecidas para fortalecer la cohesión social alrededor del respeto por la dignidad humana como pilares esenciales para la vida en armonía”.