En el país contrasta la virulencia de ciertos políticos contra los acuerdos de La Habana, con el silencio ante los recortes del presupuesto nacional en educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (CT&i). Se ha vuelto más importante promover el odio virulento a un puñado de líderes de las Farc en proceso de reincorporación a la vida civil que la suerte de miles de jóvenes cuyas posibilidades de ingresar o incluso sostenerse dentro del sistema educativo es muy baja por falta de financiación.
Esos políticos entran en shock cuando le entregan un salario mínimo por un tiempo determinado a algunos jóvenes que no conocieron otra manera de vivir distinta a la de cargar un fusil y ahora deben salir del monte a buscar empleo en sus territorios; pero callan o simpemente enmudecen con la desfinanciación de la educación pública, los recortes progresivos a las actividades de CT&i, el desvío del 10% de los recursos de regalías que fue aprobado para financiar parte de las necesidades en CT&i y se destinaron para repartir mermeladas mediante la construcción de infraestructura básica en los municipios como instrumento para asegurar clientelas electorales. O peor aún, esa manera “elegante” de subsidiar a las universidades privadas con la política de Ser Pilo Paga, o de trasladarle a las familias la financiación del estudio de los hijos mediante los créditos Icetex. Para no hablar del abandono de Colciencias a los estudiantes de Doctorado, cuando hasta hace poco tiempo invitaba a regresar al país a quienes estudiaban en el exterior con la promesa de casa, beca y trabajo asegurado en los principales centros de investigación.
Definitivamente el gobierno nacional no sabe cómo hacer una revolución educativa, así como tampoco tiene idea de consolidar la paz en los territorios, puesto que lo único que parece importarle es la desmovilización y entrega de armas de los guerrilleros, dejándolos a su suerte en su proceso de reincorporación a la vida civil. Educación y paz hacen parte de una misma variable y se condicionan entre sí.
En esta etapa de pos-acuerdo, lo primero que debió suceder fue comenzar a redireccionar el presupuesto de la nación, históricamente concentrado en hacer la guerra, hacia la implementación de los acuerdos, que por cierto van mucho más allá de los beneficios coyunturales a los miembros de las Farc y se expanden a la creación de mínimas condiciones de presencia del Estado para garantizar empleo, salud, educación y trabajo en los territorios olvidados por el conflicto armado. Lo que realmente sucedió es que el presupuesto militar siguió intacto, mientras se establecieron recortes en todos los demás frentes que contribuyen de manera cierta a una paz estable y duradera, desde la educación, pasando por la salud, hasta llegar al medio ambiente, último eslabón de la confrontación armada que se traduce en deforestación, erosión de los territorios, sequía y muerte de la biodiversidad.
La infraestructura, desde las carretaras hasta la construcción de VIS y VIP, adquirió una gran fuerza presupuestal, pero no para llevar el progreso a los territorios, sino para aumentar la corrupción a niveles insospechados, medido en billones de pesos, como lo demostraron claramente los senadores Jorge Robledo y Claudia López en reciente debate en el Congreso.
Todo este desvarajuste institucional refleja que la opción no está solo en el incremento de los recursos, sino en la destinación que tengan. En últimas, en el modelo económico que se adopte en las próximas décadas. Continuar el modelo extractivista -no de minerales, sino de dólares con destino a los politiqueros y al empresariado corrupto nacional e internacional- significará la catástrofe de la nación y la prolongación de la violencia. Colombia necesita detener ese desangre presupuestal y comenzar a ordenar la casa, haciendo que la educación, la CT&I y la cultura impacten positivamente los territorios y sus sistemas productivos regionales. El país requiere de un Sistema Territorial de Aprendizaje e Innovación construido desde las regiones con proyección nacional y global. Un sistema desarrollado con todos los actores de la cadena -incluyendo a las organizaciones sociales- y enfocado en mejorar las condiciones productivas a partir de las potencialidades territoriales, porque la Ciencia es sobre todo Cultura aplicada a la Técnica.
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