La semana del 5 al 9 de junio dejó en la ciudad unas lecciones importantes en términos de democracia y participación ciudadana por dos razones, la realización del cabildo abierto sobre el POT y el debate sobre la zona de expansión de La Aurora, ambas iniciativas promovidas por el Concejo municipal. 
Nunca antes en la ciudad se había presentado un debate tan amplio y profundo, con ponencias de gran altura por parte de diversos sectores ciudadanos, desde organizaciones sociales y comunitarias, ONG, académicos, gremios y personas del común. Se requirieron dos días consecutivos para dar el primer debate sobre el POT y otros dos para abordar la problemática de La Aurora. 
Al final, nos quedó la sensación de que algo estaba cambiando en Manizales, pues los asuntos del ordenamiento territorial ya no eran del resorte exclusivo de especialistas, sino una cuestión de interés general. 
Fue una fiesta de la democracia y de la participación ciudadana, en donde se debatieron con altura temáticas como el Modelo de Ocupación del Territorio, las zonas de expansión, el futuro de la Plaza de Mercado y del Centro Histórico, el Macroproyecto San José, el cobro de plusvalía y demás instrumentos de gestión urbana, el peso de la ciudad universitaria como proyecto estratégico, entre otros. Fue verdaderamente emocionante ver a ciudadanos del común apropiados de las determinantes del POT para defender el cambio de uso de su predio particular, o escuchar a las víctimas de la más reciente tragedia invernal hablando sobre la gestión del riesgo y la necesidad de tomar acciones de prevención y control para evitar que otros ciudadanos se conviertan en nuevas víctimas por deslizamiento de terrenos. Lo mismo sucedió con el debate sobre La Aurora que, sin duda, fue el tema más sensible y debatido, tanto en el Cabildo Abierto como en la sesión específica que abrió el Concejo para su análisis, lo cual demostró que existe una gran conciencia ciudadana sobre la temática ambiental y la necesidad de tomar medidas urgentes para evitar el proceso de deterioro progresivo de nuestros ecosistemas estratégicos, ocasionado por las preferencias que le han dado las diferentes administraciones municipales al mercado inmobiliario para atender sus oportunidades de negocio. 
Lo que sucedió esa semana, en mi opinión, fue el empoderamiento ciudadano en la defensa de lo público y lo colectivo de la ciudad y el territorio, ante el vacío histórico generado por la institucionalidad, quien se ha dedicado a promover el empresarialismo urbano en detrimento de la construcción de un proyecto colectivo de ordenamiento territorial. 
Son dos imaginarios diferentes los que se encuentran en disputa. 
Por un lado, el modelo de ciudad de la excepción, autoritario, altamente devorador de suelos escasos, sustentado en la necesidad de producir metros cuadrados de construcción como alternativa para mover una economía especulativa, cuya única virtud es generar mano de obra barata en un contexto de crisis de los sistemas productivos del sector secundario que verdaderamente sostienen la economía. Se denomina así porque para su materialización requiere de la generación de un cuerpo normativo especial para desarrollar Grandes Proyectos Urbanos en condiciones de excepcionalidad, es decir, como norma de superior jerarquía que se impone frente a las leyes de ordenamiento territorial municipal bajo el argumento de hacer confluir alianzas público-privadas, aplicar celeridad al desarrollo urbano, justificar mecanismos de expropiación por vía administrativa, implementación de políticas y exenciones fiscales, licenciamiento ambiental de emergencia, disposición de tierras de uso público para fines o aprovechamientos privados, entre otros. Todo ello en nombre del interés general.
Pero por otro, emerge un modelo de ciudad basado en la integración socioespacial, que brota de una construcción colectiva, promueve la ciudad compacta ambientalmente sostenible, basada en el máximo aprovechamiento de suelo consolidado y en el fortalecimiento de los sistemas colectivos de movilidad, espacio público y equipamientos, orientados a garantizar el bien estar y el buen vivir de los ciudadanos y las demás especies que nos acompañan. Es un modelo de ciudad en donde la iniciativa privada se une al proyecto colectivo y aporta a su consolidación con responsabilidad social. 
En Manizales algo cambió. Los ciudadanos seguirán siendo partícipes directos -no de excepción- en la construcción colectiva de ciudad.