Los acontecimientos políticos recientes que han provocado grupos sociales radicalizados, impidiendo mediante acciones violentas la libre expresión de los candidatos en las calles o en la plaza pública, es una confirmación palmaria de la urgente necesidad de elegir opciones políticas de reconciliación, tanto para el Congreso como para la Presidencia de la República. 
Evidentemente hay un deseo de cambio de rumbo en la sociedad colombiana, más democrático y justo. 
Es inédito que el país político quiera un giro presidencial hacia nuevas alternativas por fuera de las empresas electorales de siempre, después de ensayar 16 años con gobiernos de derecha y un modelo económico de privatizaciones, confianza inversionista y seguridad jurídica para los grandes capitales globales. En este período, las mayorías laboriosas vieron desmontar sus beneficios básicos de educación y salud, destruir la riqueza colectiva para entregarla subvalorizada al capital privado, pulverizar la seguridad jurídica de las pequeñas propiedades por cuenta de grandes proyectos urbanos de especulación inmobiliaria. La gente entendió la diferencia entre las enormes riquezas acumuladas por unos cuantos banqueros y el estancamiento económico o la pauperización de las mayorías.
Este anhelo de cambio que hoy encarnan Gustavo Petro y Sergio Fajardo, nada tiene que ver con supuestos complot castrochavistas, ni con una amenaza de penetración del comunismo internacional, fantasmas que siguen torturando a los defensores del “statu quo”, en especial aquellos que no quieren generar riquezas sino usurpar el presupuesto público para sus intereses individuales. 
En términos doctrinarios, tanto Petro como Fajardo representan una corriente ideológica socialdemócrata que reivindica un mayor equilibrio entre Estado y mercado para garantizar mejores estándares redistributivos de riqueza, luego de décadas de concentración en pocas manos. La diferencia radica principalmente en la profundización y velocidad de las reformas a implementar. Esto depende del análisis que hace cada campaña de las condiciones objetivas y subjetivas para lograrlo, es decir, de la gobernanza que puedan alcanzar en el proceso de ejecución. 
Evidentemente, el grado de polarización de la sociedad, aunado al poder que tienen algunas empresas criminales ligadas al narcotráfico, los carteles de la corrupción y los grupos generadores de violencia, son factores a tener muy en cuenta por su capacidad desestabilizadora. 
La campaña de Petro propone una política más agresiva, confiando en el respaldo popular en la plaza pública. Pero quizás subestima los planes confrontacionales que tienen los defensores legales e ilegales de quienes hoy disfrutan las riquezas acumuladas, y sobredimensiona la capacidad que tenga el pueblo de reconocerse como sujeto político para apoyar y acompañar dichos cambios. La campaña de Fajardo, por su parte, enfatiza en neutralizar los odios y la sed de venganza, después de más de medio siglo de guerras, para avanzar en opciones que profundicen la democratización de la sociedad, aunque le reclaman propuestas programáticas más diferenciadoras.
Más allá de las emociones que generan las campañas, bueno es reflexionar sobre el salto social y político que la sociedad colombiana está dispuesta a dar y la capacidad del futuro presidente para garantizar la gobernanza en medio de la polarización social que seguirá por unos años más, mientras los acuerdos de paz se consolidan, las reformas sociales avanzan y se aclimata el estrés político que viven los colombianos por cuenta de los estrategas del odio y el miedo.
Sin duda, la manipulación mediática de las conciencias desarrollada por los expertos en promocionar guerras como instrumento para mantenerse en el poder, apoyados en los métodos funestos empleados desde la guerra fría, ha sido uno de los factores que impiden una alianza programática de ambas campañas. También ha contribuído el caudillismo como herencia judeocristiana de salvación del mundo. Lo peor que podría suceder es que ambas campañas se sientan excluyentes, cuando en términos doctrinarios no lo son. 
Ojalá pudiera activarse un diálogo sincero entre ellas para que durante el restante proceso electoral no dejen esfumar el anhelo de alcanzar el giro político, económico y social que requiere Colombia, logrando el buenvivir y el bienestar de un país que lo tiene todo para garantizar educación como derecho, consolidar capacidades productivas en los territorios, avanzar en justicia social y ambiental, dejar atrás la violencia y proyectarse con dignidad ante el mundo.