Por estos días, los estudiantes universitarios han vuelto a las calles con su alegría alertando a la ciudadanía sobre la crisis de la educación superior en Colombia, especialmente en materia de financiación. 
Es necesario puntualizar de qué se trata esta crisis que se suma a otros conflictos sin resolver en el sector. El Gobierno nacional argumenta que nunca antes había invertido tanto en educación. En las dos últimas décadas el incremento anual del presupuesto ha sido del 12,6%, superior al promedio de la inflación del 6,9% en ese periodo, es decir, 5,6 puntos porcentuales por encima de la normatividad vigente. 
Las cifras, por supuesto, son para interpretarlas. Y el primer argumento de peso es que esto sería cierto y favorable a la educación superior si desde esa época para acá la cobertura se hubiera mantenido estable. Pero no, la cobertura aumentó 20% según el Modelo de Indicadores de Desempeño de la Educación Superior -MIDE-, lo cual se traduce en un déficit acumulado de las universidades cuyo lastre amenaza con la parálisis de sus actividades misionales por falta de presupuesto. 
Debido a este déficit, las universidades públicas han tenido que salir a vender servicios para solventar sus necesidades. Algunas ya han superado el 50% de sus ingresos a través de esta modalidad, con lo cual se avanza silenciosamente hacia un modelo de autofinanciación que compromete seriamente la autonomía universitaria en materia presupuestal, pero también del conocimiento, puesto que cada vez más dependen de los requerimientos de investigación del sector privado. Es el resultado de la política de “diversificación de las fuentes de financiación” que el Ministerio de Hacienda le está imponiendo a las universidades públicas dentro de la estrategia de acabar con el derecho a la educación para convertirla en un servicio sujeto a las leyes del mercado. 
Por otro lado, los recursos del presupuesto general para la educación superior cada vez atienden menos el funcionamiento de las universidades públicas. Mientras en 2017 este rubro fue de $160.135 millones, el del ICETEX fue de $278.751 millones. Estos últimos dineros se destinan al endeudamiento de las familias para el pago de matrículas, lo cual no es otra cosa que la financiarización de la educación superior. La política de Ser Pilo Paga va en la misma dirección, convirtiéndose en un subsidio a la demanda y no a la oferta. Son 3,5 billones que se destinarán en cuatro años a esta política. En este año se girarán unos 280 mil millones de pesos para este programa, lo cual equivale al presupuesto de funcionamiento de las universidades públicas. De ahí que el concepto del subsidio se desnaturaliza puesto que son principalmente las universidades privadas las que los reciben para pagarse sus costosísimas matrículas. 
El Observatorio de la Universidad Colombiana sostiene que “si el Gobierno hubiera destinado los recursos de SPP solo a las IES oficiales, podría impactar más de 200 mil estudiantes, aumentar efectivamente la cobertura, y hasta tendría los recursos para impulsar la Superintendencia de Calidad, que no salió por falta de los mismos”.
Y ni para qué hablar del presupuesto destinado a las Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI) cuyo porcentaje del PIB ha venido decreciendo, al pasar de un exigüo 0,5% hace una década a 0,38% en la actualidad, cuando en paises como EE.UU. y Europa destinan 3% del PIB, Brasil 1,2%, Chile y México 1%, Ecuador 1,9%, entre otros. 
La educación superior no está en crisis, la verdadera crisis es de la política pública que está patas arriba. Se requiere de un nuevo Gobierno nacional que la enderece mediante el fortalecimiento de las universidades públicas, porque ellas han hecho un esfuerzo descomunal incrementando la calidad con menos recursos. Para iniciar una verdadera revolución educativa, Colombia debería alcanzar en el próximo cuatrienio la meta del 2% del PIB para ACTI y reorientar la investigación hacia la tarea de resolver la inequidad social y económica que hunde a los territorios en la desesperanza. Se requiere más aprendizaje e innovación social para elevar las condiciones productivas con base en las capacidades territoriales y en la perspectiva de fortalecer la universidad en las regiones, evitando el centralismo.