El pasado 19 de febrero fue convocado un “Diálogo parlamentario sobre las artes escénicas” en el teatro El Escondite. Los convocantes fueron los grupos de teatro organizados en torno a “La ruta del teatro” en Manizales, una expresión de asociatividad para difundir las producciones artísticas locales en las diferentes salas de teatro de la ciudad, por cierto cada vez más escasas.
El ejercicio tuvo una nota distintiva respecto de experiencias pasadas en las coyunturas electorales: los grupos de teatro pasaron a las tablas para exponerle a los candidatos sus visiones sobre la realidad de las artes escénicas en Colombia. Y a partir de ello provocar una conversación en torno al papel de los congresistas en la promoción de la cultura.
La primera marcación la hizo Tuto, director del teatro Punto de Partida, al dejar constancia entre los asistentes de la existencia de una veintena de festivales y eventos nacionales e internacionales que se realizan anualmente en Caldas relacionados con las artes escénicas, desde monólogos, performance, circo, títeres y teatro. Las artes vivas gozan de muy buena salud en nuestro territorio, pese a la falta de presupuesto estatal.
Pero esta vitalidad está llena de dificultades y obstáculos por cuenta de unas políticas culturales hechas sin sus principales protagonistas, los hacedores de cultura.
Piedad, directora del TICH, planteó los enormes vacíos subyacentes a la llamada ley del teatro colombiano (1170 de 2007), no solo por la falta de implementación, sino por la carencia de un presupuesto estable para financiar los programas y proyectos allí definidos, lo cual dificulta la estabilidad de los procesos artísticos. En este sentido instó a los futuros parlamentarios para reglamentar esta ley, dotándola de un presupuesto para la creación.
David, del teatro “Los chicos del jardín”, se detuvo en la llamada Ley de espectáculos públicos (1493 de 2011), concebida desde y para las grandes capitales con capacidad de poner en el mercado boletería a un costo igual o superior a 90 mil pesos. El recaudo de las contribuciones parafiscales (10%) debe invertirse en infraestructura cultural. Los pequeños municipios que no pueden garantizar este tipo de programación por falta de público, quedan al margen de este beneficio, por lo cual se requiere una visión descentralizada que garantice equidad en la distribución de los recursos y claridad en las asignaciones, tanto para el sector público como para el privado para garantizar más infraestructura cultural en los territorios. 
Leo, director del teatro Actores en Escena, habló del decreto 2150 de 2017 que aprobó la reforma tributaria, especialmente en relación con el régimen especial que beneficia a los teatros. Su intención de formalizar esta actividad, convirtiéndolos en empresarios culturales dista mucho de sentido de realidad, toda vez que los enormes requisitos que se exigen para permanecer en el régimen especial contrasta con el hecho de que los trabajadores del arte y la cultura aún no tienen garantizado un salario digno, derecho a prestaciones sociales, seguridad social y jubilación. ¿Cómo garantizar la formalización de la actividad teatral, si sus principales protagonistas no cuentan con los mínimos reconocimientos de ley? 
La principal amenaza de este decreto es que en abril próximo, plazo máximo para cumplir esos requisitos, la inmensa mayoría de los grupos de teatro queden en condición de ilegalidad. 
En el conversatorio se plantearon varias alternativas, tanto por los actores como por los pocos candidatos a Senado y Cámara que asistieron: Definir una política pública integral para el sector cultural, reglamentar las normas actuales para dotarlas de instrumentos de gestión y presupuesto, continuar las luchas para que la cultura adquiera el papel protagónico que demanda la crisis social, acceder a presupuestos de diferentes fuentes de gobierno para fortalecer las actividades culturales e incrementar el empleo en el sector. 
Son propuestas estratégicas, coyunturales y de emergencia para un país en donde la cultura extravió su norte entre los vericuetos de la sociedad de consumo, la mercantilización de la cultura y la tecnificación de la educación. 
El telón cerró con dos preguntas, ¿los futuros parlamentarios habrán comprendido la gravedad de la problemática del sector y querrán contribuir decididamente a su superación? ¿Serán capaces de legislar “con” y “para” los profesionales y hacedores de cultura?