Los gobiernos democráticos deben ser, por excelencia, transparentes. Ante cualquier asomo de duda en sus procesos se deben adoptar sin demora los correctivos que sean necesarios para esclarecer la forma como se ejerce el poder. Si esto se predica de aspectos procedimentales de la administración pública, con mayor razón debe convertirse en un postulado de los sistemas electivos modernos.
 La organización del sistema electoral se erige como uno de los pilares fundamentales dentro de las democracias robustas. Cada voto es contabilizado para conocer la voluntad de las mayorías que finalmente debe imponerse. No importa si quien sufraga es rico o pobre, con formación universitaria o analfabeta, viejo o joven. Todos los votos tienen el mismo valor electoral y su conteo debe realizarse de manera transparente para que la sociedad en general confíe que el resultado obedece fielmente al designado por el pueblo a través de las urnas.
 El antecedente próximo más relevante nos remonta al año 2000, cuando George W. Bush se disputó las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos con Al Gore. Después de una reñida competencia no quedaba claro quién había ganado la presidencia de la nación más poderosa del mundo.  El estrecho margen no permitía determinar con certeza el vencedor de aquellas justas y fue necesario un recuento en el Estado de La Florida, voto a voto, para dirimir la controversia. En aquel momento la disputa concluyó con un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que determinó, 35 días después, la victoria del candidato republicano por haber superado a su rival por 537 papeletas en aquel Estado y con ello había alcanzado la cantidad suficiente de votos electorales para ser jurado como presidente de los Estados Unidos.
 No muy lejos de esta realidad se encuentra el actual panorama colombiano. Casi dos semanas después de las elecciones al Congreso, la Registraduría nos dejó con un sinsabor sobre la claridad en el recuento de votos que le otorgaron mágicos sufragios a ciertos partidos para reclamar escaños que antes no tenían. Bajo argumentos leguleyos los vencedores han buscado destruir los reclamos justificados de aquellos que consideran que sus votos deben ser contabilizados de manera transparente y, aunque el registrador haya desistido de solicitar este procedimiento al Consejo Nacional Electoral –CNE-, este sigue siendo un camino que debe ser explorado para fortalecer la democracia y dar tranquilidad a todas las fuerzas políticas nacionales.
 La discusión, además de política, es jurídica. La oposición de algunos movimientos y agrupaciones a este mecanismo especial se fundamenta en la inexistencia de éste en el ordenamiento jurídico colombiano. Se equivocan quienes se afincan en tal doctrina. En primer lugar, dentro de nuestro ordenamiento jurídico se encuentra proscrita la tarifa legal y se ha dado libertad probatoria para la búsqueda de la verdad real. Es decir, el funcionario judicial puede, en ejercicio de las atribuciones que la ley le confiere, determinar el mecanismo mas idóneo para acercar la verdad al expediente judicial. Denigrar de un procedimiento específico aduciendo que el mismo no se encuentra previsto expresamente en la norma, equivale a dar un retroceso de un siglo en los criterios de aplicación del derecho. En segundo lugar, desde el año 1986 a través del decreto 2241 se habían impartido funciones al CNE “… para apreciar cuestiones de hecho o de derecho y ante reclamaciones escritas que les presenten durante los escrutinios respectivos los candidatos inscritos, sus apoderados o los testigos electorales legalmente constituidos y apreciando como pruebas para resolver únicamente los documentos electorales …”. Resulta claro que dentro de los “documentos electorales” a los cuales hace referencia la disposición se encuentran los sufragios que pueden ser contados nuevamente en virtud de la libertad probatoria ya expuesta. Lo importante es encontrar la verdad real de los últimos comicios.
 Con todo, las pasadas elecciones fueron una vergüenza para la Registraduría. De nada sirvieron los 1,41 billones (con todas sus letras: un billón, cuatrocientos diez mil millones de pesos) gastados en los comicios, pues los resultados no han dado la seguridad ni la transparencia que deben tener las instituciones en estos procesos democráticos. Queda en duda que el partido más favorecido sea el que precisamente se reunió antes de las elecciones con la empresa que procesa la información electoral. Razón tenía el expresidente Andrés Pastrana de alertar sobre estas presuntas anomalías. Sin demora el CNE debería ordenar el recuento total de los sufragios y entonces, solo entonces, podremos saber que nuestros legisladores son verdaderamente los elegidos por el pueblo.