Conocido el texto del proyecto de reforma tributaria no cabe otro término para la iniciativa presentada por el ejecutivo: es confiscatoria. El deseo del gobierno actual por incrementar las arcas nacionales ha abierto las fauces de la administración para esperar un recaudo tributario de 25 billones adicionales. Semejante cifra saldrá de los bolsillos de quienes ya tributan para proteger a quienes nunca lo han hecho. La fórmula no cambia.
Más allá de las discusiones populistas que satanizan a los declarantes responsables y reivindican a quienes hacen todo tipo de artimañas para evadir su responsabilidad fiscal, el texto sometido a discusión tiene una clara finalidad: incrementar la tasa efectiva de tributación.
Sectores como el productor de alimentos procesados y bebidas azucaradas verán escalar sus declaraciones tributarias a niveles expropiatorios. En efecto, el proyecto radicado pretende adicionar el artículo 512-23 y siguientes al Estatuto Tributario para crear el “Impuesto Nacional al Consumo de Bebidas Ultra procesadas Azucaradas” y establecer una contribución adicional de 35 pesos por cada 100 mililitros que tengan más de 8 gramos de azúcar. El asunto no es menor. Una “gaseosa personal” se incrementará en 140 pesos (9% adicional) y una bebida azucarada de 1,5 litros, se encarecerá en 525 pesos (15,4% adicional). El responsable de este impuesto será el productor, importador o el vinculado económico de uno y otro. Es decir, será la empresa quien asuma esta carga escalando su tarifa impositiva en un porcentaje que borrará las utilidades para las industrias afectadas.
A esta conclusión se llega después de un análisis integral. De aprobarse la reforma tributaria tal como fue presentada, una compañía perteneciente a este sector económico deberá cancelar por concepto de impuesto a la renta un 35% de las utilidades, una tarifa promedio por industria y comercio del 8 por mil, un gravamen a los movimientos financieros de 4 por mil, un 20% por concepto de dividendos, 0,00005 UVT por cada (1) gramo del envase, embalaje o empaque de la bebida y un 15% del valor de la venta (lo cual significa un porcentaje superior al 30% de las utilidades) por concepto de impuesto a las bebidas azucaradas. En total, y dependiendo de la estructura de costos, se puede incurrir en una tributación efectiva que supera el 100% de las utilidades.
Una iniciativa de esta magnitud requiere al menos un análisis desde dos enfoques diferentes. Desde lo económico es evidente lo inviable que resulta el proyecto tal como se ha contemplado toda vez que edifica un sistema impositivo injusto y desigual que favorecerá a las grandes multinacionales en contravía a los pequeños productores. En efecto, un impuesto se debe establecer como una tarifa porcentual del valor de venta y no como valor absoluto como sucede en el presente caso. La diferencia no es menor. Las multinacionales establecidas, que venden a mayor precio, pagarán el mismo valor que las compañías más pequeñas que luchan por subsistir ante una lesiva asimetría del mercado que desestimula la inversión, la iniciativa privada y promueve la informalidad. El chico financiando al grande. Desde lo jurídico el contexto es mucho más amplio. La ley debe ajustarse en su trámite a la rigurosidad de los procesos legislativos o, de lo contrario y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, 40.6 y 241.4 de la carta política, podrá ser demandada por cualquier ciudadano ante la Corte Constitucional por vicios de procedimiento en su formación. Esto generaría un vacío de una enorme complejidad para los tribunales que deberán decidir la manera como se debe proceder para restituir los tributos recaudados.
Finalmente es evidente que una iniciativa de estas características resulta violatoria de los artículos 1 en concordancia con el artículo 21 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), toda vez que la forma como se ha elevado la tasa efectiva de tributación, vulnera de manera ostensible el derecho a la propiedad privada de las personas naturales que son accionistas de compañías y que verán esfumar sus beneficios en medio de un agresivo contexto tributario, que aleja y atemoriza a los inversionistas y despoja a los socios de cualquier posibilidad de obtener un rédito real.
Este panorama no es exclusivo del sector de bebidas azucaradas. Es transversal para toda la economía colombiana que hoy observa inerme el camino por el cual la riqueza del sector privado será confiscada por un sistema tributario hostil.