“3Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente, diciendo: "Hazme justicia de mi adversario". 4Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí: "Aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, 5sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia; no sea que por venir continuamente me agote la paciencia”. Lucas 18.3.

Sorprende la llamada “Reforma a la Justicia” socializada en la actual legislatura. Quienes sufrimos cada día ante un esquema legal que destruye los sueños de seres humanos en medio de montañas de papel que nunca terminan, esperábamos una reforma a la justicia más sólida, que respondiera con efectividad y rapidez a un clamor nacional que se ha acumulado por décadas, que adoptara medidas tendientes a crear los cimientos para resolver los problemas que enferman el sistema. Pero nuestros sueños de una verdadera transformación han quedado sumergidos en ese mismo papel que aplasta las esperanzas de los colombianos.

Con un flaco sentido de la oportunidad, esta reforma condensa en solo 15 artículos las propuestas del Gobierno Nacional para dar un giro a la administración de justicia. De estas normas, 7 (50%) abordan la modificación en los criterios de elección de los magistrados de las altas cortes, del Procurador General de la Nación y del Auditor de la Contraloría General de la República, 2 (7%) se ocupan de la conformación y funciones del Consejo superior de la judicatura, 3 (21,5%) se encargan de disposiciones transitorias y de estructura normativa y solo 3 (21,5%) abordan realmente temas relacionados con la administración de justicia.

Aunque el proyecto de acto legislativo aún no se ha presentado formalmente al Congreso de la República, se evidencia una clara intención de ampliar los requisitos para ser magistrado, de reducir la composición del Consejo Superior de la Judicatura y restringir la forma como se eligen el Auditor de la Contraloría General de la República, el Procurador General de la Nación y los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado conservando en todo caso sus facultades electivas de cooptación restringida. Este es el verdadero espíritu de la reforma, pues todo parece indicar que el diagnóstico que realiza el Ministerio de Justicia de la calamitosa situación en que se encuentra el sistema judicial nacional, merece solo 3 artículos para su resolución o que, lo que sería mucho más grave, para el Gobierno es más importante modificar la elección de magistrados que cumplir con las órdenes que le ha impartido el decreto 1427 de 2017, que le ordena “Articular la formulación, adopción, ejecución y evaluación de la política pública del Sector Administrativo de Justicia y del Derecho.” En efecto, el borrador de la reforma que la Ministra pretende socializar, solo contempla como reforma sustancial a la administración de justicia i) la obligatoriedad del precedente judicial sin fijar reglas claras para su construcción, permanencia y no injerencia en las competencias de otras ramas del poder público; ii) la asignación de competencias jurisdiccionales a los notarios, centros de arbitraje y centros de conciliación cuando se acuda a dichas instancias por mutuo acuerdo y iii) La asignación incremental de recursos al sector justicia.

La reforma a la administración de justicia requiere un análisis mucho más profundo, producto de un diagnóstico serio, responsable y eficaz, que determine causas y consecuencias de la falla del sistema y plantee una hoja de ruta clara que permita su resolución mediante la adopción de políticas de largo plazo. Nuestro país no puede seguir padeciendo procesos que tardan una década en resolverse o expedientes que duermen en los anaqueles esperando actuaciones procesales que nunca se surten o avanzando en un modelo penal que basa su eficacia en la restricción de la libertad intramural y no en la prevención del delito. La oralidad, la celeridad, la economía procesal, el expediente digital, la descongestión, la eficacia en práctica de pruebas son medidas que no pueden dilatarse más y que deben proponerse con suma urgencia a través de proyectos de ley que regresen la confianza del ciudadano común en sus funcionarios judiciales.

La reforma a la justicia anunciada con tanto barbullo por el Gobierno Nacional no vislumbra la intención de abordar medidas de largo plazo que contribuyan con la mejora del sistema judicial nacional. Ahora le corresponde al Congreso de la República escuchar el clamor de los colombianos que, como viudas desamparadas, pedimos justicia.