Eran las cuatro de la tarde del 23 de enero. Con una voz de angustia recibí la noticia de un inminente embargo a un gran amigo si éste no pagaba un préstamo personal contraído años atrás. Por exigencias del apoderado de la parte demandante, debía entregar esa noche el 50% de la obligación o al día siguiente le serían radicados los oficios que decretaban la medida cautelar y con ello se le haría exigible la cláusula aceleratoria de su crédito hipotecario. Ante las trágicas noticias y el clamor de auxilio solo atiné a decirle de manera escueta “no te preocupes, esta noche puedes pasar a mi casa por el dinero”. Por “seguridad” acudí a la oficina del banco ubicada en un centro comercial del norte Bogotá, donde retiré la importante suma. No me percaté de ningún movimiento extraño que amenazara mi seguridad y emprendí el viaje a mi residencia para evitar contratiempos. Al llegar, mientras esperaba la apertura del parqueadero, se acercaron cuatro hombres en dos motos que me apuntaron con arma de fuego a cada costado del vehículo y que me hurtaron el fruto de mi trabajo. Nada pudieron hacer los vigilantes del conjunto o los transeúntes. Los parrilleros fueron los responsables de cometer el ilícito mientras los conductores de la moto estaban listos para la huida. La policía solo arribó una hora mas tarde cuando mis ahorros ya eran derrochados por facinerosos que hicieron de este delito su francachela semanal. Han pasado dos años desde entonces y la Fiscalía General de la Nación diligentemente cerró la investigación por falta de pruebas pues las cámaras de vigilancia del sector no estaban en operación porque el contrato no había sido renovado por la Alcaldía de Bogotá. Todo quedó en la estadística de la impunidad, aunque por ventura el único lesionado fue el bolsillo de quien escribe estas líneas.
Después de que se es víctima de un delito se les presta mayor atención a casos similares y se observan con otra perspectiva los errores que se comenten en este tipo de operaciones. No llamar a las autoridades para solicitar el acompañamiento, acudir en solitario a realizar estas diligencias, no cuidarse de seguimientos extraños o, lo mas irónico, manejar dinero en efectivo, se convierten en carnadas que atraen a trúhanes que esperan como carroñeros la oportunidad para dar el zarpazo. 
Pero la carga para combatir el fleteo no debe recaer directamente en la víctima. Asegurarlo equivale a sostener que el bandido no es responsable por los hurtos que comete sino el damnificado por dejarse robar. Para ello urge una política pública que posibilite hacer frente a esta forma de criminalidad que no solo castigue a los facinerosos, sino que prevenga a la sociedad de nuevos actos delincuenciales. La falta de estos protocolos ha sido advertida desde el año 2014 en el estudio de la Policía Nacional titulado “El fleteo: la abstracción de un riesgo criminal” que reconoció la falta de norte en los siguientes términos: “El fleteo se percibe como un peligro, porque no se dispone de un esquema racional y contingente para la toma de decisiones en materia de seguridad pública”.
Por mi propia experiencia puedo asegurar que la prohibición de parrillero es una norma efectiva para reducir la incidencia de este tipo de delitos. Según las estadísticas de la policía nacional, mas del 80% de este tipo de delitos se comete en motocicletas con parrillero, quien por lo general es el responsable de desplegar los actos concretos necesarios para materializar el ilícito mientras los otros actúan como copartícipes de la acción. En estas acciones, el parrillero es quien posee la sangre fría para intimidar o golpear, las manos en el arma que quita la vida y con frecuencia urde el plan necesario para consumar sus felonías. 
Mientras no exista una política pública concreta para luchar contra esta forma de asalto, las autoridades deben dar un paso adelante en la lucha contra el fleteo y restringir cuanto antes la circulación del parrillero en determinados contextos urbanos que facilitan la circulación de pillos dedicados a azotar a la población que yace indefensa ante el factor sorpresa que ellos utilizan en su favor. Esta medida permitirá que este tipo de punibles no se desvanezcan en investigaciones paquidérmicas que no conducen a ninguna parte, mientras las víctimas continúan esperando que algún día la justicia actúe.