Vivimos hechos que serán recordados por la historia. El drama sanitario que con fuerza golpea todas las naciones de la tierra será evocado como uno de los más importantes desafíos que haya enfrentado la humanidad y de los cuales se tengan registros. Deberemos adaptarnos a una nueva realidad que hará que este tiempo se divida entre “antes” y “después”. Ahora la distancia será una prerrogativa y la apatía la cotidianidad. Y, cuando la cercanía conlleve un riesgo de infección, serán las instituciones hospitalarias las que lucharán por nuestra vida.  

En Salamina, anclado a estas verdes montañas, se encuentra el Hospital Felipe Suárez. Inaugurado hace 136 años por el presbítero Felipe Suárez, es un centro asistencial de primer y segundo nivel de atención que atiende, además de su municipio huésped, a los habitantes de Filadelfia, Aranzazu, Marulanda, La Merced, Pácora y Aguadas que comportan más de 90 mil habitantes de esta región. En un contexto de normalidad, podríamos afirmar que este centro médico presenta un valor estratégico para el departamento, sin embargo, durante la actual pandemia de covid-19, su influencia es determinante dentro de la red de salud pública caldense. El apoyo a estas instituciones debe traducirse en una gestión activa que garantice los recursos y la sostenibilidad financiera a largo plazo y les permita aminorar los graves efectos que están en ciernes.

Aunque sus cuentas fiscales son estables y su administración ha logrado niveles óptimos de gestión hospitalaria que le ha valido merecidos reconocimiento de la Gobernación y Dirección Territorial de Salud de Caldas, su realidad financiera puede verse gravemente afectada con ocasión de la actual coyuntura, donde peligrosamente se mezclan mayores gastos incurridos para enfrentar la pandemia, menores ingresos por reducción de los servicios prestados debido a las políticas necesarias de distanciamiento social y una cartera creciente frente a unas EPS indolentes que acarician el dinero de los prestadores de salud para solventarse a expensas del estrangulamiento financiero de las entidades que realmente se encuentra en primera línea de batalla.

Su realidad es el ejemplo que las dificultades que deben enfrentar los centros de atención médica del departamento, a los cuales no les han llegado aún los beneficios del anunciados por el gobierno nacional para enfrentar el covid-19. La Resolución 619 del 17 de abril del Ministerio de Salud, aún en implementación, se quedó corta. Aunque se convierte en una herramienta para otorgar liquidez en tiempos de crisis, pues se posibilita que mediante la compra de cartera los recursos vayan directamente a los prestadores, no resuelve el problema de fondo. El sistema general de seguridad social en salud aún presenta enormes saldos pendientes de cancelar con periodos de pago que rayan con el abuso, donde las EPS como intermediarios rapaces, exprimen ambos lados de la relación (pacientes y hospitales) para incrementar sus utilidades o cuadrar su propia caja.

Aunque es loable el esfuerzo realizado por el ejecutivo nacional, muchos nos quedamos esperando una determinación que conmine a la EPS a honrar sus obligaciones financieras contra una asfixiada red hospitalaria. Era el momento para intentarla, sin necesidad de acudir a una costosa reforma que debe ser debatida en el congreso donde cualquier cosa puede pasar en medio de una interminable multiplicidad de intereses.

El Hospital Departamental Felipe Suárez, al igual que los centros de atención pública caldense, hace parte de nuestro ADN. Sus profesionales son la primera línea de batalla contra un enemigo real, invisible y mortal. Muchos dependeremos de ellos durante los próximos meses y sin una posición clara que garantice su solvencia, nuestra vida se verá en riesgo.