El concepto de gobernabilidad es amplio y ha tenido un destacado desarrollo doctrinal. Su entendimiento ha variado en el tiempo y ha sido objeto de amplios estudios. Para autores como Edwuard José Medina Campo “existe gobernabilidad cuando se evita la autocracia y, por otro, cuando se expanden los derechos y oportunidades de las personas”.
La evolución de dicho concepto ha traído una amplia gama de definiciones que no han sido uniformes. Una de las más relevantes es la incorporada por el programa GovernAsia financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional, que es reproducida en el ensayo “La gobernabilidad local en el contexto de la nueva gestión pública: requisito para la gestión ambiental urbana” que expresa: “La gobernabilidad es … el atributo de los sistemas sociopolíticos (y por extensión económicos) caracterizados por su capacidad de formular e implementar decisiones públicas, es decir, de transformar las demandas o preferencias ciudadanas en políticas concretas. Así, se puede hablar de gobernabilidad cuando sus actores se interrelacionan para tomar decisiones colectivas y resolver sus conflictos y divergencias dentro de un marco institucional determinado (el sistema de gobernanza) dentro del cual formulan sus expectativas y estrategias.
Bajo este entendido, y desde una perspectiva general, podemos concluir que la gobernabilidad implica, por acepción de su propio vocablo, la facultad que tienen los gobiernos de actuar dentro de su contexto territorial en el marco de las funciones y atribuciones que les ha dado la norma fundamental que los rige. Es en esencia una característica de los sistemas sociales para permitirse sus propias normas y tomar decisiones que les permitan definirse como comunidades, establecer sus propios usos y costumbres y establecer su propio modelo de desarrollo.
Si el ámbito general de la gobernanza define características que son homogéneas para todos los pueblos, la gobernanza local no será algo diferente que estos mismos atributos aplicados a la realidad local de las comunidades.
La realidad de la gobernabilidad local se encuentra determinada por el contexto de nuestros municipios. En sus territorios, nuestra patria posee características que complejizan enormemente la realidad de cada uno lo cual demanda que se examine su contexto particular para adaptar las reglas, protocolos y procedimientos a las realidades que se experimentan en zona. Estos matices fueron analizados en el escenario latinoamericano en el trabajo del profesor e investigador norteamericano Michael Coppedge que plantea la incidencia de dos tipologías de grupos dentro de un conglomerado social: los que son políticamente relevantes y lo que no.  Los primeros, esto es, los políticamente relevantes, procuran de forma constante ejercer el poder de manera hegemónica y en beneficio de las estructuras de gobierno que ya existen o aprovechando los vacíos que les favorecen. Todo esto permite comprender que las “tradicionales manifestaciones de ingobernabilidad en América Latina no son otra cosa que un desequilibrio en las relaciones de poder entre grupos políticamente relevantes y fórmulas de toma de decisión”.
Bajo estos postulados podemos concluir que a pesar de que la norma fundamental es la misma para todos los colombianos y que su aplicación debe ser generalizada y sin excepciones, las administraciones municipales deben procurar por crear sistemas, mecanismos, instrumentos, herramientas y metodologías adaptadas a las realidades culturales, sociales, políticas, económicas, étnicas e incluso militares que experimentan.
Nuestro país es un verdadero ejemplo de los retos que implica gobernar bajo la coexistencia de uno o varios grupos políticamente relevantes y que pueden afectar la capacidad de liderazgo del mandatario local. No se experimentará ni podrá implementarse de igual manera la estrategia pública en una administración de una capital como Bogotá, Medellín o Cali que en una alcaldía de un municipio de características netamente rurales en departamentos como Nariño o Cauca. Los programas de gobierno deben responder a esta realidad y condensar la suma de “los factores reales de poder” – legales desde luego – que existen en su entorno. Siempre existirán los retos sociales, políticos, religiosos y económicos que deberán considerarse para hacer de la función pública pública una realidad, pero cuántas más variables se consideren, más claro será el camino a la gobernabilidad efectiva y no una simple quimera que consume papel.