Algunos cambios surgen de anhelos colectivos en los conglomerados sociales. Cada día los gobiernos de todo el orbe proponen políticas que crean fieles adeptos o adversarios feroces que lo arriesgan todo para alcanzar sus propósitos. En este camino se cruzan valles de soledad cuando el eco ciudadano abandona al gobernante, peligrosos riscos cuando las fuerzas electorales le son desfavorables o vendimias exquisitas en instantes de júbilo cuando se alcanzan las metas. En todo momento los jefes de Estado se someten al escrutinio público que los juzga en cada faceta de su existencia y determina la relación con sus partidarios.

La forma como éstos reaccionen depende, necesariamente, del sistema que impere. De los 195 países reconocidos por la comunidad internacional en la actualidad, solo 6 corresponden a monarquías absolutistas donde la participación ciudadana es limitada al deseo del monarca. Arabia Saudita, Brunei, Catar, Emiratos Árabes, Omán y Esuatini son las únicas naciones donde la voluntad popular sigue ciegamente los deseos de un solo hombre. El contexto internacional contempla otras 38 monarquías constitucionales donde los soberanos comparten el poder con el parlamento u otros órganos. En el resto del planeta, es decir en 151 estados diferentes, existe un régimen de pesos y contrapesos que obliga a los mandatarios a rendir cuentas de manera periódica a sus pares y votantes. Esto implica un número igual de procesos electorales con sus propias características, virtudes y defectos, pero que, en todo caso, representa los factores reales de poder que imperan en cada uno de ellos.

Colombia hace parte del grupo de las 61 repúblicas presidencialistas que deben sortear elecciones cada cierto tiempo, y en esta causa nuestros líderes se encuentran ligados a la opinión colectiva para salvaguardar o refutar sus programas de gobierno. La defensa o reproche a estos postulados se hace, en las democracias modernas, a través de las urnas. Son aquellas las que contienen el veredicto final sobre la manera como se dirigen los Estados y las que otorgan la confianza necesaria para priorizar un programa de gobierno sobre otros sometidos igualmente a consideración popular. En este ejercicio democrático, son las mayorías quienes eligen los destinos nacionales para el periodo siguiente, y ello debe ser respetado para conservar la legitimidad del gobierno entrante, de otro modo la capacidad de dirección será golpeada severamente afectando los destinos del país.

Los pasados comicios presidenciales reportaron cifras récord. Se logró una participación del 54% del censo electoral y los candidatos se llevaron a su haber números sorprendentes en sufragios. El programa de Iván Duque recibió la confianza de 10,5 millones de personas que lo elevaron como el presidente de todos los colombianos. De los que votaron por él y los que no. Este es el mandato constitucional dado por la carta de 1991 y, nos guste o no, debemos aceptarlo como parte del contrato social que esta comporta.

Como ciudadanos gozamos de múltiples garantías, siendo el derecho a la asociación consagrado en el artículo 38 superior el eje sobre el cual se centra el derecho a la protesta. Por la jerarquía y connotación que conlleva, este debe respetarse y garantizarse para su pleno y libre ejercicio. Es sano manifestarse en paz y expresar por distintos medios el rechazo a las dinámicas actuales y el inconformismo con las políticas que no compartimos. La voz de quien proteste debe ser percibida por un gobierno democrático y, si hay lugar a tomar correctivos, estos no pueden tardar. No obstante, resulta inverosímil pretender adquirir en la calle lo que las urnas han negado. No es posible defender al Estado ignorando las bases sobre la cual fue fundado, desconociendo su sistema político y económico y procurando por un desenlace trágico que cimente la anarquía como modo de vida.

Existe corresponsabilidad entre un gobierno pluralista y los manifestantes que no afectan los derechos de los demás ciudadanos. Esta simbiosis se extiende a escenarios cívicos, sociales, culturales y económicos. Las pérdidas de la economía durante las jornadas de disturbios no las soportan las grandes multinacionales, deben sufrirlas los pequeños comerciantes que empeñan todo su patrimonio para sostener sus familias. Esto exige como reto, a todos los actores, mantener el giro de la patria mientras se ejercen de manera pacífica los derechos que la Constitución ha consagrado.

Entre tanto, los últimos días han dado la impresión que existe un presidente conciliador, dispuesto a escuchar y tomar medidas para encauzar a Colombia por la senda del crecimiento. Basta esperar que sus contrapartes dispongan del mismo ánimo para superar esta crisis.