Los discursos de los políticos mañosos son semejantes a la cantinela de quienes manipulan los tarros en las mesas de apuestas: ¿Dónde está la bolita? Entre tanto, los compinches del manipulador les meten la mano a los bolsillos a los boquiabiertos jugadores, para que la esquilmada sea doble: lo que pierden por no acertar con la bolita y lo que les sacan del bolsillo. Lo de la bolita se da en las fiestas que celebran los pueblos por lo regular cada año, cuyos juegos de azar son rematados por tahúres profesionales, por una suma convenida con las autoridades municipales. Por su parte, las mañas de los políticos aparecen en las “fiestas democráticas”, como las llaman los gobernantes cuando no hay un poco de muertos, en las que consiguen los votos necesarios para ascender al poder. Los electores, que son iguales de incautos a los que tratan de adivinar “dónde está la bolita”, apuestan a quedar mejor con los funcionarios que eligen, y normalmente también pierden.
El caso de los políticos se parece al de otras organizaciones gregarias, como las que representan a sectores específicos de la economía (ganaderos, comerciantes, industriales, agricultores y similares), fuerzas armadas, clérigos, maestros, jueces y sindicatos, que suelen acogerse a la “solidaridad de cuerpo”, como una manera de defender intereses que son comunes a sus afiliados. Esa práctica es válida para causas nobles, como mejorar condiciones de trabajo, defender a los gremios de injusticias tributarias o monopolios o reconocer beneficios especiales a actividades de alto riesgo. Pero no para tapar delitos, o procurarles impunidad o condiciones privilegiadas a los condenados, para cumplir las penas.
En tiempos precedentes se han visto casos que indignan a la comunidad, que presencia impotente cómo personajes que defraudaron las arcas oficiales, desviaron procesos judiciales por sobornos, mancharon el honor militar, utilizaron su autoridad pastoral para abusar de menores, burlaron a compradores de inmuebles mal construidos, retrasaron mañosamente el cumplimiento de contratos de obras públicas, desviaron recursos de la salud a menesteres ajenos a los objetivos legales, pagaron con recursos del presupuesto oficial adhesiones a campañas políticas o compraron votos de concejales, diputados y congresistas para sacar adelante acuerdos, ordenanzas o leyes que favorecieran aspiraciones del “supremo”, son tratados con guante de seda en el momento de pagar por sus “travesuras”. Peor aún, que se desgaste el legislativo en debatir leyes que privilegien a defraudadores del Estado, cobijándolos con el piadoso manto de “perseguidos políticos”. ¡Nada! “El que la hace, la paga”, como pregona el gobierno, sin excepciones.