Las elecciones presidenciales que se avecinan en Colombia tienen connotaciones trascendentales, por diversos factores, que tienen prioridades para acometer soluciones desde el gobierno. El principal objetivo debe ser combatir a los grupos armados ilegales, o negociar su sometimiento. Darse pantalla los altos funcionarios por la captura o el abatimiento de unos cabecillas, mientras la organización a la que pertenecen continúa sin pausa, no es más que reconocer méritos a mediocres. Las organizaciones delictivas se han convertido en un negocio de grandes proporciones, en el que participan “empresarios” criminales internacionales; y gobiernos, cuyos dirigentes, además de mafiosos, están interesados en establecer un modelo político unificado, en Centro y Suramérica.
No hay duda de que en los movimientos populares organizados supuestamente para exigir reivindicaciones sociales, que terminan en actos de vandalismo, terrorismo y ataques a la fuerza pública, influyen, y financian a los cabecillas, gobiernos cercanos y lejanos, con el propósito de desestabilizar el país, apoderarse de sus recursos económicos e imponer un gobierno a la medida de sus intereses. Sus argumentos explotan la inconformidad de sectores vulnerables, la desigualdad social y económica, la rebeldía de los jóvenes marginados, la ineptitud de la burocracia, la incapacidad y el alto costo de los cuerpos legislativos, la mediocridad de muchos funcionarios del gobierno, sumisos a la politiquería; la ineficacia de la justicia, la descarada corrupción en el manejo de los recursos presupuestales, los sobrecostos de la contratación pública, el desperdicio de las tierras aptas para la explotación agrícola y agroindustrial y un largo etcétera. 
La solución no es desmontar de un cipotazo lo que hay, sino enderezar el rumbo, corregir los errores, fortalecer lo que está bien diseñado pero mal manejado, poner al frente de la administración a los “más capaces y más honestos”, como ya se ha propuesto desde hace mucho tiempo; apoyar el emprendimiento, la creatividad, la investigación científica, el turismo ecológico, la capacitación de los educadores, a todos los niveles, sin temor a la intimidación de sindicalistas torcidos; desmontar beneficios jurídicos a delincuentes reiterativos, a administradores corruptos y a “caballeros” del crimen, que se visten de gala, ostentan automóviles de alta gama, yates y aviones privados  y se mueven por los salones de la alta sociedad; y darles seguridad para vivir y trabajar a los moradores de ciudades, poblaciones y el campo.
Recursos hay suficientes, para cubrir defensa, administración, educación, salud, pensiones, infraestructura y demás, sin necesidad de reformas tributarias, ni de esquilmar al capital productivo. Implementar sistemas “caritativos”, echando mano de las reservas financieras del Estado y del ahorro de los trabajadores, es populismo para crear feudos electorales, con miras a perpetuarse los gobernantes en el poder. Lo que requiere el país es que se administren los presupuestos oficiales con eficiencia y honestidad y que se castigue a los depredadores de forma ejemplar. Ah…y estimular la productividad que genera desarrollo, sin trabas. Fácil, ¿cierto?